La proclamación de la independencia del Alto Perú, el 6 de agosto de 1825, dio origen a un nuevo Estado, pero no convirtió inmediatamente a sus habitantes en una comunidad nacional. La construcción de Bolivia fue un proceso lento, atravesado por la incertidumbre política, la crisis económica, la exclusión social y las dificultades para consolidar instituciones capaces de representar a toda la población.
Esa fue una de las principales reflexiones expuestas por la doctora en Historia, Ana María Lema Garrett, durante una disertación realizada ayer en el Rotary Club de La Paz, en vísperas de los 201 años de la firma del Acta de Independencia.
La historiadora reconstruyó las circunstancias en las que nació Bolivia y planteó una pregunta que acompañó toda su intervención: ¿qué cambió realmente en la vida de los habitantes del territorio después del 6 de agosto de 1825?
Tras la firma del último asambleísta en el Acta de Independencia de las provincias del Alto Perú, el silencio dio paso a la algarabía, los gritos de libertad y la esperanza de un futuro sin dependencia de España, Perú o Argentina.
Sin embargo, junto con la celebración surgieron interrogantes fundamentales. El nuevo Estado debía definir cómo sería gobernado, con qué recursos sostendría su administración, quiénes ocuparían los cargos públicos y cuál sería el rumbo político, económico y social del territorio.
Antonio José de Sucre, quien se encontraba en La Paz, contemplaba el proceso con respeto y admiración, pero también con preocupación ante la magnitud de la tarea que se iniciaba. La independencia había sido proclamada, aunque el Estado todavía debía ser organizado.
La Asamblea Deliberante fue convocada por Sucre el 9 de febrero de 1825. Inicialmente debía reunirse en Oruro, pero las bajas temperaturas obligaron a trasladar sus sesiones a Chuquisaca, donde se instaló el 10 de julio.
Los debates sobre el futuro político del territorio comenzaron el 18 de julio y concluyeron el 6 de agosto con la firma del Acta de Independencia, fecha elegida por coincidir con el aniversario de la batalla de Junín. La Asamblea Deliberante fue posteriormente disuelta mediante un decreto emitido el 6 de octubre de 1825.
El nuevo país adoptó oficialmente el nombre de República de Bolívar el 3 de octubre de 1825. Ese mismo día, Simón Bolívar asumió el mando en Chuquisaca y permaneció en el poder hasta el 29 de diciembre de ese año.
Durante su breve gobierno, Bolívar inició la organización institucional del país mediante decretos, resoluciones y órdenes relacionados con asuntos militares, indígenas, religiosos y fiscales. Las decisiones fueron adoptadas en un contexto económico adverso, después de varios años de guerra y con un Tesoro Nacional prácticamente vacío.
Tras la partida de Bolívar, Sucre reasumió la conducción del país. El 25 de mayo de 1826 convocó a la Asamblea Constituyente, cuya tarea principal fue elaborar la primera Constitución Política del Estado boliviano, aprobada en noviembre de ese año.
Lema Garrett destacó que gobernar el nuevo país no era una responsabilidad exclusiva del presidente, sus ministros o el Congreso. También se necesitaba una administración pública integrada por funcionarios preparados, honestos y capaces de aplicar las disposiciones del nuevo régimen.
Sucre tuvo dificultades para encontrar personas que cumplieran esos requisitos. El reemplazo frecuente de autoridades locales generó inestabilidad, mientras que la designación de extranjeros en cargos importantes despertó susceptibilidad y desconfianza entre algunos sectores de la población.
De los tres ministros que conformaron su gabinete, solo uno era boliviano: Juan Bernabé y Madero, nacido en Potosí y responsable del Ministerio de Hacienda. Facundo Infante, de nacionalidad española, ocupó varias carteras, mientras que el colombiano Agustín Geraldino estuvo al frente del Ministerio de Guerra.
La presencia de funcionarios extranjeros tampoco fue bien recibida por los llamados “doctores” altoperuanos, quienes esperaban acceder a altos puestos dentro de la nueva administración pública. A ello se sumaba el recuerdo de los abusos cometidos por algunos soldados colombianos durante la guerra.
Las medidas asumidas durante el gobierno de Sucre buscaban mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, en varios casos, las intenciones fueron superadas por los obstáculos políticos, económicos y sociales que surgieron durante su aplicación.
Uno de los principales desafíos se encontraba en el ámbito económico. El Gobierno intentó abolir el tributo indígena y sustituirlo por un sistema de impuestos más igualitario, pero la medida no logró consolidarse debido, entre otros factores, a la dependencia del Tesoro Nacional de esos recursos.
También se aplicó una rebaja temporal de los impuestos a la importación de productos extranjeros, política conocida como “comercio libre extranjero”. La medida facilitó el ingreso de una gran cantidad de mercancías y afectó gravemente a la producción nacional.
Un autor anónimo, identificado como “El Aldeano”, describió en 1830 una economía invadida por telas, muebles, artículos de lujo y otros productos importados. También advirtió que los artesanos y las familias dependientes de la industria local estaban perdiendo sus fuentes de trabajo y sustento.
A esa situación se sumó la crisis de la minería de la plata, una de las principales actividades económicas del territorio. Las soluciones propuestas por las primeras autoridades no alcanzaron los resultados esperados y, en algunos casos, tampoco fueron aceptadas por la población.
Las dificultades también alcanzaron a la definición de la nueva sociedad. En 1825, la condición legal de boliviano todavía no había sido establecida. Fue la primera Constitución, publicada el 19 de noviembre de 1826, la que determinó quiénes recibirían esa denominación.
La norma reconoció como bolivianos a todos los nacidos en el territorio de la República; a los hijos de padre o madre bolivianos nacidos en el exterior que manifestaran su voluntad de establecerse en el país; a quienes combatieron por la libertad en las batallas de Junín o Ayacucho; y a los extranjeros naturalizados o que contaran con tres años de residencia.
También fueron reconocidas como bolivianas las personas que hasta ese momento habían estado sometidas a esclavitud. La Constitución dispuso su libertad, aunque estableció que no podrían abandonar inmediatamente las casas de sus antiguos propietarios hasta que una ley especial regulara ese procedimiento.
Según las estimaciones recogidas por el británico Joseph Pentland, Bolivia contaba en 1827 con una población de entre 1,1 y 1,2 millones de habitantes, la mayoría asentada en áreas rurales.
No obstante, ser reconocido como boliviano no significaba necesariamente ejercer la ciudadanía. La Constitución restringió los derechos políticos a quienes cumplían determinados requisitos, entre ellos saber leer y escribir.
Durante los debates de la Asamblea Constituyente se defendió la idea de que el poder político debía ser ejercido por personas que tuvieran los conocimientos considerados suficientes para procurar el bienestar de la sociedad.
Como consecuencia, amplios sectores de la población quedaron excluidos de la ciudadanía. Las mujeres y los indígenas no fueron reconocidos como ciudadanos con plenos derechos políticos hasta la Revolución Nacional de 1952.
Los indígenas no fueron considerados sujetos políticos durante los primeros años republicanos, pero sí mantuvieron una importancia fundamental como contribuyentes fiscales. Una parte considerable de los ingresos del Estado dependía del tributo que pagaban.
De acuerdo con la historiadora Marta Irurozqui, el pago del tributo indígena permitió durante un periodo asegurar la propiedad de las tierras comunales. Esa relación cambió durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando el Estado avanzó contra esas propiedades y presentó a sus habitantes como personas que debían ser “civilizadas”, de acuerdo con el lenguaje utilizado en aquella época.
La primera Constitución también permitió que algunos extranjeros accedieran a la condición de bolivianos y ciudadanos. La medida buscaba recompensar a quienes habían combatido por la libertad del territorio, pero también incorporar recursos humanos calificados a la administración estatal.
El nuevo régimen estableció además que los acontecimientos políticos ocurridos durante la revolución debían quedar en el olvido y que ninguna persona sería responsabilizada por sus opiniones pasadas.
La presencia extranjera ya era una realidad en Bolivia. Además de los militares llegados con los ejércitos libertadores, varios civiles residían en el nuevo país. Una resolución emitida el 18 de febrero de 1828 expresó la disposición del Gobierno para atender a los extranjeros que habían encontrado asilo en territorio boliviano.
Otras medidas provocaron tensiones y el alejamiento de diferentes sectores. El decreto del 11 de diciembre de 1825 dispuso la confiscación de bienes de la Iglesia, la supresión de la mayoría de las comunidades monásticas y la secularización de propiedades urbanas, rurales e infraestructuras religiosas.
Las capellanías fueron abolidas, los diezmos pasaron al Tesoro Nacional y los cabildos de las catedrales fueron reducidos. Bajo el sistema de patronato, los obispos y párrocos debían ser nombrados por el Gobierno.
De los 40 monasterios existentes en Bolivia en 1825, solo siete permanecían en funcionamiento en 1827. Parte de sus instalaciones fue destinada a colegios, cuarteles y oficinas públicas.
El propósito gubernamental era recuperar recursos económicos e infraestructura, además de reformar el comportamiento del clero, introducir ideas modernas y promover la tolerancia religiosa.
Estas disposiciones recibieron fuertes críticas en una sociedad mayoritariamente católica. La propia Constitución reafirmó posteriormente el carácter católico del país.
Los primeros gobiernos también adoptaron medidas en educación y salud pública con el propósito de ampliar el acceso a esos servicios. Entre las acciones mencionadas por Lema Garrett estuvieron las campañas de vacunación contra la viruela, los intentos de erradicar el paludismo endémico en algunas regiones, la creación de cementerios fuera de las iglesias y las reformas en los hospitales.
Pese a las intenciones de las autoridades, varias medidas educativas encontraron rechazo. La resistencia social, la debilidad institucional y la falta de recursos dificultaron la consolidación del nuevo régimen.
Para la historiadora, una cosa era alcanzar la independencia y otra muy distinta convertirse en nación. La primera Constitución definía a la nación como “la reunión de todos los bolivianos”, pero esa integración no se produjo de manera inmediata.
Las identidades vinculadas con una región, una comunidad, una lengua o determinadas costumbres eran más cercanas para la población que la idea abstracta de pertenecer a una nueva república.
Durante las guerras de independencia, varias regiones habían sido retomadas por poblaciones indígenas y los prolongados enfrentamientos dejaron una sensación de vacío de poder. En ese escenario, no resultaba sencillo reconocer la autoridad del nuevo Estado ni desarrollar un sentimiento de pertenencia nacional.
La disertación también cuestionó si las relaciones entre las poblaciones indígenas y el Estado colonial cambiaron realmente con el establecimiento de la República. La exclusión política hacía todavía más difícil que quienes no eran considerados ciudadanos pudieran sentirse plenamente bolivianos.
Lema Garrett retomó además el análisis del investigador Henry Oporto sobre algunos rasgos presentes en la sociedad boliviana, como la obsesión por el pasado, la desconfianza, el individualismo, la baja autoestima, la debilidad institucional, la dependencia del Estado y la dificultad para ejercer la autocrítica.
Según ese enfoque, los bolivianos tendrían una tendencia a atribuir sus problemas a extranjeros o habitantes de otras regiones, en lugar de reconocer sus propias limitaciones. También permanecerían atrapados en una especie de duelo por las heridas acumuladas a lo largo de la historia.
La historiadora advirtió que algunos de esos comportamientos se asemejan a las actitudes registradas durante los primeros años republicanos, especialmente en la desconfianza hacia los extranjeros y las autoridades.
La independencia tampoco significó el inicio inmediato de una etapa de paz. Los años transcurridos entre 1809 y 1825 estuvieron marcados por enfrentamientos que involucraron no solamente a los ejércitos, sino también a la población civil.
La violencia se instaló en la vida cotidiana de ciudades y comunidades, con diferentes intensidades según las regiones y los periodos. Incluso en 1825, el ambiente seguía siendo conflictivo. De ese año se recuerda principalmente la batalla de Tumusla, librada el 1 de abril y todavía discutida por los historiadores.
El Acta de Independencia reflejó las heridas dejadas por la guerra y presentó al Alto Perú como uno de los territorios más afectados por la violencia colonial.
La República tampoco logró poner fin a los conflictos. Los gobiernos de Sucre y de sus sucesores estuvieron marcados por revoluciones, motines, conspiraciones, sublevaciones, levantamientos, asonadas, revueltas y golpes de Estado.
Bolivia nació después de una guerra destructiva, con un territorio desarticulado, empobrecido, desalentado y con escasez de personas capacitadas para conducir el aparato estatal. En esas condiciones, el Gobierno avanzó entre crisis, desconfianza y dificultades para consolidar la unidad nacional.
Frente a las divisiones, los símbolos patrios, las celebraciones cívicas, los héroes, los monumentos, los desfiles y los cantos fueron utilizados como instrumentos destinados a reunir a la población alrededor de una identidad común.
Lema Garrett citó la obra de la historiadora Françoise Martinez, quien comparó los procesos de construcción nacional de México y Bolivia durante su primer siglo de vida independiente. Ambos países utilizaron las fiestas patrias y los símbolos cívicos para promover la unidad y fortalecer el sentimiento de pertenencia.
El himno nacional boliviano, inicialmente conocido como “Canción patriótica”, fue estrenado el 18 de noviembre de 1845 en el Teatro Municipal de La Paz.
Su creación no dependió únicamente de la composición musical y literaria. También respondió a decisiones políticas, como el encargo realizado durante el gobierno de José Ballivián, y a estrategias posteriores orientadas a difundir la música patriótica mediante bandas y escuelas militares.
Con el transcurso del tiempo, los himnos pasaron a formar parte de desfiles, celebraciones nacionales, actos escolares y encuentros deportivos. Estas expresiones se convirtieron en una de las formas más populares y unificadoras del civismo boliviano.
Al concluir su exposición, Lema Garrett afirmó que el civismo no debería entenderse únicamente como la participación en desfiles o ceremonias. Para la historiadora, ser cívico significa aportar, compartir y contribuir diariamente a la construcción del país.
A más de dos siglos de la independencia, la pregunta permanece abierta: Bolivia se constituyó como Estado en 1825, pero la tarea de aprender a reconocerse como una comunidad nacional ha requerido un proceso mucho más largo y complejo.
La entrada Historiadora Ana María Lema analiza la construcción de Bolivia se publicó primero en El Diario – Bolivia.
La proclamación de la independencia del Alto Perú, el 6 de agosto de 1825, dio origen a un nuevo Estado, pero no convirtió inmediatamente a sus habitantes en una comunidad nacional. La construcción de Bolivia fue un proceso lento, atravesado por la incertidumbre política, la crisis económica, la exclusión social y las dificultades para consolidar
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La proclamación de la independencia del Alto Perú, el 6 de agosto de 1825, dio origen a un nuevo Estado, pero no convirtió inmediatamente a sus habitantes en una comunidad nacional. La construcción de Bolivia fue un proceso lento, atravesado por la incertidumbre política, la crisis económica, la exclusión social y las dificultades para consolidar instituciones capaces de representar a toda la población.
Esa fue una de las principales reflexiones expuestas por la doctora en Historia, Ana María Lema Garrett, durante una disertación realizada ayer en el Rotary Club de La Paz, en vísperas de los 201 años de la firma del Acta de Independencia.
La historiadora reconstruyó las circunstancias en las que nació Bolivia y planteó una pregunta que acompañó toda su intervención: ¿qué cambió realmente en la vida de los habitantes del territorio después del 6 de agosto de 1825?
Tras la firma del último asambleísta en el Acta de Independencia de las provincias del Alto Perú, el silencio dio paso a la algarabía, los gritos de libertad y la esperanza de un futuro sin dependencia de España, Perú o Argentina.
Sin embargo, junto con la celebración surgieron interrogantes fundamentales. El nuevo Estado debía definir cómo sería gobernado, con qué recursos sostendría su administración, quiénes ocuparían los cargos públicos y cuál sería el rumbo político, económico y social del territorio.
Antonio José de Sucre, quien se encontraba en La Paz, contemplaba el proceso con respeto y admiración, pero también con preocupación ante la magnitud de la tarea que se iniciaba. La independencia había sido proclamada, aunque el Estado todavía debía ser organizado.
La Asamblea Deliberante fue convocada por Sucre el 9 de febrero de 1825. Inicialmente debía reunirse en Oruro, pero las bajas temperaturas obligaron a trasladar sus sesiones a Chuquisaca, donde se instaló el 10 de julio.
Los debates sobre el futuro político del territorio comenzaron el 18 de julio y concluyeron el 6 de agosto con la firma del Acta de Independencia, fecha elegida por coincidir con el aniversario de la batalla de Junín. La Asamblea Deliberante fue posteriormente disuelta mediante un decreto emitido el 6 de octubre de 1825.
El nuevo país adoptó oficialmente el nombre de República de Bolívar el 3 de octubre de 1825. Ese mismo día, Simón Bolívar asumió el mando en Chuquisaca y permaneció en el poder hasta el 29 de diciembre de ese año.
Durante su breve gobierno, Bolívar inició la organización institucional del país mediante decretos, resoluciones y órdenes relacionados con asuntos militares, indígenas, religiosos y fiscales. Las decisiones fueron adoptadas en un contexto económico adverso, después de varios años de guerra y con un Tesoro Nacional prácticamente vacío.
Tras la partida de Bolívar, Sucre reasumió la conducción del país. El 25 de mayo de 1826 convocó a la Asamblea Constituyente, cuya tarea principal fue elaborar la primera Constitución Política del Estado boliviano, aprobada en noviembre de ese año.
Lema Garrett destacó que gobernar el nuevo país no era una responsabilidad exclusiva del presidente, sus ministros o el Congreso. También se necesitaba una administración pública integrada por funcionarios preparados, honestos y capaces de aplicar las disposiciones del nuevo régimen.
Sucre tuvo dificultades para encontrar personas que cumplieran esos requisitos. El reemplazo frecuente de autoridades locales generó inestabilidad, mientras que la designación de extranjeros en cargos importantes despertó susceptibilidad y desconfianza entre algunos sectores de la población.
De los tres ministros que conformaron su gabinete, solo uno era boliviano: Juan Bernabé y Madero, nacido en Potosí y responsable del Ministerio de Hacienda. Facundo Infante, de nacionalidad española, ocupó varias carteras, mientras que el colombiano Agustín Geraldino estuvo al frente del Ministerio de Guerra.
La presencia de funcionarios extranjeros tampoco fue bien recibida por los llamados “doctores” altoperuanos, quienes esperaban acceder a altos puestos dentro de la nueva administración pública. A ello se sumaba el recuerdo de los abusos cometidos por algunos soldados colombianos durante la guerra.
Las medidas asumidas durante el gobierno de Sucre buscaban mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, en varios casos, las intenciones fueron superadas por los obstáculos políticos, económicos y sociales que surgieron durante su aplicación.
Uno de los principales desafíos se encontraba en el ámbito económico. El Gobierno intentó abolir el tributo indígena y sustituirlo por un sistema de impuestos más igualitario, pero la medida no logró consolidarse debido, entre otros factores, a la dependencia del Tesoro Nacional de esos recursos.
También se aplicó una rebaja temporal de los impuestos a la importación de productos extranjeros, política conocida como “comercio libre extranjero”. La medida facilitó el ingreso de una gran cantidad de mercancías y afectó gravemente a la producción nacional.
Un autor anónimo, identificado como “El Aldeano”, describió en 1830 una economía invadida por telas, muebles, artículos de lujo y otros productos importados. También advirtió que los artesanos y las familias dependientes de la industria local estaban perdiendo sus fuentes de trabajo y sustento.
A esa situación se sumó la crisis de la minería de la plata, una de las principales actividades económicas del territorio. Las soluciones propuestas por las primeras autoridades no alcanzaron los resultados esperados y, en algunos casos, tampoco fueron aceptadas por la población.
Las dificultades también alcanzaron a la definición de la nueva sociedad. En 1825, la condición legal de boliviano todavía no había sido establecida. Fue la primera Constitución, publicada el 19 de noviembre de 1826, la que determinó quiénes recibirían esa denominación.
La norma reconoció como bolivianos a todos los nacidos en el territorio de la República; a los hijos de padre o madre bolivianos nacidos en el exterior que manifestaran su voluntad de establecerse en el país; a quienes combatieron por la libertad en las batallas de Junín o Ayacucho; y a los extranjeros naturalizados o que contaran con tres años de residencia.
También fueron reconocidas como bolivianas las personas que hasta ese momento habían estado sometidas a esclavitud. La Constitución dispuso su libertad, aunque estableció que no podrían abandonar inmediatamente las casas de sus antiguos propietarios hasta que una ley especial regulara ese procedimiento.
Según las estimaciones recogidas por el británico Joseph Pentland, Bolivia contaba en 1827 con una población de entre 1,1 y 1,2 millones de habitantes, la mayoría asentada en áreas rurales.
No obstante, ser reconocido como boliviano no significaba necesariamente ejercer la ciudadanía. La Constitución restringió los derechos políticos a quienes cumplían determinados requisitos, entre ellos saber leer y escribir.
Durante los debates de la Asamblea Constituyente se defendió la idea de que el poder político debía ser ejercido por personas que tuvieran los conocimientos considerados suficientes para procurar el bienestar de la sociedad.
Como consecuencia, amplios sectores de la población quedaron excluidos de la ciudadanía. Las mujeres y los indígenas no fueron reconocidos como ciudadanos con plenos derechos políticos hasta la Revolución Nacional de 1952.
Los indígenas no fueron considerados sujetos políticos durante los primeros años republicanos, pero sí mantuvieron una importancia fundamental como contribuyentes fiscales. Una parte considerable de los ingresos del Estado dependía del tributo que pagaban.
De acuerdo con la historiadora Marta Irurozqui, el pago del tributo indígena permitió durante un periodo asegurar la propiedad de las tierras comunales. Esa relación cambió durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando el Estado avanzó contra esas propiedades y presentó a sus habitantes como personas que debían ser “civilizadas”, de acuerdo con el lenguaje utilizado en aquella época.
La primera Constitución también permitió que algunos extranjeros accedieran a la condición de bolivianos y ciudadanos. La medida buscaba recompensar a quienes habían combatido por la libertad del territorio, pero también incorporar recursos humanos calificados a la administración estatal.
El nuevo régimen estableció además que los acontecimientos políticos ocurridos durante la revolución debían quedar en el olvido y que ninguna persona sería responsabilizada por sus opiniones pasadas.
La presencia extranjera ya era una realidad en Bolivia. Además de los militares llegados con los ejércitos libertadores, varios civiles residían en el nuevo país. Una resolución emitida el 18 de febrero de 1828 expresó la disposición del Gobierno para atender a los extranjeros que habían encontrado asilo en territorio boliviano.
Otras medidas provocaron tensiones y el alejamiento de diferentes sectores. El decreto del 11 de diciembre de 1825 dispuso la confiscación de bienes de la Iglesia, la supresión de la mayoría de las comunidades monásticas y la secularización de propiedades urbanas, rurales e infraestructuras religiosas.
Las capellanías fueron abolidas, los diezmos pasaron al Tesoro Nacional y los cabildos de las catedrales fueron reducidos. Bajo el sistema de patronato, los obispos y párrocos debían ser nombrados por el Gobierno.
De los 40 monasterios existentes en Bolivia en 1825, solo siete permanecían en funcionamiento en 1827. Parte de sus instalaciones fue destinada a colegios, cuarteles y oficinas públicas.
El propósito gubernamental era recuperar recursos económicos e infraestructura, además de reformar el comportamiento del clero, introducir ideas modernas y promover la tolerancia religiosa.
Estas disposiciones recibieron fuertes críticas en una sociedad mayoritariamente católica. La propia Constitución reafirmó posteriormente el carácter católico del país.
Los primeros gobiernos también adoptaron medidas en educación y salud pública con el propósito de ampliar el acceso a esos servicios. Entre las acciones mencionadas por Lema Garrett estuvieron las campañas de vacunación contra la viruela, los intentos de erradicar el paludismo endémico en algunas regiones, la creación de cementerios fuera de las iglesias y las reformas en los hospitales.
Pese a las intenciones de las autoridades, varias medidas educativas encontraron rechazo. La resistencia social, la debilidad institucional y la falta de recursos dificultaron la consolidación del nuevo régimen.
Para la historiadora, una cosa era alcanzar la independencia y otra muy distinta convertirse en nación. La primera Constitución definía a la nación como “la reunión de todos los bolivianos”, pero esa integración no se produjo de manera inmediata.
Las identidades vinculadas con una región, una comunidad, una lengua o determinadas costumbres eran más cercanas para la población que la idea abstracta de pertenecer a una nueva república.
Durante las guerras de independencia, varias regiones habían sido retomadas por poblaciones indígenas y los prolongados enfrentamientos dejaron una sensación de vacío de poder. En ese escenario, no resultaba sencillo reconocer la autoridad del nuevo Estado ni desarrollar un sentimiento de pertenencia nacional.
La disertación también cuestionó si las relaciones entre las poblaciones indígenas y el Estado colonial cambiaron realmente con el establecimiento de la República. La exclusión política hacía todavía más difícil que quienes no eran considerados ciudadanos pudieran sentirse plenamente bolivianos.
Lema Garrett retomó además el análisis del investigador Henry Oporto sobre algunos rasgos presentes en la sociedad boliviana, como la obsesión por el pasado, la desconfianza, el individualismo, la baja autoestima, la debilidad institucional, la dependencia del Estado y la dificultad para ejercer la autocrítica.
Según ese enfoque, los bolivianos tendrían una tendencia a atribuir sus problemas a extranjeros o habitantes de otras regiones, en lugar de reconocer sus propias limitaciones. También permanecerían atrapados en una especie de duelo por las heridas acumuladas a lo largo de la historia.
La historiadora advirtió que algunos de esos comportamientos se asemejan a las actitudes registradas durante los primeros años republicanos, especialmente en la desconfianza hacia los extranjeros y las autoridades.
La independencia tampoco significó el inicio inmediato de una etapa de paz. Los años transcurridos entre 1809 y 1825 estuvieron marcados por enfrentamientos que involucraron no solamente a los ejércitos, sino también a la población civil.
La violencia se instaló en la vida cotidiana de ciudades y comunidades, con diferentes intensidades según las regiones y los periodos. Incluso en 1825, el ambiente seguía siendo conflictivo. De ese año se recuerda principalmente la batalla de Tumusla, librada el 1 de abril y todavía discutida por los historiadores.
El Acta de Independencia reflejó las heridas dejadas por la guerra y presentó al Alto Perú como uno de los territorios más afectados por la violencia colonial.
La República tampoco logró poner fin a los conflictos. Los gobiernos de Sucre y de sus sucesores estuvieron marcados por revoluciones, motines, conspiraciones, sublevaciones, levantamientos, asonadas, revueltas y golpes de Estado.
Bolivia nació después de una guerra destructiva, con un territorio desarticulado, empobrecido, desalentado y con escasez de personas capacitadas para conducir el aparato estatal. En esas condiciones, el Gobierno avanzó entre crisis, desconfianza y dificultades para consolidar la unidad nacional.
Frente a las divisiones, los símbolos patrios, las celebraciones cívicas, los héroes, los monumentos, los desfiles y los cantos fueron utilizados como instrumentos destinados a reunir a la población alrededor de una identidad común.
Lema Garrett citó la obra de la historiadora Françoise Martinez, quien comparó los procesos de construcción nacional de México y Bolivia durante su primer siglo de vida independiente. Ambos países utilizaron las fiestas patrias y los símbolos cívicos para promover la unidad y fortalecer el sentimiento de pertenencia.
El himno nacional boliviano, inicialmente conocido como “Canción patriótica”, fue estrenado el 18 de noviembre de 1845 en el Teatro Municipal de La Paz.
Su creación no dependió únicamente de la composición musical y literaria. También respondió a decisiones políticas, como el encargo realizado durante el gobierno de José Ballivián, y a estrategias posteriores orientadas a difundir la música patriótica mediante bandas y escuelas militares.
Con el transcurso del tiempo, los himnos pasaron a formar parte de desfiles, celebraciones nacionales, actos escolares y encuentros deportivos. Estas expresiones se convirtieron en una de las formas más populares y unificadoras del civismo boliviano.
Al concluir su exposición, Lema Garrett afirmó que el civismo no debería entenderse únicamente como la participación en desfiles o ceremonias. Para la historiadora, ser cívico significa aportar, compartir y contribuir diariamente a la construcción del país.
A más de dos siglos de la independencia, la pregunta permanece abierta: Bolivia se constituyó como Estado en 1825, pero la tarea de aprender a reconocerse como una comunidad nacional ha requerido un proceso mucho más largo y complejo.
La entrada Historiadora Ana María Lema analiza la construcción de Bolivia se publicó primero en El Diario – Bolivia.
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