Cada aniversario de la independencia de Bolivia reactiva una discusión que persiste desde finales del siglo XIX: la diferencia entre la capital del país y la ciudad que concentra las principales funciones políticas y administrativas del Estado. La historia y el ordenamiento jurídico ofrecen una respuesta precisa: Sucre es la capital de Bolivia y La Paz es la sede de Gobierno.
El reconocimiento constitucional se encuentra en el artículo 6, parágrafo I, de la Constitución Política del Estado, que establece de manera expresa: “Sucre es la Capital de Bolivia”. La norma no reconoce una segunda capital ni atribuye esa condición a La Paz.
La capitalidad de Sucre, sin embargo, no comienza con la Constitución vigente. Su fundamento se remonta al período colonial, al nacimiento de la República y a una ley promulgada durante la primera mitad del siglo XIX.
La ciudad, conocida como La Plata durante parte de la etapa colonial y como Chuquisaca en los años de la independencia, fue sede de la Real Audiencia de Charcas, creada en 1559 y dependiente inicialmente del Virreinato del Perú. Esta institución convirtió a la región en un importante centro administrativo, judicial, político y académico de los territorios españoles en Sudamérica.
Chuquisaca también ocupó un lugar central en los movimientos emancipadores. En la ciudad se produjo la revolución del 25 de mayo de 1809, considerada uno de los acontecimientos que impulsaron el proceso independentista en la región. Varios protagonistas de las revoluciones de Chuquisaca, La Paz, Quito y Buenos Aires se formaron en la Universidad de San Francisco Xavier.
El episodio decisivo ocurrió el 6 de agosto de 1825. La Asamblea Deliberante, integrada por representantes de las cinco provincias del Alto Perú, se reunió en el recinto que actualmente forma parte de la Casa de la Libertad y resolvió proclamar la independencia. En ese lugar se suscribió el Acta de la Independencia que dio origen a la nueva República.
La Casa de la Libertad conserva el documento original del Acta y mantiene bajo custodia un archivo histórico compuesto por más de un millar de documentos relacionados con la historia de Charcas y Bolivia. En su antiguo Salón de la Independencia también funcionó el Congreso boliviano hasta 1898 y se sancionaron las primeras leyes fundamentales del país.
La condición oficial de capital quedó establecida mediante la Ley del 12 de julio de 1839, promulgada durante el Gobierno provisional de José Miguel de Velasco. Su primer artículo declaró: “La ciudad de Chuquisaca es la Capital de la República” y dispuso que, conforme a la Ley del 11 de agosto de 1826, se denominara desde entonces Ciudad Sucre, en homenaje al mariscal Antonio José de Sucre.
La misma norma ordenó la construcción de edificios destinados al funcionamiento de los altos poderes de la nación, principalmente del Legislativo. De esa manera, la ley consolidó jurídicamente la capitalidad y el cambio de nombre de la ciudad donde había nacido la República.
Durante gran parte del siglo XIX, Sucre concentró las principales instituciones estatales. Esa situación comenzó a modificarse como consecuencia de las disputas políticas, económicas y regionales entre el norte y el sur del país, que alcanzaron su punto más crítico durante la Guerra Federal de 1898 y 1899.
Uno de los detonantes del conflicto fue la Ley de Radicatoria, promulgada el 29 de noviembre de 1898 durante el gobierno de Severo Fernández Alonso. La norma establecía que el Poder Ejecutivo debía residir permanentemente en la capital de la República, salvo las excepciones previstas por la Constitución. La disposición generó una fuerte reacción en La Paz y agravó el enfrentamiento entre conservadores y liberales.
La guerra no se limitó a una disputa entre ciudades. También involucró la lucha por el control político del Estado, el debilitamiento del poder económico vinculado a la minería de la plata en el sur y el crecimiento de los sectores asociados al comercio y a la minería del estaño en La Paz y Oruro. A ello se sumó la propuesta liberal de instaurar un sistema federal.
El movimiento liberal, encabezado por José Manuel Pando, estableció una alianza con fuerzas indígenas dirigidas por Pablo Zárate Willka. La participación indígena resultó decisiva para el triunfo liberal, aunque las demandas de restitución de tierras y transformación social que impulsaron esa movilización no fueron atendidas posteriormente por los vencedores.
El conflicto concluyó después de la derrota del gobierno conservador en abril de 1899. A partir de la victoria liberal, La Paz se consolidó como sede de Gobierno y recibió las dependencias de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Sucre, no obstante, mantuvo su condición de capital.
El cambio producido después de la Guerra Federal no derivó en una reforma constitucional que concediera la capitalidad a La Paz. Lo que se estableció fue una distribución de las funciones estatales entre ambas ciudades: Sucre conservó el título legal de capital y La Paz concentró la administración política del Gobierno nacional.
Esa división permanece vigente. En La Paz funcionan la Presidencia, los ministerios y la Asamblea Legislativa Plurinacional. La sede de la Vicepresidencia y del archivo oficial del Órgano Legislativo también se encuentra en esa ciudad.
Sucre alberga, por su parte, las sedes de las principales instituciones nacionales de justicia. Allí funcionan el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máxima instancia de la jurisdicción ordinaria; el Tribunal Agroambiental; el Consejo de la Magistratura, y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuya sede legal también se encuentra en la capital.
La entrada Sucre, la única capital reconocida por la CPE se publicó primero en El Diario – Bolivia.
Cada aniversario de la independencia de Bolivia reactiva una discusión que persiste desde finales del siglo XIX: la diferencia entre la capital del país y la ciudad que concentra las principales funciones políticas y administrativas del Estado. La historia y el ordenamiento jurídico ofrecen una respuesta precisa: Sucre es la capital de Bolivia y La
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Cada aniversario de la independencia de Bolivia reactiva una discusión que persiste desde finales del siglo XIX: la diferencia entre la capital del país y la ciudad que concentra las principales funciones políticas y administrativas del Estado. La historia y el ordenamiento jurídico ofrecen una respuesta precisa: Sucre es la capital de Bolivia y La Paz es la sede de Gobierno.
El reconocimiento constitucional se encuentra en el artículo 6, parágrafo I, de la Constitución Política del Estado, que establece de manera expresa: “Sucre es la Capital de Bolivia”. La norma no reconoce una segunda capital ni atribuye esa condición a La Paz.
La capitalidad de Sucre, sin embargo, no comienza con la Constitución vigente. Su fundamento se remonta al período colonial, al nacimiento de la República y a una ley promulgada durante la primera mitad del siglo XIX.
La ciudad, conocida como La Plata durante parte de la etapa colonial y como Chuquisaca en los años de la independencia, fue sede de la Real Audiencia de Charcas, creada en 1559 y dependiente inicialmente del Virreinato del Perú. Esta institución convirtió a la región en un importante centro administrativo, judicial, político y académico de los territorios españoles en Sudamérica.
Chuquisaca también ocupó un lugar central en los movimientos emancipadores. En la ciudad se produjo la revolución del 25 de mayo de 1809, considerada uno de los acontecimientos que impulsaron el proceso independentista en la región. Varios protagonistas de las revoluciones de Chuquisaca, La Paz, Quito y Buenos Aires se formaron en la Universidad de San Francisco Xavier.
El episodio decisivo ocurrió el 6 de agosto de 1825. La Asamblea Deliberante, integrada por representantes de las cinco provincias del Alto Perú, se reunió en el recinto que actualmente forma parte de la Casa de la Libertad y resolvió proclamar la independencia. En ese lugar se suscribió el Acta de la Independencia que dio origen a la nueva República.
La Casa de la Libertad conserva el documento original del Acta y mantiene bajo custodia un archivo histórico compuesto por más de un millar de documentos relacionados con la historia de Charcas y Bolivia. En su antiguo Salón de la Independencia también funcionó el Congreso boliviano hasta 1898 y se sancionaron las primeras leyes fundamentales del país.
La condición oficial de capital quedó establecida mediante la Ley del 12 de julio de 1839, promulgada durante el Gobierno provisional de José Miguel de Velasco. Su primer artículo declaró: “La ciudad de Chuquisaca es la Capital de la República” y dispuso que, conforme a la Ley del 11 de agosto de 1826, se denominara desde entonces Ciudad Sucre, en homenaje al mariscal Antonio José de Sucre.
La misma norma ordenó la construcción de edificios destinados al funcionamiento de los altos poderes de la nación, principalmente del Legislativo. De esa manera, la ley consolidó jurídicamente la capitalidad y el cambio de nombre de la ciudad donde había nacido la República.
Durante gran parte del siglo XIX, Sucre concentró las principales instituciones estatales. Esa situación comenzó a modificarse como consecuencia de las disputas políticas, económicas y regionales entre el norte y el sur del país, que alcanzaron su punto más crítico durante la Guerra Federal de 1898 y 1899.
Uno de los detonantes del conflicto fue la Ley de Radicatoria, promulgada el 29 de noviembre de 1898 durante el gobierno de Severo Fernández Alonso. La norma establecía que el Poder Ejecutivo debía residir permanentemente en la capital de la República, salvo las excepciones previstas por la Constitución. La disposición generó una fuerte reacción en La Paz y agravó el enfrentamiento entre conservadores y liberales.
La guerra no se limitó a una disputa entre ciudades. También involucró la lucha por el control político del Estado, el debilitamiento del poder económico vinculado a la minería de la plata en el sur y el crecimiento de los sectores asociados al comercio y a la minería del estaño en La Paz y Oruro. A ello se sumó la propuesta liberal de instaurar un sistema federal.
El movimiento liberal, encabezado por José Manuel Pando, estableció una alianza con fuerzas indígenas dirigidas por Pablo Zárate Willka. La participación indígena resultó decisiva para el triunfo liberal, aunque las demandas de restitución de tierras y transformación social que impulsaron esa movilización no fueron atendidas posteriormente por los vencedores.
El conflicto concluyó después de la derrota del gobierno conservador en abril de 1899. A partir de la victoria liberal, La Paz se consolidó como sede de Gobierno y recibió las dependencias de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Sucre, no obstante, mantuvo su condición de capital.
El cambio producido después de la Guerra Federal no derivó en una reforma constitucional que concediera la capitalidad a La Paz. Lo que se estableció fue una distribución de las funciones estatales entre ambas ciudades: Sucre conservó el título legal de capital y La Paz concentró la administración política del Gobierno nacional.
Esa división permanece vigente. En La Paz funcionan la Presidencia, los ministerios y la Asamblea Legislativa Plurinacional. La sede de la Vicepresidencia y del archivo oficial del Órgano Legislativo también se encuentra en esa ciudad.
Sucre alberga, por su parte, las sedes de las principales instituciones nacionales de justicia. Allí funcionan el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máxima instancia de la jurisdicción ordinaria; el Tribunal Agroambiental; el Consejo de la Magistratura, y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuya sede legal también se encuentra en la capital.
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