El concejal Fernando Ruiz cuestionó la declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental respaldada por una Asamblea de la Paceñidad carente de legitimidad y advirtió que el alcalde de La Paz, César Dockweiler, no puede aplicar esa medida sin que sea refrendada por el Concejo Municipal, además de señalar que el Ejecutivo aún no presentó un plan técnico y financiero que justifique los recursos que pretende destinar al Plan de Emergencia de Gestión del Aseo Urbano (PEGA).
De acuerdo con el legislador, la ciudad enfrenta un riesgo sanitario por la acumulación de residuos, pero afirmó que esa situación no puede convertirse en un argumento para eludir los mecanismos institucionales de control previstos en la normativa municipal.
“Reconocemos que existe una emergencia sanitaria, pero eso no significa que el alcalde pueda manejar recursos sin control. La declaratoria debe ser refrendada por el Concejo Municipal y debe venir acompañada de un plan claro”, señaló.
Además, Ruiz sostuvo que el Ejecutivo no precisó cuánto presupuesto será asignado al PEGA, cuánta maquinaria requerirá ni cuál será el costo total de las operaciones que pretende ejecutar bajo la emergencia. Por lo que esa falta de información genera el riesgo de que se realicen movimientos financieros extraordinarios sin la fiscalización correspondiente.
“El alcalde quiere excusarse en esa declaratoria para hacer movimientos financieros sin control. Antes de pedir facultades extraordinarias tiene que decir cuánto va a gastar, en qué lo va a gastar y con qué maquinaria piensa resolver el problema”, manifestó.
En este punto, el concejal estableció un paralelo con la reciente Resolución Ejecutiva 398/2026, de 10 de agosto de 2026, mediante la cual el alcalde declaró Alerta Roja en todo el municipio por riesgos geológicos e hidrometeorológicos. Esa resolución, recordó Ruiz, se limitó a declarar una alerta de carácter preventivo y preparatorio, sin alcanzar la categoría de Situación de Emergencia.
Precisamente por esa razón, el Ejecutivo evitó remitir el acto al Concejo Municipal para su refrendo, eludiendo lo dispuesto por el Artículo 20 de la Ley Municipal Autonómica 005/2010 de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, que exige expresamente que las declaratorias de emergencia y/o desastre sean refrendadas por el órgano legislativo.
“Lo que estamos viendo es un patrón. Primero declaró una Alerta Roja que no cumple los presupuestos materiales de la Ley 005/2010 y que no fue enviada al Concejo. Ahora pretende declarar una emergencia sanitaria y ambiental respaldándose en una asamblea paralela, nuevamente sin pasar por el control del Legislativo. En ambos casos se busca manejar recursos y adoptar medidas excepcionales sin el refrendo que la norma exige”, explicó el concejal.
Subrayó que la distinción no es formal ni menor. Mientras una simple alerta puede ser emitida por el alcalde, la declaratoria de Situación de Emergencia activa un régimen distinto, habilita la movilización extraordinaria de recursos, la aplicación de protocolos de excepción y, por mandato expreso del Artículo 20 de la Ley 005/2010, requiere el refrendo del Concejo Municipal.
Eludir esa calificación o utilizar asambleas paralelas para justificar medidas que debieran pasar por el Legislativo configura, a su juicio, una irregularidad orientada a evadir el control institucional.
SIN SOLUCIÓN EN TRES MESES
El concejal también cuestionó que, pese a que Dockweiler lleva más de tres meses al frente de la Alcaldía, la crisis del aseo urbano continúe agravándose.
Indicó que el Ejecutivo aún no logró resolver el conflicto contractual con las empresas La Paz Limpia (LPL) y Trebol, a pesar de que el Concejo aprobó por unanimidad una minuta de comunicación que plantea una salida respaldada por informes técnicos, financieros y legales.
Esa minuta recomienda determinar si corresponde un reajuste de los contratos debido al incremento del salario mínimo y del precio de los combustibles o, en caso contrario, evaluar una resolución contractual dentro del marco legal.
CUESTIONA ASAMBLEA DE LA PACEÑIDAD
Ruiz reiteró además sus críticas a la forma en que fue organizada la Asamblea de la Paceñidad, donde más de 300 representantes respaldaron las medidas anunciadas por el alcalde.
Según el concejal, la convocatoria fue realizada con pocos días de anticipación y los asistentes habrían sido seleccionados previamente, situación que —afirmó— fue denunciada incluso por trabajadores de LPL.
“La Asamblea fue utilizada para construir una imagen de consenso ciudadano cuando lo que corresponde es que el alcalde asuma sus responsabilidades institucionales y rinda cuentas ante el Concejo”, indicó el legislador.
A su juicio, el Ejecutivo intenta “gobernar con la Asamblea” en lugar de utilizar los mecanismos previstos por la normativa municipal, lo que —según sostuvo— debilita el rol fiscalizador del órgano legislativo y reproduce la misma lógica de elusión del control que ya se evidenció con la Resolución 398/2026.
DECISIONES DEL EJECUTIVO
Tras la Asamblea de la Paceñidad, Dockweiler anunció la declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental, la ejecución inmediata del PEGA, el inicio de procesos judiciales contra quienes considera responsables de afectar la salud pública y la coordinación con el Gobierno nacional y departamental para recuperar la limpieza de la ciudad.
Además, informó que la Asamblea autorizó al Ejecutivo a diseñar un esquema de largo plazo para evitar que futuras disputas con empresas concesionarias vuelvan a paralizar el servicio de aseo urbano.
Ruiz insistió en que ninguna de esas medidas exime al Ejecutivo de cumplir con los procedimientos legales ni de transparentar el uso de los recursos públicos que se destinarán a enfrentar la emergencia.
Recordó que, conforme a la Ley Municipal 005/2010 y a los antecedentes de las declaratorias de 2024 (Resoluciones Ejecutivas 0182/2024 y 1082/2024), cuando se declara Situación de Emergencia el propio Ejecutivo ha reconocido la obligación de remitir el acto al Concejo para su refrendo. Omitir ese paso, sea mediante una alerta incompleta o mediante una asamblea paralela, debilita el equilibrio de órganos y abre la puerta a una gestión de recursos sin el control democrático que la normativa municipal exige.
La entrada Advierten que alcalde busca manejar recursos “sin control del Concejo” se publicó primero en El Diario – Bolivia.
El concejal Fernando Ruiz cuestionó la declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental respaldada por una Asamblea de la Paceñidad carente de legitimidad y advirtió que el alcalde de La Paz, César Dockweiler, no puede aplicar esa medida sin que sea refrendada por el Concejo Municipal, además de señalar que el Ejecutivo aún no presentó un
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El concejal Fernando Ruiz cuestionó la declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental respaldada por una Asamblea de la Paceñidad carente de legitimidad y advirtió que el alcalde de La Paz, César Dockweiler, no puede aplicar esa medida sin que sea refrendada por el Concejo Municipal, además de señalar que el Ejecutivo aún no presentó un plan técnico y financiero que justifique los recursos que pretende destinar al Plan de Emergencia de Gestión del Aseo Urbano (PEGA).
De acuerdo con el legislador, la ciudad enfrenta un riesgo sanitario por la acumulación de residuos, pero afirmó que esa situación no puede convertirse en un argumento para eludir los mecanismos institucionales de control previstos en la normativa municipal.
“Reconocemos que existe una emergencia sanitaria, pero eso no significa que el alcalde pueda manejar recursos sin control. La declaratoria debe ser refrendada por el Concejo Municipal y debe venir acompañada de un plan claro”, señaló.
Además, Ruiz sostuvo que el Ejecutivo no precisó cuánto presupuesto será asignado al PEGA, cuánta maquinaria requerirá ni cuál será el costo total de las operaciones que pretende ejecutar bajo la emergencia. Por lo que esa falta de información genera el riesgo de que se realicen movimientos financieros extraordinarios sin la fiscalización correspondiente.
“El alcalde quiere excusarse en esa declaratoria para hacer movimientos financieros sin control. Antes de pedir facultades extraordinarias tiene que decir cuánto va a gastar, en qué lo va a gastar y con qué maquinaria piensa resolver el problema”, manifestó.
En este punto, el concejal estableció un paralelo con la reciente Resolución Ejecutiva 398/2026, de 10 de agosto de 2026, mediante la cual el alcalde declaró Alerta Roja en todo el municipio por riesgos geológicos e hidrometeorológicos. Esa resolución, recordó Ruiz, se limitó a declarar una alerta de carácter preventivo y preparatorio, sin alcanzar la categoría de Situación de Emergencia.
Precisamente por esa razón, el Ejecutivo evitó remitir el acto al Concejo Municipal para su refrendo, eludiendo lo dispuesto por el Artículo 20 de la Ley Municipal Autonómica 005/2010 de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, que exige expresamente que las declaratorias de emergencia y/o desastre sean refrendadas por el órgano legislativo.
“Lo que estamos viendo es un patrón. Primero declaró una Alerta Roja que no cumple los presupuestos materiales de la Ley 005/2010 y que no fue enviada al Concejo. Ahora pretende declarar una emergencia sanitaria y ambiental respaldándose en una asamblea paralela, nuevamente sin pasar por el control del Legislativo. En ambos casos se busca manejar recursos y adoptar medidas excepcionales sin el refrendo que la norma exige”, explicó el concejal.
Subrayó que la distinción no es formal ni menor. Mientras una simple alerta puede ser emitida por el alcalde, la declaratoria de Situación de Emergencia activa un régimen distinto, habilita la movilización extraordinaria de recursos, la aplicación de protocolos de excepción y, por mandato expreso del Artículo 20 de la Ley 005/2010, requiere el refrendo del Concejo Municipal.
Eludir esa calificación o utilizar asambleas paralelas para justificar medidas que debieran pasar por el Legislativo configura, a su juicio, una irregularidad orientada a evadir el control institucional.
SIN SOLUCIÓN EN TRES MESES
El concejal también cuestionó que, pese a que Dockweiler lleva más de tres meses al frente de la Alcaldía, la crisis del aseo urbano continúe agravándose.
Indicó que el Ejecutivo aún no logró resolver el conflicto contractual con las empresas La Paz Limpia (LPL) y Trebol, a pesar de que el Concejo aprobó por unanimidad una minuta de comunicación que plantea una salida respaldada por informes técnicos, financieros y legales.
Esa minuta recomienda determinar si corresponde un reajuste de los contratos debido al incremento del salario mínimo y del precio de los combustibles o, en caso contrario, evaluar una resolución contractual dentro del marco legal.
CUESTIONA ASAMBLEA DE LA PACEÑIDAD
Ruiz reiteró además sus críticas a la forma en que fue organizada la Asamblea de la Paceñidad, donde más de 300 representantes respaldaron las medidas anunciadas por el alcalde.
Según el concejal, la convocatoria fue realizada con pocos días de anticipación y los asistentes habrían sido seleccionados previamente, situación que —afirmó— fue denunciada incluso por trabajadores de LPL.
“La Asamblea fue utilizada para construir una imagen de consenso ciudadano cuando lo que corresponde es que el alcalde asuma sus responsabilidades institucionales y rinda cuentas ante el Concejo”, indicó el legislador.
A su juicio, el Ejecutivo intenta “gobernar con la Asamblea” en lugar de utilizar los mecanismos previstos por la normativa municipal, lo que —según sostuvo— debilita el rol fiscalizador del órgano legislativo y reproduce la misma lógica de elusión del control que ya se evidenció con la Resolución 398/2026.
DECISIONES DEL EJECUTIVO
Tras la Asamblea de la Paceñidad, Dockweiler anunció la declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental, la ejecución inmediata del PEGA, el inicio de procesos judiciales contra quienes considera responsables de afectar la salud pública y la coordinación con el Gobierno nacional y departamental para recuperar la limpieza de la ciudad.
Además, informó que la Asamblea autorizó al Ejecutivo a diseñar un esquema de largo plazo para evitar que futuras disputas con empresas concesionarias vuelvan a paralizar el servicio de aseo urbano.
Ruiz insistió en que ninguna de esas medidas exime al Ejecutivo de cumplir con los procedimientos legales ni de transparentar el uso de los recursos públicos que se destinarán a enfrentar la emergencia.
Recordó que, conforme a la Ley Municipal 005/2010 y a los antecedentes de las declaratorias de 2024 (Resoluciones Ejecutivas 0182/2024 y 1082/2024), cuando se declara Situación de Emergencia el propio Ejecutivo ha reconocido la obligación de remitir el acto al Concejo para su refrendo. Omitir ese paso, sea mediante una alerta incompleta o mediante una asamblea paralela, debilita el equilibrio de órganos y abre la puerta a una gestión de recursos sin el control democrático que la normativa municipal exige.
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