Bolivia registra retrasos en la aplicación de medidas destinadas a reducir y eliminar el uso de mercurio en la minería aurífera, a pesar de los compromisos asumidos mediante el Convenio de Minamata y las consecuencias ambientales y sanitarias que esta sustancia tóxica representa para las comunidades indígenas de la Amazonía.
El país ratificó el Convenio de Minamata mediante la Ley 759, instrumento internacional que establece disposiciones para proteger la salud humana y el medio ambiente frente a las emisiones y liberaciones de mercurio y sus compuestos. Sin embargo, especialistas advierten que las políticas nacionales resultan insuficientes para controlar su utilización en la extracción de oro.
El ingeniero ambiental y especialista en minería de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS), Manuel Salinas, cuestionó la demora en la formulación de un plan nacional que establezca lineamientos estratégicos para disminuir progresivamente el empleo de esta sustancia y promover alternativas tecnológicas en el sector minero.
Además, explicó que uno de los principales obstáculos es la elevada demanda de mercurio en la producción aurífera, actividad que tiene un peso importante en la economía boliviana y cuya dependencia de este insumo dificulta la aplicación de medidas restrictivas.
Según el especialista, aunque se desarrollaron iniciativas con apoyo de la cooperación internacional, todavía no se evidencian resultados concretos ni proyectos piloto que permitan a las cooperativas mineras adoptar tecnologías que prescindan del mercurio.
Salinas señaló que otros países de la región avanzaron en la aplicación de restricciones y mecanismos legales para controlar esta sustancia, mientras Bolivia mantiene dificultades para establecer una política efectiva de reducción y eliminación.
Otro factor que agrava el problema es la relación del comercio de mercurio con actividades ilícitas transnacionales, entre ellas el contrabando, la trata de personas y el tráfico de especies silvestres, lo que exige fortalecer los controles sobre las cadenas de comercialización.
El especialista indicó que el costo de importación de mercurio procedente de México puede situarse alrededor de 280 dólares, en tanto que su precio en el mercado boliviano supera los 1.000 dólares y, en períodos de escasez, puede alcanzar los 2.000 dólares.
Estas diferencias económicas, según su evaluación, generan incentivos para la comercialización de la sustancia y complican las acciones destinadas a regular su circulación tanto en Bolivia como en otros países de la región.
Las observaciones fueron presentadas durante una jornada de exposición de investigaciones sobre contaminación por mercurio, con especial atención a los efectos de la actividad aurífera en la Amazonía boliviana. La actividad contó con el respaldo de la Embajada de Suiza, el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Planet Gold Bolivia y WCS.
Entre los antecedentes examinados se encuentran los resultados de un estudio sobre la exposición al mercurio en comunidades indígenas asentadas en la cuenca del río Beni y sus afluentes, donde el consumo habitual de pescado constituye una de las principales vías de incorporación de este metal al organismo.
La investigación, difundida en 2023, identificó concentraciones promedio de mercurio en muestras de cabello de 6,9 partes por millón (ppm) en integrantes del pueblo ese ejja; 6,8 en tsimanes; 4,0 en mosetenes; 2,5 en uchupiamonas; 2,1 en tacanas y 1,2 en lecos. Todos estos valores superaron el nivel de referencia de 1 ppm utilizado en el estudio.
Los resultados también pusieron de manifiesto los riesgos asociados con la bioacumulación, proceso mediante el cual las sustancias tóxicas se concentran en los tejidos de los organismos cuando su incorporación supera la capacidad de eliminación. Este fenómeno representa una amenaza para las poblaciones que dependen de la pesca como fuente habitual de alimentación.
Durante el encuentro también se abordaron otras presiones ambientales sobre los territorios indígenas, entre ellas los incendios forestales, la deforestación destinada a actividades agrícolas y la erosión vinculada a la explotación minera.
Asimismo, se cuestionó la ausencia de consulta previa a las naciones y pueblos indígena originario campesinos en procesos relacionados con la discusión de nuevas disposiciones mineras, debido a sus posibles implicaciones sobre los derechos colectivos y la protección de sus territorios.
Los participantes hicieron referencia al principio de no regresión ambiental, vinculado al Acuerdo de Escazú, que establece la importancia de preservar los niveles de protección alcanzados y garantizar los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo señaló que la Constitución Política del Estado, la Ley 535 de Minería y Metalurgia, las normas de protección de la Madre Tierra y la jurisprudencia ambiental proporcionan instrumentos jurídicos para impedir actividades incompatibles con la preservación del medio ambiente.
No obstante, la institución identificó deficiencias en la fiscalización y falta de voluntad política para garantizar el cumplimiento efectivo de estas disposiciones, pese a la existencia de mecanismos legales de protección.
Como parte de las iniciativas orientadas a buscar soluciones, se prevé la realización del encuentro “Gold for Good”, programado del 21 al 28 de noviembre de 2026 en La Paz, que reunirá a participantes de diferentes áreas para desarrollar propuestas relacionadas con la minería aurífera, la sostenibilidad y el uso de tecnologías alternativas.
La situación plantea la necesidad de fortalecer la fiscalización de la actividad minera, controlar el comercio de mercurio y establecer medidas que permitan reducir la exposición de las poblaciones afectadas, en cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por Bolivia. (Con información de la agencia ANA)
La entrada Bolivia retrasa acciones para reducir el mercurio se publicó primero en El Diario – Bolivia.
Bolivia registra retrasos en la aplicación de medidas destinadas a reducir y eliminar el uso de mercurio en la minería aurífera, a pesar de los compromisos asumidos mediante el Convenio de Minamata y las consecuencias ambientales y sanitarias que esta sustancia tóxica representa para las comunidades indígenas de la Amazonía. El país ratificó el Convenio
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Bolivia registra retrasos en la aplicación de medidas destinadas a reducir y eliminar el uso de mercurio en la minería aurífera, a pesar de los compromisos asumidos mediante el Convenio de Minamata y las consecuencias ambientales y sanitarias que esta sustancia tóxica representa para las comunidades indígenas de la Amazonía.
El país ratificó el Convenio de Minamata mediante la Ley 759, instrumento internacional que establece disposiciones para proteger la salud humana y el medio ambiente frente a las emisiones y liberaciones de mercurio y sus compuestos. Sin embargo, especialistas advierten que las políticas nacionales resultan insuficientes para controlar su utilización en la extracción de oro.
El ingeniero ambiental y especialista en minería de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS), Manuel Salinas, cuestionó la demora en la formulación de un plan nacional que establezca lineamientos estratégicos para disminuir progresivamente el empleo de esta sustancia y promover alternativas tecnológicas en el sector minero.
Además, explicó que uno de los principales obstáculos es la elevada demanda de mercurio en la producción aurífera, actividad que tiene un peso importante en la economía boliviana y cuya dependencia de este insumo dificulta la aplicación de medidas restrictivas.
Según el especialista, aunque se desarrollaron iniciativas con apoyo de la cooperación internacional, todavía no se evidencian resultados concretos ni proyectos piloto que permitan a las cooperativas mineras adoptar tecnologías que prescindan del mercurio.
Salinas señaló que otros países de la región avanzaron en la aplicación de restricciones y mecanismos legales para controlar esta sustancia, mientras Bolivia mantiene dificultades para establecer una política efectiva de reducción y eliminación.
Otro factor que agrava el problema es la relación del comercio de mercurio con actividades ilícitas transnacionales, entre ellas el contrabando, la trata de personas y el tráfico de especies silvestres, lo que exige fortalecer los controles sobre las cadenas de comercialización.
El especialista indicó que el costo de importación de mercurio procedente de México puede situarse alrededor de 280 dólares, en tanto que su precio en el mercado boliviano supera los 1.000 dólares y, en períodos de escasez, puede alcanzar los 2.000 dólares.
Estas diferencias económicas, según su evaluación, generan incentivos para la comercialización de la sustancia y complican las acciones destinadas a regular su circulación tanto en Bolivia como en otros países de la región.
Las observaciones fueron presentadas durante una jornada de exposición de investigaciones sobre contaminación por mercurio, con especial atención a los efectos de la actividad aurífera en la Amazonía boliviana. La actividad contó con el respaldo de la Embajada de Suiza, el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Planet Gold Bolivia y WCS.
Entre los antecedentes examinados se encuentran los resultados de un estudio sobre la exposición al mercurio en comunidades indígenas asentadas en la cuenca del río Beni y sus afluentes, donde el consumo habitual de pescado constituye una de las principales vías de incorporación de este metal al organismo.
La investigación, difundida en 2023, identificó concentraciones promedio de mercurio en muestras de cabello de 6,9 partes por millón (ppm) en integrantes del pueblo ese ejja; 6,8 en tsimanes; 4,0 en mosetenes; 2,5 en uchupiamonas; 2,1 en tacanas y 1,2 en lecos. Todos estos valores superaron el nivel de referencia de 1 ppm utilizado en el estudio.
Los resultados también pusieron de manifiesto los riesgos asociados con la bioacumulación, proceso mediante el cual las sustancias tóxicas se concentran en los tejidos de los organismos cuando su incorporación supera la capacidad de eliminación. Este fenómeno representa una amenaza para las poblaciones que dependen de la pesca como fuente habitual de alimentación.
Durante el encuentro también se abordaron otras presiones ambientales sobre los territorios indígenas, entre ellas los incendios forestales, la deforestación destinada a actividades agrícolas y la erosión vinculada a la explotación minera.
Asimismo, se cuestionó la ausencia de consulta previa a las naciones y pueblos indígena originario campesinos en procesos relacionados con la discusión de nuevas disposiciones mineras, debido a sus posibles implicaciones sobre los derechos colectivos y la protección de sus territorios.
Los participantes hicieron referencia al principio de no regresión ambiental, vinculado al Acuerdo de Escazú, que establece la importancia de preservar los niveles de protección alcanzados y garantizar los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo señaló que la Constitución Política del Estado, la Ley 535 de Minería y Metalurgia, las normas de protección de la Madre Tierra y la jurisprudencia ambiental proporcionan instrumentos jurídicos para impedir actividades incompatibles con la preservación del medio ambiente.
No obstante, la institución identificó deficiencias en la fiscalización y falta de voluntad política para garantizar el cumplimiento efectivo de estas disposiciones, pese a la existencia de mecanismos legales de protección.
Como parte de las iniciativas orientadas a buscar soluciones, se prevé la realización del encuentro “Gold for Good”, programado del 21 al 28 de noviembre de 2026 en La Paz, que reunirá a participantes de diferentes áreas para desarrollar propuestas relacionadas con la minería aurífera, la sostenibilidad y el uso de tecnologías alternativas.
La situación plantea la necesidad de fortalecer la fiscalización de la actividad minera, controlar el comercio de mercurio y establecer medidas que permitan reducir la exposición de las poblaciones afectadas, en cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por Bolivia. (Con información de la agencia ANA)
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