La emisión del Decreto Supremo 5271 permite que el sector privado pueda importar y comercializar carburantes en el mercado nacional, sin la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es una señal positiva; pero para el éxito de esta medida es importante eliminar la burocracia, los impuestos, debido a la urgencia del caso, dijo el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.
El ejecutivo del IBCE planteó cuatro consejos con relación a la problemática de los combustibles en el país: 1) Facilitar la libre importación para hacerla viable (cero burocracia, cero complicaciones, idealmente cero cobro de impuestos para bajar su costo); 2) Permitir que los productores del campo fabriquen biocombustibles así como diésel a partir de desechos plásticos para consumo propio y su comercialización; 3) Pleno uso de la biotecnología en el agro, libre exportación, cero avasallamientos y bloqueos, para ser competitivos, frente a un combustible más caro; y, 4) Incentivos realistas para reanimar la exploración de nuevos campos, siendo que aquello de que “queremos socios, no patrones”, definitivamente no ha funcionado, más bien, ha perjudicado al país.
Varios analistas, por separado coinciden, que la medida alivia, pero no soluciona el problema de la escasez de combustibles, ya que el mismo es estructural y por lo tanto, se requieren normativas que incentiven a las empresas que quieran invertir en el país, así como brindar seguridad jurídica.
Para el analista de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, la medida es sólo un parche, ya que no soluciona el problema de fondo; mientras tengamos una política de subvención será difícil avanzar en la solución del problema del combustible.
“Aunque liberemos la importación y comercialización”, la situación es complicada, debido al que “el privado competirá con la gasolina y diésel subvencionado de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)”, reflexionó.
A eso hay que sumar que el decreto autoriza sólo por un año la importación y comercialización de combustibles, cuya decisión no incentiva la inversión privada, pues se requiere infraestructura para almacenar el carburante y el plazo no es suficiente para recuperar el capital.
Velásquez recordó que Jubileo ya planteó eliminar la política de subvención para implementar otras medidas para reactivar el sector.
Con respecto a la decisión del cobro del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), la norma señala que se establece una alícuota para la importación de diésel y gasolinas, de acuerdo con el anexo que forma parte del presente Decreto Supremo.
Al respecto, el viceministro de Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos de YPFB, Adams Hurtado, dijo a radio Fides que el IEHD no se aplica para la importación de diésel.
En tanto, Velásquez indicó que nuevamente cometen el error de 2010 al aplicar el IEHD, y señaló que primero se debe revisar el Decreto 27691 de agosto de 2004, que fijó el precio del barril de petróleo en 27 dólares.
La revisión de esa norma corregirá el precio del combustible y atraerá inversión, de lo contrario se continuará importando carburantes.
Poco
Por su parte, el analista de hidrocarburos y socio director de Gas Energy Latin América, Álvaro Ríos, explicó que el Decreto 5271 alivia poco la situación actual por el que atraviesa Bolivia.
“Un sector privilegiado podrá comprar el combustible a un precio alto, mientras una gran mayoría no lo podrá hacer; aquellos que hacen fila dejarán de hacerlo”, remarcó a tiempo de indicar que el problema del país es más de fondo.
Para importar energía hay que tener divisas y no hay, sostuvo y aclaró que dependerá de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para que la norma funcione.
“Si en verdad quieren que funcione, deberán dar permisos anuales y no por cada camión que ingresa por la frontera, ya se debería haber establecido el cálculo del precio de referencia”, apuntó.
El ente regular no puede decir a qué precio va importar y a qué precio va a vender, y si lo hace el decreto no sirve, puntualizó. Además, reiteró que la ANH sólo debe establecer el precio de referencia y dejar que las empresas compitan y sean eficientes en la provisión del combustible.
Mientras tanto, el analista y exautoridad del Ministerio de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, indicó que habrá problemas con el dólar, pero quizá la participación del sector privado haya desaparecer el mercado negro, con la importación de diésel.
Productores
Por su parte, el presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, dijo que en la venta y comercialización de combustibles participarán la empresa estatal y los privados.
Informó que los técnicos del sector productivo analizan el decreto y hoy (viernes) en reunión con el presidente Luis Arce se analizará la reglamentación.
Anunció que el sector productivo de Santa Cruz requiere 320 millones de litros de diésel al año, 1,2 millones por día, y a nivel nacional la cifra se incrementa a 380 millones de litros anuales.
Observaciones
Hace cuatro días, Marcelo Montenegro (ante la evidencia, el autopercibido ministro de Economía) decía que era inconstitucional liberar las importaciones y comercialización de hidrocarburos (…) el Gobierno ha aprobado la medida (aunque hay muchas cuestiones que no se han aclarado aún), observa el exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Espinoza en su @g_espinoza.
En principio, esta decisión parece positiva porque promete atacar el problema visible en la calle hoy, que es la falta de combustibles. Pero la falta de combustibles tiene un origen claro: la falta de dólares. Lo que han logrado algunos grupos de lobby en conjunto con un Gobierno irresponsable, es transferir la demanda de dólares para importar combustibles al sector privado. “En consecuencia, está desregulación parcial va a tener impactos en el tipo de cambio paralelo (porque no se habla de una unificación cambiaria) y al final del día en los precios internos, o sea: inflación”, advirtió.
Es claro que debemos salir del esquema de subsidios, las soluciones parciales generan muchos más problemas de los que arreglan (aunque claro, en río revuelto, ganancia de pescadores). Mientras no se tenga un paquete completo, cada medida que se implemente genera un mayor desequilibrio en otros lados, no es cuestión de meterle no más, detalló.
Según el analista económico Gonzalo Chávez, el decreto de libre importación y comercialización, no es total, pues hay que registrarse y pedir permiso a la ANH.
Es un medio de libre mercado, la ANH y el Ministerio de Hidrocarburos siguen llevando la rienda, señaló en sus redes sociales.
Precio
Analistas estiman que el precio de los combustibles será al precio internacional, entre 8 a 12 bolivianos por litro, que repercutirá en el incremento de precios de productos de la canasta familiar.
Por ello, Rodríguez plantea cero impuestos, con el objetivo de que el valor no se incremente y sea accesible para el consumidor final.
La emisión del Decreto Supremo 5271 permite que el sector privado pueda importar y comercializar carburantes en el mercado nacional, sin la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es una señal positiva; pero para el éxito de esta medida es importante eliminar la burocracia, los impuestos, debido a la urgencia del caso, dijo el
La emisión del Decreto Supremo 5271 permite que el sector privado pueda importar y comercializar carburantes en el mercado nacional, sin la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es una señal positiva; pero para el éxito de esta medida es importante eliminar la burocracia, los impuestos, debido a la urgencia del caso, dijo el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.El ejecutivo del IBCE planteó cuatro consejos con relación a la problemática de los combustibles en el país: 1) Facilitar la libre importación para hacerla viable (cero burocracia, cero complicaciones, idealmente cero cobro de impuestos para bajar su costo); 2) Permitir que los productores del campo fabriquen biocombustibles así como diésel a partir de desechos plásticos para consumo propio y su comercialización; 3) Pleno uso de la biotecnología en el agro, libre exportación, cero avasallamientos y bloqueos, para ser competitivos, frente a un combustible más caro; y, 4) Incentivos realistas para reanimar la exploración de nuevos campos, siendo que aquello de que “queremos socios, no patrones”, definitivamente no ha funcionado, más bien, ha perjudicado al país.Varios analistas, por separado coinciden, que la medida alivia, pero no soluciona el problema de la escasez de combustibles, ya que el mismo es estructural y por lo tanto, se requieren normativas que incentiven a las empresas que quieran invertir en el país, así como brindar seguridad jurídica.Para el analista de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, la medida es sólo un parche, ya que no soluciona el problema de fondo; mientras tengamos una política de subvención será difícil avanzar en la solución del problema del combustible.“Aunque liberemos la importación y comercialización”, la situación es complicada, debido al que “el privado competirá con la gasolina y diésel subvencionado de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)”, reflexionó.A eso hay que sumar que el decreto autoriza sólo por un año la importación y comercialización de combustibles, cuya decisión no incentiva la inversión privada, pues se requiere infraestructura para almacenar el carburante y el plazo no es suficiente para recuperar el capital.Velásquez recordó que Jubileo ya planteó eliminar la política de subvención para implementar otras medidas para reactivar el sector.Con respecto a la decisión del cobro del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), la norma señala que se establece una alícuota para la importación de diésel y gasolinas, de acuerdo con el anexo que forma parte del presente Decreto Supremo.Al respecto, el viceministro de Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos de YPFB, Adams Hurtado, dijo a radio Fides que el IEHD no se aplica para la importación de diésel.En tanto, Velásquez indicó que nuevamente cometen el error de 2010 al aplicar el IEHD, y señaló que primero se debe revisar el Decreto 27691 de agosto de 2004, que fijó el precio del barril de petróleo en 27 dólares.La revisión de esa norma corregirá el precio del combustible y atraerá inversión, de lo contrario se continuará importando carburantes.PocoPor su parte, el analista de hidrocarburos y socio director de Gas Energy Latin América, Álvaro Ríos, explicó que el Decreto 5271 alivia poco la situación actual por el que atraviesa Bolivia.“Un sector privilegiado podrá comprar el combustible a un precio alto, mientras una gran mayoría no lo podrá hacer; aquellos que hacen fila dejarán de hacerlo”, remarcó a tiempo de indicar que el problema del país es más de fondo.Para importar energía hay que tener divisas y no hay, sostuvo y aclaró que dependerá de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para que la norma funcione.“Si en verdad quieren que funcione, deberán dar permisos anuales y no por cada camión que ingresa por la frontera, ya se debería haber establecido el cálculo del precio de referencia”, apuntó.El ente regular no puede decir a qué precio va importar y a qué precio va a vender, y si lo hace el decreto no sirve, puntualizó. Además, reiteró que la ANH sólo debe establecer el precio de referencia y dejar que las empresas compitan y sean eficientes en la provisión del combustible.Mientras tanto, el analista y exautoridad del Ministerio de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, indicó que habrá problemas con el dólar, pero quizá la participación del sector privado haya desaparecer el mercado negro, con la importación de diésel.ProductoresPor su parte, el presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, dijo que en la venta y comercialización de combustibles participarán la empresa estatal y los privados.Informó que los técnicos del sector productivo analizan el decreto y hoy (viernes) en reunión con el presidente Luis Arce se analizará la reglamentación.Anunció que el sector productivo de Santa Cruz requiere 320 millones de litros de diésel al año, 1,2 millones por día, y a nivel nacional la cifra se incrementa a 380 millones de litros anuales.ObservacionesHace cuatro días, Marcelo Montenegro (ante la evidencia, el autopercibido ministro de Economía) decía que era inconstitucional liberar las importaciones y comercialización de hidrocarburos (…) el Gobierno ha aprobado la medida (aunque hay muchas cuestiones que no se han aclarado aún), observa el exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Espinoza en su @g_espinoza.En principio, esta decisión parece positiva porque promete atacar el problema visible en la calle hoy, que es la falta de combustibles. Pero la falta de combustibles tiene un origen claro: la falta de dólares. Lo que han logrado algunos grupos de lobby en conjunto con un Gobierno irresponsable, es transferir la demanda de dólares para importar combustibles al sector privado. “En consecuencia, está desregulación parcial va a tener impactos en el tipo de cambio paralelo (porque no se habla de una unificación cambiaria) y al final del día en los precios internos, o sea: inflación”, advirtió.Es claro que debemos salir del esquema de subsidios, las soluciones parciales generan muchos más problemas de los que arreglan (aunque claro, en río revuelto, ganancia de pescadores). Mientras no se tenga un paquete completo, cada medida que se implemente genera un mayor desequilibrio en otros lados, no es cuestión de meterle no más, detalló.Según el analista económico Gonzalo Chávez, el decreto de libre importación y comercialización, no es total, pues hay que registrarse y pedir permiso a la ANH.Es un medio de libre mercado, la ANH y el Ministerio de Hidrocarburos siguen llevando la rienda, señaló en sus redes sociales.PrecioAnalistas estiman que el precio de los combustibles será al precio internacional, entre 8 a 12 bolivianos por litro, que repercutirá en el incremento de precios de productos de la canasta familiar.Por ello, Rodríguez plantea cero impuestos, con el objetivo de que el valor no se incremente y sea accesible para el consumidor final.
Economía – El Diario – Bolivia