Habitantes de la comunidad Santa Bárbara del municipio de Coripata del departamento de La Paz, denunciaron que fueron amenazados con dinamitar sus viviendas por parte de personas vinculadas con el proyecto minero Anacuri.
La intimidación se produce luego de que los lugareños denunciaron ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) que el proyecto minero avasalla un territorio por donde fluye el río Tamampaya y que esas actividades no cuentan con la respectiva consulta previa como establece la ley.
La información relativa a la carta enviada ante la AJAM, a la que tuvo acceso ANA, detalla las vulneraciones jurídicas en las que se estaría incurriendo tanto al evadir la consulta previa correspondiente como al afectar al medio ambiente, a la salud y a la biodiversidad.
GARANTÍAS
En ese sentido, los afectados reiteraron su temor de que se revele su identidad, debido a motivos estrictos de seguridad para velar por su patrimonio e integridad física y la de sus familias.
La Constitución Política del Estado (CPE), Art. 15 (Derechos fundamentales) en el párrafo III establece: “El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico sexual, o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”.
Una vez recibida la carta por la secretaría departamental de la AJAM en La Paz (Solicitud de identificación como sujeto de consulta previa como persona y propietaria afectada – Proyecto minero Anacuri 20/08/26), dicha institución notificó a la parte denunciante que se apersone en sus oficinas para recoger en físico del documento de respuesta.
Sin embargo, los afectados, a causa del temor provocado por las intimidaciones y amenazas que recibieron de gente allegada al proyecto Anacuri de la cooperativa minera del mismo nombre (Cooperativa minera aurífera Anacuri RL), anunciaron que no se harán presentes en la Sede de Gobierno.
De la misma manera, la referida nota publicada por ANA en base a la carta de los afectados por el proyecto minero, detalla los pasos para legalizar una cooperativa ante la institución jurisdiccional minera. Los requisitos son al menos 15 y el quinto corresponde a la presentación de un certificado de no afectación a áreas protegidas, uno de los más relevantes.
El área protegida nacional más cercana a Coripata es el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata, por ende la contaminación minera estaría polucionando las aguas del río Tamampaya, un curso de agua de 57 km de longitud que nace en Puente Villa (1.200 metros de altitud) por la unión de los ríos Unduavi y Takesi para desembocar en el río Boopi e integrarse en la cuenca del Amazonas; allí se encuentran otras áreas protegidas como la a Reserva de la biosfera y tierra comunitaria de origen Pilón Lajas y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (PN ANMI Madidi), entre otros.
Además de la obligatoriedad de la consulta previa, para que una cooperativa y su proyecto tengan legalidad, se debe presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), lo cual da lugar a la licencia ambiental, mediante el cual se comprueban y evalúan los efectos previsibles que una obra, actividad o proyecto pueden causar en el medio ambiente y la población. (ANA)
La entrada Comunarios denuncian amenazas tras revelar irregularidades mineras se publicó primero en El Diario – Bolivia.
Habitantes de la comunidad Santa Bárbara del municipio de Coripata del departamento de La Paz, denunciaron que fueron amenazados con dinamitar sus viviendas por parte de personas vinculadas con el proyecto minero Anacuri. La intimidación se produce luego de que los lugareños denunciaron ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) que el proyecto minero avasalla
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Habitantes de la comunidad Santa Bárbara del municipio de Coripata del departamento de La Paz, denunciaron que fueron amenazados con dinamitar sus viviendas por parte de personas vinculadas con el proyecto minero Anacuri.
La intimidación se produce luego de que los lugareños denunciaron ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) que el proyecto minero avasalla un territorio por donde fluye el río Tamampaya y que esas actividades no cuentan con la respectiva consulta previa como establece la ley.
La información relativa a la carta enviada ante la AJAM, a la que tuvo acceso ANA, detalla las vulneraciones jurídicas en las que se estaría incurriendo tanto al evadir la consulta previa correspondiente como al afectar al medio ambiente, a la salud y a la biodiversidad.
GARANTÍAS
En ese sentido, los afectados reiteraron su temor de que se revele su identidad, debido a motivos estrictos de seguridad para velar por su patrimonio e integridad física y la de sus familias.
La Constitución Política del Estado (CPE), Art. 15 (Derechos fundamentales) en el párrafo III establece: “El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico sexual, o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”.
Una vez recibida la carta por la secretaría departamental de la AJAM en La Paz (Solicitud de identificación como sujeto de consulta previa como persona y propietaria afectada – Proyecto minero Anacuri 20/08/26), dicha institución notificó a la parte denunciante que se apersone en sus oficinas para recoger en físico del documento de respuesta.
Sin embargo, los afectados, a causa del temor provocado por las intimidaciones y amenazas que recibieron de gente allegada al proyecto Anacuri de la cooperativa minera del mismo nombre (Cooperativa minera aurífera Anacuri RL), anunciaron que no se harán presentes en la Sede de Gobierno.
De la misma manera, la referida nota publicada por ANA en base a la carta de los afectados por el proyecto minero, detalla los pasos para legalizar una cooperativa ante la institución jurisdiccional minera. Los requisitos son al menos 15 y el quinto corresponde a la presentación de un certificado de no afectación a áreas protegidas, uno de los más relevantes.
El área protegida nacional más cercana a Coripata es el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata, por ende la contaminación minera estaría polucionando las aguas del río Tamampaya, un curso de agua de 57 km de longitud que nace en Puente Villa (1.200 metros de altitud) por la unión de los ríos Unduavi y Takesi para desembocar en el río Boopi e integrarse en la cuenca del Amazonas; allí se encuentran otras áreas protegidas como la a Reserva de la biosfera y tierra comunitaria de origen Pilón Lajas y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (PN ANMI Madidi), entre otros.
Además de la obligatoriedad de la consulta previa, para que una cooperativa y su proyecto tengan legalidad, se debe presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), lo cual da lugar a la licencia ambiental, mediante el cual se comprueban y evalúan los efectos previsibles que una obra, actividad o proyecto pueden causar en el medio ambiente y la población. (ANA)
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