<p>Conocer<strong> cuánto cuesta un medicamento no es una tarea sencilla</strong>. Una cosa es lo que pagamos por un medicamento sin receta -es decir, los que no están sometidos a prescripción médica, como el ibuprofeno o el paracetamol (los conocidos como OTC)- o por los de prescripción médica adquiridos a través de receta privada, y otra bien distinta son los fármacos financiados, que son aquellos en los que, con prescripción médica, el paciente solo paga una parte.</p>
El Gobierno y Farmaindustria defienden el secreto del coste real de los fármacos frente a Civio, que exige transparencia. Una enmienda clave en una ley ajena divide el acceso a la innovación y el dinero público
Conocer cuánto cuesta un medicamento no es una tarea sencilla. Una cosa es lo que pagamos por un medicamento sin receta -es decir, los que no están sometidos a prescripción médica, como el ibuprofeno o el paracetamol (los conocidos como OTC)- o por los de prescripción médica adquiridos a través de receta privada, y otra bien distinta son los fármacos financiados, que son aquellos en los que, con prescripción médica, el paciente solo paga una parte.
La falta de transparencia de los precios netos de los medicamentos en España se ha convertido en uno de los campos de batalla más complejos entre la sociedad civil, la industria farmacéutica y el Gobierno. El debate sobre la distinción entre el «precio de lista» (notificado por las empresas y público) y el «precio neto» (el coste real que paga el Estado tras negociar descuentos confidenciales) es una dualidad que Civio denuncia como una «caja negra» y que el Ministerio de Sanidad defiende como una herramienta estratégica «para asegurar el acceso a los medicamentos».
Por su parte, para la patronal de la industria farmacéutica, Farmaindustria, el mantenimiento de la confidencialidad no es un capricho corporativo, sino un elemento esencial para garantizar que los pacientes españoles accedan a la innovación terapéutica. Este es un argumento que comparte con el secretario de Estado, Javier Padilla, que, en declaraciones a EL MUNDO, expone que «la confidencialidad no protege a la industria, sino al valor superior del acceso al medicamento».
Farmaindustria defiende que «la opacidad en el proceso de fijación de precios permite que cada país negocie el mejor precio posible en función de su realidad económica y capacidad financiera, sin que ello afecte al mercado global». Al mismo tiempo, la patronal sostiene que, si los precios netos fueran públicos, estos tenderían a igualarse a nivel europeo en un valor único.
En el extremo opuesto se sitúa Civio, organización que desde 2019 libra una batalla legal para que las resoluciones de financiación de los fármacos más caros sean públicas. Su demanda surge ante la aparición de terapias con precios astronómicos, como las CAR-T (300.000 euros), Luxturna (700.000 euros) o Zolgensma (dos millones de euros por paciente), cuyos costes reales se mantienen bajo un hermetismo total. Para Civio, este «oscurantismo» no fortalece al Estado, sino que lo hace negociar peor, «a ciegas», aumentando el riesgo de arbitrariedad y de falta de control en decisiones que movilizan ingentes cantidades de dinero público.
Desde Civio también apuntan que hubo un momento en el que los actuales responsables de la cartera de Sanidad manifestaron su intención de hacer públicos los precios. Sin embargo, en una de las grandes reformas legislativas del Ministerio que encabeza Mónica García, se dio un claro paso atrás. O, mejor dicho, se eligió la fórmula de la opacidad común a todos los ejecutivos en democracia. En el anteproyecto de la Ley del Medicamento, en el artículo 114, se amplía el blindaje de la publicidad de los precios finales o netos; actualmente contenida en el artículo 97.
Hasta aquí todo seguía «su curso», pero ante un final de legislatura incierto y la necesidad de una sintonía parlamentaria complicada, el PSOE y el grupo Plurinacional Sumar han decidido tomar un atajo para asegurarse de que se blindan los precios. Se ha introducido la enmienda 259 en la tramitación de una ley que no tiene relación temática: la ley de discapacidad. Padilla justifica este movimiento alegando que la coyuntura política exige acciones «decididas y más rápidas» y que se ha elegido un vehículo legislativo que se encuentra en una fase de tramitación más avanzada para asegurar que el blindaje entre en vigor cuanto antes.
La defensa del mantenimiento del secreto se basa en un cambio drástico del contexto político internacional, «específicamente relacionado con las políticas de Donald Trump en EEUU«, señala el secretario de Estado. «El gobierno estadounidense pretende fijar los precios de sus medicamentos referenciándolos al precio más bajo de los países del G7, Dinamarca y Suiza. Aunque España no está en ese grupo, muchos de esos países sí se referencian en los precios españoles«.
Este fenómeno, según la patronal, perjudicaría gravemente a España, ya que un estudio de la consultora Charles River Associates indica que la transparencia total podría disparar el precio medio de los fármacos innovadores en nuestro país en más de un 50%. En definitiva, desde el Ejecutivo se asegura así el secreto que protege la capacidad negociadora del Estado y amarra el retorno de la inversión necesario para que los laboratorios sigan investigando nuevas terapias en nuestro país.
Aquí, la propia OCDE ha constatado sobre este asunto que, a pesar de la existencia de más de 30 iniciativas internacionales para compartir información sobre los precios de los medicamentos, la norma a nivel internacional sigue siendo la confidencialidad de los precios netos por parte de los países.
Por su parte, Civio desmantela estos argumentos citando a la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), cuya resolución WHA 72.8 —votada a favor por España— concluye que la transparencia fortalece la posición de los Estados. Denuncian que el nivel de secretismo propuesto no tiene precedente en la contratación pública general, donde a ningún otro proveedor se le permite ocultar el precio unitario de sus contratos con la administración. Para la organización, lo que hay detrás de esta postura es el «miedo» del Gobierno a que el Tribunal Supremo falle a favor de la transparencia en los juicios que aún tienen pendientes.
Según Padilla, si España hiciera públicos sus precios netos (que suelen ser bajos), las farmacéuticas tendrían un incentivo para retrasar la comercialización de fármacos en nuestro país con el fin de no hundir sus precios y márgenes de beneficio en el gigantesco mercado de Estados Unidos. El secretario de Estado argumenta que «la confidencialidad no protege a la industria, sino al valor superior del acceso al medicamento». Padilla sostiene que un país no puede actuar de forma aislada en materia de transparencia sin pruebas de que ello no provocará retrasos en la llegada de tratamientos críticos para los ciudadanos.
Esta situación ha generado lo que Civio califica como un «doble discurso» preocupante. Por un lado, Sanidad presume de transparencia al publicar informes sobre tiempos de financiación, pero, por otro lado, blinda por ley la opacidad sobre los costes reales. Mientras la industria y el Ministerio se alinean para proteger el margen de negociación frente a presiones externas como las de EEUU, la sociedad civil advierte que se está hurtando a la ciudadanía el derecho a saber cómo se gestionan sus impuestos en un ámbito tan sensible como la salud.
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