<p>El Gobierno quiere añadir un apartado 4 al artículo 43 de la Constitución Española para garantizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios. Este blindaje se justifica porque «<strong>la dimensión prestacional del derecho en la sanidad pública</strong>, en la cartera básica de servicios de la sanidad pública, es lo que está en riesgo». Así lo exponía la ministra de Igualdad, <a href=»https://www.elmundo.es/espana/ana-redondo.html» target=»_blank»>Ana Redondo</a>, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.</p>
Andalucía, Madrid y Extremadura son las las regiones que menos abortos realizaron en centros públicos en 2024. Por volumen, si las dos primeras realizaran un 50% de las prestaciones en la pública, pasarían éstas de un 21% a un 40% a nivel nacional
El Gobierno quiere añadir un apartado 4 al artículo 43 de la Constitución Española para garantizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios. Este blindaje se justifica porque «la dimensión prestacional del derecho en la sanidad pública, en la cartera básica de servicios de la sanidad pública, es lo que está en riesgo». Así lo exponía la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
«No está en riesgo la dimensión de libertad de este derecho», continuó Redondo, porque el Tribunal Constitucional «deja claro» que la dimensión individual de las mujeres «está conectada íntimamente con la dignidad de la persona humana, con el libre desarrollo de su personalidad».
Por su parte, la responsable de la cartera de Sanidad, Mónica García, manifestó en la sesión de control del Senado cómo el blindaje constitucional del aborto «a las mujeres mayor libertad sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas y sobre nuestras decisiones». Horas antes, en la red social X apuntó que el aborto «es un derecho que debemos proteger de cualquier intento de retroceso y garantizarlo de forma libre, segura, equitativa y gratuita en la sanidad pública de cualquier comunidad autónoma«.
Desde el Ejecutivo, y en concreto desde Sanidad, llevan tiempo buscando un impulso para que la prestación del aborto se realice de forma mayoritaria bajo el paraguas de la sanidad pública. Se trata de un gran desafío porque los datos, de momento, inclinan la balanza hacia la privada: un 78,74% frente al 21,25% en la red pública. Para García esta tendencia no es buena y el pasado octubre, durante la presentación del Informe 2015-2024 sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), mandó mensajes claros: «Por ejemplo, en Madrid, en los últimos 10 años, ha habido 162.000 interrupciones voluntarias del embarazo, de las cuales solo 177 se han hecho en hospitales públicos».
Las cifras que marcan la velocidad según comunidades son las siguientes, según el porcentaje de abortos realizados en centros públicos en 2024: por encima del 60% Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%) y Navarra (74,8%); entre el 20% y el 60%: Cataluña (55,1%), Baleares (45,4%) y Canarias (28,6%); menos del 20%: el resto de las comunidades y ciudades autónomas. Sanidad destaca las cifras particularmente bajas en Andalucía (0,2%), Comunidad de Madrid (0,47%), y la ausencia total de IVE en centros públicos en Extremadura, Ceuta y Melilla. No obstante, siete de cada 10 mujeres fueron informadas en centros sanitarios públicos.
Durante 2024, se notificaron un total de 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), un 2,98% más que el año anterior. La tasa de abortos se situó en 12,36 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, con incrementos en casi todas las comunidades; la excepción son Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, La Rioja y Ceuta.
Solo cuatro comunidades autónomas (Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra) superan el 75% de IVE en la sanidad pública, mientras que en 11 regiones y ciudades autónomas el porcentaje no llega al 10%, concluye el informe.
También se pone el acento en Madrid y Andalucía dado que junto a Cataluña son las tres CCAA que más abortos realizan, Si prestamos atención a las tres CCAA en las que se realizan más de la mitad de las IVE. Pero solo la tercera presenta una proporción importante de IVE realizadas en centros públicos (55,1%), mientras que las dos primeras (juntas no suman un 1%) presentan un sistema de interrupción del embarazo en centros privados de manera casi total. En contraposición, Navarra, Galicia y La Rioja, con una tasa baja de IVE, presentan un elevado porcentaje en centros públicos.
En este sentido, si Andalucía y Madrid realizaran un 50% de las prestaciones en centros públicos, el porcentaje a nivel nacional se duplicaría con respecto a la actualidad, oscilando en torno al 40%.
García también se apoyó en el tipo de método empleado para diferenciar entre público y privado. El uso del método farmacológico «es más seguro y menos invasivo. El porcentaje ya llega al 30%», adujo. Este método fue predominante en las comunidades con mayor proporción de IVE en centros públicos, como Cantabria (86,4%), Navarra (76,5%), La Rioja (68,2%) y Galicia (68,1%), lo que ha favorecido su implementación en el sistema público por su menor complejidad logística. En cambio, en regiones donde la prestación recae mayoritariamente en centros privados, como Andalucía y Madrid, predomina el quirúrgico, usado en el 86% y el 94% de los casos, respectivamente.
La radiografía advierte de que mantener la interrupción fuera de la red pública supone una doble privatización: por un lado, relega el aborto al ámbito de lo íntimo e individual, y por otro, lo desvincula del sistema nacional de salud al depender de proveedores privados. «Esta situación refuerza el estigma, invisibiliza la prestación y debilita el principio de universalidad que caracteriza al sistema público», sostiene.
En este informe también destaca un incremento más significativo de la tasa de incidencia en mujeres no residentes y que casi la mitad de las mujeres no empleaban métodos anticonceptivos en el momento de la concepción. La ministra de Sanidad, en la presentación de los datos, insistió en que «tres de cada cuatro interrupciones se efectuaron antes de las ocho semanas. Esto denota que se realizan de manera informada».
Otro de los puntos conflictivos de la prestación es la objeción de conciencia. Los registros de profesionales han enfrentado a Sanidad y las CCAA. Madrid ha sido la última en poner en marcha el listado, cumpliendo el mandato del auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obliga a la autonomía a crear el registro de sanitarios objetores al aborto de manera «inmediata». El pasado 1 de abril se iniciaron los procesos de administrativos necesarios para la elaboración e «implantación» del registro de profesionales objetores a realizar abortos, en cumplimiento de la normativa vigente.
La comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso ha sido la última en poner en marcha el registro. En octubre de 2025, cuando Sanidad hizo una radiografía de cómo estaba la prestación en nuestro país, Aragón, Asturias, Baleares y Madrid no tenían en marcha esta lista a la que el Consejo Interterritorial dio luz verde en diciembre de 2024. Esto llevó al departamento de García a enviar cartas a las CCAA con los requerimientos.
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