<p>La última sesión plenaria del <strong>Congreso </strong>antes del verano, en sesión extraordinaria, se ha centrado, en su segundo punto del orden del día, en el debate de las<strong> seis enmiendas del PP incorporadas por el Senado</strong> al <a href=»https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XV&_iniciativas_id=121/000054″><strong>Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) y se modifica la Ley 33/2011, General de Salud Pública.</strong></a> Ya solo falta la publicación del texto (<strong>con solo tres de la seis enmiendas incorporadas)</strong>, en el<i></i>Boletín Oficial del Estado (BOE).</p>
Tras su segundo trámite parlamentario, el texto se publicará ahora en el BOE. Solo pasaron el corte, con la abstención del PSOE, tres de las seis enmiendas que los populares añadieron en el Senado
La última sesión plenaria del Congreso antes del verano, en sesión extraordinaria, se ha centrado, en su segundo punto del orden del día, en el debate de las seis enmiendas del PP incorporadas por el Senado al Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) y se modifica la Ley 33/2011, General de Salud Pública. Ya solo falta la publicación del texto (con solo tres de la seis enmiendas incorporadas), en elBoletín Oficial del Estado (BOE).
En concreto, estas son las tres enmiendas aprobadas por la Cámara Baja, donde ha sido determinante la abstención socialista. Primera, a la disposición adicional tercera, sobre el nombramiento de la persona titular de la dirección de la Aesap, con 142 votos a favor, 50 en contra y 157 abstenciones. Se añade que «la propuesta deberá ser evaluada por el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud».
Segunda, a la disposición adicional (nueva), para regular la colaboración del sector farmacéutico y de productos sanitarios en la preparación y respuesta ante emergencias sanitarias. Ha obtenido 298 a favor, 50 en contra y 1 abstención.
Y, tercera, a la disposición final segunda, sobre la exención o aplicación de un coeficiente que eleve el precio de referencia para algunos medicamentos. Ha logrado 146 votos a favor, 51 en contra y 152 abstenciones. Aquí el texto añade que «la decisión de exención para un medicamento del sistema de precios de referencia o la aplicación de un coeficiente que eleve el precio de referencia de un medicamento se tomará en el seno de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, con la participación de las Comunidades Autónomas».
Antes de la votación, Carmen Martínez Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, ha explicado que esta Ley ha sido «ampliamente debatida y consensuada con casi todos los grupos de esta Cámara».
Acto seguido, ha detallado en qué aspectos han contemplado los requerimientos de las diferentes formaciones: «Hemos reforzado el marco competencial», para evitar las invasiones competenciales, anticipándose, según ha explicado, al Reglamento que posteriormente se va a desarrollar.
Dos de las enmiendas del PP se referían a disposiciones sobre medicamentos veterinarios que, según los populares, no son objeto de esta norma. Sin embargo, según Martínez Ramírez, esta Ley «abre también la puerta a negociar con el sector veterinario algunas de sus reivindicaciones. Y vemos con sorpresa cómo el PP, después de reunirse con ellos, ahora les da la espalda».
También asegura que se han consensuado modificaciones en la Ley para la elaboración de los planes de respuesta estatales y autonómicos, asegurando la interoperabilidad entre ellos.
Igualmente, «se ha añadido la innovación incremental, para mejorar el precio de los medicamentos estratégicos o aquellos que supongan una mejora para los pacientes», según pedían grupos como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido Popular, formación que se refiere a ello en su enmienda nueve (añade un párrafo a la disposición final segunda).
Asimismo, se ha referido a que desde el inicio de la tramitación se ha diseñado una estructura con independencia técnica, y así lo han reflejado en la disposición final quinta, que regula el Estatuto de la Aesap; han respondido así, según ha explicado, a la preocupación del PP por que exista participación de las autonomías en la gobernanza de la Agencia.
Dicha disposición dice textualmente que «el Estatuto concretará la incorporación en su Consejo Rector de representantes de las Comunidades Autónomas a propuesta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Además, determinará la estructura organizativa, así como los órganos de gobierno y órganos ejecutivo».
La participación de las autonomías preocupa mucho a los populares, como aclaró a este medio Rosa María Romero, senadora del Grupo Parlamentario Popular: «En la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos están las comunidades autónomas, pero es de forma rotatoria. Por eso queremos incidir en que se cuente más con ellas. Lo están reclamando, porque la financiación de estos medicamentos recae en su gestión», apostilló.
Sobre este punto, Martínez Ramírez ha sido así de clara: «Llama la atención que en el Senado sus compañeros les hayan enmendado la plana en una enmienda prescindible y superflua, porque las autonomías ya están representadas en el consejo rector».
Aunque ha incidido en que, a su juicio, responde a su «injustificada cruzada» contra Fernando Simón. Respecto al nombramiento del director, que centra la enmienda quinta del PP para modificar la disposición adicional tercera, destaca que «será por mérito y capacidad, y estará abierto al sector privado, como pedía el PP».
La diputada del PSOE ha recalcado que el PP, por «intereses partidistas», ha votado dos veces en contra de la Agencia, «a pesar de llevarla en su programa electoral y haberla apoyado en el dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social de la Cámara».
Por su parte, Elvira Velasco Morillo, diputada del Grupo Parlamentario Popular, ha reconocido que sí están comprometidos con que exista una Ley y una Agencia Estatal de Salud Pública, pero no quieren que se convierta en «un chiringuito del Gobierno, alejado del aval científico».
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