El Legislativo reactivó esta semana el Proyecto de Ley 453/2024, una ambiciosa reforma que busca implementar un Impuesto Consolidado al Oro (ICO) del 4,8% para formalizar la comercialización del metal. Sin embargo, la medida ha provocado el rechazo frontal de la Federación Nacional Cooperativas Mineras de Bolivia (Fedecomin) que, a pesar de mover miles de millones de dólares, goza históricamente de un régimen fiscal de excepción; en este contexto, para los analistas el tratamiento de la norma marca un punto de inflexión crítico en la compleja relación entre el Estado y el sector minero cooperativista.
El tratamiento de la norma presentada el 13 de marzo de 2025, por el entonces diputado Omar Yujra, fue reactivado esta semana en el Comité de Presupuesto, Política Tributaria y Contraloría de la Cámara de Diputados, instancia en la que participa la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Danitza Mejía, quien considera que el impuesto podría contribuir a fortalecer los ingresos fiscales en un contexto de presión sobre las finanzas públicas.
Para el analista económico Gonzalo Aparicio Alcalá, la reactivación del Proyecto de Ley 453/2024 en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) marca un punto de inflexión crítico en la compleja relación entre el Estado y el sector minero cooperativista. Desde una perspectiva económica, esta propuesta de crear un Impuesto Consolidado al Oro (ICO) con una alícuota del 4,8% no es simplemente una medida recaudatoria, sino un intento de formalizar y capturar una mayor renta de un sector que históricamente ha operado bajo un régimen tributario de excepción extremadamente laxo.
El contexto actual –dijo– es determinante considerando que Bolivia enfrenta una necesidad urgente de divisas y el oro se ha consolidado como el principal producto de exportación del país, superando incluso al gas natural. No obstante, existe una asimetría fiscal profunda. Mientras las empresas mineras privadas están sujetas a un Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) del 25%, más una alícuota adicional del 12,5%, el sector cooperativista —que domina la explotación aurífera en el norte de La Paz— ha tributado históricamente sumas marginales a través de regalías.
En ese sentido, el experto precisó que el ICO del 4,8% busca, en teoría, simplificar la carga impositiva en un solo tributo directo sobre la comercialización bruta, intentando que el Estado recupere una fracción más justa de un recurso natural no renovable en un momento de cotizaciones internacionales históricamente altas que, en la actualidad, se encuentran cerca de los $us 3.000 la onza.
El analista explicó que la oposición de la Fedecomin y su filial paceña, que recientemente se han declarado en emergencia, responde a una lógica de resistencia gremial ante la pérdida de privilegios. Los cooperativistas argumentan que la medida no ha sido consensuada y exigen el archivo del proyecto, planteando en su lugar la creación de un “impuesto único” bajo sus propios términos.
Desde el análisis económico, señaló que esta postura revela la enorme capacidad de presión política que tiene el sector; para ellos, cualquier incremento en la alícuota se percibe como una amenaza directa a su rentabilidad, la cual ya está presionada por el aumento de costos operativos y la logística en zonas de difícil acceso.
Por su parte, el economista y profesor universitario, Fernando Carvajal Soto, indicó que el conflicto no solo es fiscal, sino también estructural y ambiental. En la medida que el Banco Central de Bolivia (BCB) ha estado comprando oro local para fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN).
En este escenario, un impuesto mal diseñado o resistido por los productores podría desviar la venta del metal hacia el mercado negro o el contrabando hacia países vecinos, drenando la capacidad de la banca estatal de acumular reservas líquidas.
Por otra parte –precisó– el sector cooperativista es responsable de una huella ambiental masiva, especialmente por el uso de mercurio y la expansión sobre áreas protegidas (como el Madidi). “Una alícuota del 4,8% es considerada por muchos analistas y organismos como el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) como una ‘preferencia tributaria’ insuficiente para cubrir los costos de remediación ambiental que el Estado deberá asumir en el futuro”, dijo.
En ese entendido, para el entrevistado, la creación del ICO pretende ser un mecanismo de retención automática. Pero, si Fedecomin logra frenar la ley o reducir la alícuota, se perpetuará un modelo donde el Estado recibe “migajas”, aproximadamente entre $us 20 y 30 millones de una actividad que exporta más de $us 2.500 millones al año.
El economista, concluyó que la reactivación de esta ley es una prueba de fuego para la capacidad de gestión del Estado frente a sus aliados políticos históricos. Si el Gobierno cede ante la presión de la Federación Nacional Cooperativas Mineras de Bolivia, el mensaje económico será de debilidad institucional y de continuidad de un modelo extractivista con baja rentabilidad social. Por el contrario, una implementación exitosa del ICO del 4,8% podría significar el primer paso real hacia la transparencia de una cadena de suministro que en la actualidad es opaca, permitiendo que la riqueza del subsuelo se traduzca en una estabilidad macroeconómica más sólida para el país.
La entrada Legislativo reactivó impuesto del 4,8% y analistas ven punto de inflexión crítico se publicó primero en El Diario – Bolivia.
El Legislativo reactivó esta semana el Proyecto de Ley 453/2024, una ambiciosa reforma que busca implementar un Impuesto Consolidado al Oro (ICO) del 4,8% para formalizar la comercialización del metal. Sin embargo, la medida ha provocado el rechazo frontal de la Federación Nacional Cooperativas Mineras de Bolivia (Fedecomin) que, a pesar de mover miles de
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El Legislativo reactivó esta semana el Proyecto de Ley 453/2024, una ambiciosa reforma que busca implementar un Impuesto Consolidado al Oro (ICO) del 4,8% para formalizar la comercialización del metal. Sin embargo, la medida ha provocado el rechazo frontal de la Federación Nacional Cooperativas Mineras de Bolivia (Fedecomin) que, a pesar de mover miles de millones de dólares, goza históricamente de un régimen fiscal de excepción; en este contexto, para los analistas el tratamiento de la norma marca un punto de inflexión crítico en la compleja relación entre el Estado y el sector minero cooperativista.
El tratamiento de la norma presentada el 13 de marzo de 2025, por el entonces diputado Omar Yujra, fue reactivado esta semana en el Comité de Presupuesto, Política Tributaria y Contraloría de la Cámara de Diputados, instancia en la que participa la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Danitza Mejía, quien considera que el impuesto podría contribuir a fortalecer los ingresos fiscales en un contexto de presión sobre las finanzas públicas.
Para el analista económico Gonzalo Aparicio Alcalá, la reactivación del Proyecto de Ley 453/2024 en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) marca un punto de inflexión crítico en la compleja relación entre el Estado y el sector minero cooperativista. Desde una perspectiva económica, esta propuesta de crear un Impuesto Consolidado al Oro (ICO) con una alícuota del 4,8% no es simplemente una medida recaudatoria, sino un intento de formalizar y capturar una mayor renta de un sector que históricamente ha operado bajo un régimen tributario de excepción extremadamente laxo.
El contexto actual –dijo– es determinante considerando que Bolivia enfrenta una necesidad urgente de divisas y el oro se ha consolidado como el principal producto de exportación del país, superando incluso al gas natural. No obstante, existe una asimetría fiscal profunda. Mientras las empresas mineras privadas están sujetas a un Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) del 25%, más una alícuota adicional del 12,5%, el sector cooperativista —que domina la explotación aurífera en el norte de La Paz— ha tributado históricamente sumas marginales a través de regalías.
En ese sentido, el experto precisó que el ICO del 4,8% busca, en teoría, simplificar la carga impositiva en un solo tributo directo sobre la comercialización bruta, intentando que el Estado recupere una fracción más justa de un recurso natural no renovable en un momento de cotizaciones internacionales históricamente altas que, en la actualidad, se encuentran cerca de los $us 3.000 la onza.
El analista explicó que la oposición de la Fedecomin y su filial paceña, que recientemente se han declarado en emergencia, responde a una lógica de resistencia gremial ante la pérdida de privilegios. Los cooperativistas argumentan que la medida no ha sido consensuada y exigen el archivo del proyecto, planteando en su lugar la creación de un “impuesto único” bajo sus propios términos.
Desde el análisis económico, señaló que esta postura revela la enorme capacidad de presión política que tiene el sector; para ellos, cualquier incremento en la alícuota se percibe como una amenaza directa a su rentabilidad, la cual ya está presionada por el aumento de costos operativos y la logística en zonas de difícil acceso.
Por su parte, el economista y profesor universitario, Fernando Carvajal Soto, indicó que el conflicto no solo es fiscal, sino también estructural y ambiental. En la medida que el Banco Central de Bolivia (BCB) ha estado comprando oro local para fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN).
En este escenario, un impuesto mal diseñado o resistido por los productores podría desviar la venta del metal hacia el mercado negro o el contrabando hacia países vecinos, drenando la capacidad de la banca estatal de acumular reservas líquidas.
Por otra parte –precisó– el sector cooperativista es responsable de una huella ambiental masiva, especialmente por el uso de mercurio y la expansión sobre áreas protegidas (como el Madidi). “Una alícuota del 4,8% es considerada por muchos analistas y organismos como el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) como una ‘preferencia tributaria’ insuficiente para cubrir los costos de remediación ambiental que el Estado deberá asumir en el futuro”, dijo.
En ese entendido, para el entrevistado, la creación del ICO pretende ser un mecanismo de retención automática. Pero, si Fedecomin logra frenar la ley o reducir la alícuota, se perpetuará un modelo donde el Estado recibe “migajas”, aproximadamente entre $us 20 y 30 millones de una actividad que exporta más de $us 2.500 millones al año.
El economista, concluyó que la reactivación de esta ley es una prueba de fuego para la capacidad de gestión del Estado frente a sus aliados políticos históricos. Si el Gobierno cede ante la presión de la Federación Nacional Cooperativas Mineras de Bolivia, el mensaje económico será de debilidad institucional y de continuidad de un modelo extractivista con baja rentabilidad social. Por el contrario, una implementación exitosa del ICO del 4,8% podría significar el primer paso real hacia la transparencia de una cadena de suministro que en la actualidad es opaca, permitiendo que la riqueza del subsuelo se traduzca en una estabilidad macroeconómica más sólida para el país.
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