<p>Hay una ley, <strong>un protocolo de actuación del Sistema Nacional de Salud de 2023 </strong>y un buen puñado <strong>de guías autonómicas</strong> para que los profesionales sanitarios sepan cómo actuar frente a <strong>la violencia</strong> hacia la infancia y la adolescencia. <strong>La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia</strong> «ha sido una ley pionera en España y Europa, que se aprobó con mayorías aplastantes en el Congreso y en el Senado», asegura<strong> Ignacio Pérez Candás,</strong> pediatra y coordinador del Grupo de Pediatría Social y Comunitaria de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap).</p>
Tres médicos del grupo de Pediatría social y Comunitaria de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) reclaman más dotación presupuestaria y recursos en la detección de la violencia contra niños, niñas y adolescentes
Hay una ley, un protocolo de actuación del Sistema Nacional de Salud de 2023 y un buen puñado de guías autonómicas para que los profesionales sanitarios sepan cómo actuar frente a la violencia hacia la infancia y la adolescencia. La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia «ha sido una ley pionera en España y Europa, que se aprobó con mayorías aplastantes en el Congreso y en el Senado», asegura Ignacio Pérez Candás, pediatra y coordinador del Grupo de Pediatría Social y Comunitaria de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap).
¿Qué falta, entonces, para que la detección y el seguimiento de la violencia en los menores se instale de manera clara en los servicios sanitarios? «Tenemos una ley maravillosa que está infra presupuestada, con el riesgo de que quede en aguas de borrajas. Por ejemplo, no hay un número suficiente de enfermeros que se dediquen a la Pediatría», señala Pérez Candás. Así que hace falta más inversión en recursos, para, entre otras acciones, formar a los profesionales que deben aplicar los citados protocolos y que, «muchos de ellos no los conocen».
Ainhoa Zabaleta Rueda, médica especialista de Pediatría y sus áreas específicas de Pasaia (Guipuzkoa), y vocal del grupo de Pediatría Social y Comunitaria de la AEPap, explica que «la falta conocimiento de estos protocolos de intervención ante la violencia por parte de los profesionales sanitarios y, además, hay una escasa formación sobre el impacto que tiene la violencia machista tanto en las mujeres como en los niños, niñas y adolescentes. En los dos últimos años tanto en el sistema de salud de La Rioja, como en el de Euskadi, hemos publicado dos protocolos específicos para saber cómo prevenir, identificar y actuar ante niños y niñas en situación de violencia de género familiar».
También la Comunidad de Madrid cuenta con un protocolo de atención a niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, que presentó la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, el lunes, 25 de noviembre, en el Hospital Niño Jesús de Madrid, y que se pondrá en marcha el primer trimestre del 2025.
Narcisa Palomino Urda, pediatra de Granada y miembro del mismo grupo de la AEPap, señala que «la intervención más necesaria para una actuación precoz es la formación de los profesionales, desde las instituciones: pediatras, enfermería, matronas, trabajadoras sociales, etcétera».
Zabaleta Rueda expone que «salvo que el niño, niña o adolescentes presenten signos directos de violencia física clara o nos lo cuente, la violencia de género y la violencia vicaria pueden adquirir diversa formas: el abandono de la medicación que ha de tomar el niño; no acudir a las consultas; un abandono de las necesidades básicas de higiene y alimentación, si refiere que recibe insultos y amenazas…»
Esta experta detalla que «en la mayoría de los casos no vamos a observar signos directos, sino las consecuencias de una situación de maltrato que viven los niños, niñas y adolescentes. Como pueden ser problemas para dormir, problemas para comer, cambios de humor, empeoramiento de las calificaciones escolares, dificultad para relacionarse con los amigos… Además, que empiezan a tener situaciones de riesgo, como contacto con drogas, situaciones sexuales con riesgo, consumo de alcohol, cambios de humor…».
Por eso resulta vital la observación de los síntomas inespecíficos, «que puede deberse a que están viviendo en su casa una situación de violencia de género o porque están sufriendo bullying, una separación de sus padres u otro tipo de preocupación. Pero, ante estos signos, los profesionales debemos tener en mente la posibilidad de que el niño esté sufriendo violencia y tenemos la obligación de indagar en esta posibilidad», insiste Zabaleta Rueda.
En este sentido, esta pediatra recuerda que «independientemente de que sufran agresiones físicas o de que sean testigos en ese momento. Son víctimas siempre». Porque tras este suceso, «va a haber una consecuencia en la crianza y en el apego que hace ese niño o niña con su madre o padre, porque viven las consecuencias de los golpes, de las humillaciones, viven con el miedo, están con la alerta de cuándo el padre o madre entra en casa. A veces, sienten la necesidad de proteger a la madre o, a veces, se sienten al lado del padre, para ponerse en el lado fuerte, y así no permitir a la madre avanza en la discusión. Los niños lo pueden vivir de manera muy distinta y los traumas psicológicos son terribles y perduran durante toda la vida».
Y no deja de apuntar a las tareas en educación, sensibilización y formación en relación a la violencia de género, a las desigualdades de género y a las desigualdades machistas, en general que tiene la sociedad. «No se trata de casos aislados, sino de que hay todo un sistema, una estructura social basada en el machismo, que tiene un impacto directo en la salud de mujeres, niños, niñas y adolescentes», recuerda Zabaleta Rueda.
Además, continua con la idea de la importancia en la coordinación entre distintos niveles. «Son casos que no vamos a poder llevar solo desde la consulta. Tendremos que trabajar de manera coordinada, interna con los distintos profesionales de la salud, como pueden ser enfermeras y médicas de familia, pediatras, matronas, profesionales de Urgencias, pero también contando con las trabajadoras sociales comunitarias, juzgados y policía. Y tener entre nosotros grupos de trabajo previos para poder tratar cada caso», remacha la pediatra vasca.
El lunes, 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Defensor del Pueblo publicó un informe titulado «Violencia vicaria de género. Las otras víctimas». El documento recordaba un dato: 63 menores han sido asesinados por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres, desde 2013, son las víctimas más extremas de la violencia vicaria.
Pediatras, médicos de Familia, médicos de Urgencias y Forense son interpelados en este texto en varios apartados. Son profesionales clave para atajar esta problemática. Como aclara la pediatra Narcisa Palomino: «Los profesionales de la salud notificamos la situación de sospecha o certeza de violencia. No denunciamos, se trata de una puesta en conocimiento de la situación».
Cuando se pone en marcha la intervención judicial, el Defensor del Pueblo recuerda en su informa que se debe velar por el interés superior del menor. Para ello, pide «asegurar la formación y mayor cualificación de los profesionales que evalúan a los menores y a sus padres y madres, bien en los institutos de medicina legal, en las entidades colaboradoras o en los servicios de intervención, como los puntos de encuentro familiar, o bien en los servicios familiares de mediación». En definitiva, la formación de los sanitarios en violencia contra los menores es todavía una asignatura pendiente o, al menos, en la que se debe invertir más recursos.
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