Con la vista puesta en recrudecer las protestas en septiembre, los médicos cierran el curso con 32 días de huelgas nacionales que no han frenado la reforma sanitaria laboral que ya tramita el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El rechazo del colectivo de más de 177.000 médicos y facultativos al Anteproyecto del Estatuto Marco le está costando cientos de millones de euros a las arcas de las comunidades autónomas, «engorda» las listas de espera e impacta en la calidad asistencial de los pacientes.
Millones de actos médicos reprogramados y un recibo que superará los 400 millones de euros son el coste del choque de 177.000 médicos contra el anteproyecto del Estatuto Marco de Sanidad
Con la vista puesta en recrudecer las protestas en septiembre, los médicos cierran el curso con 32 días de huelgas nacionales que no han frenado la reforma sanitaria laboral que ya tramita el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El rechazo del colectivo de más de 177.000 médicos y facultativos al Anteproyecto del Estatuto Marco le está costando cientos de millones de euros a las arcas de las comunidades autónomas, «engorda» las listas de espera e impacta en la calidad asistencial de los pacientes.
La responsable de Sanidad, Mónica García, llevó al Consejo de Ministros el polémico texto para dar el pistoletazo a su tramitación en el año que resta de legislatura. «Este Gobierno ha hecho su trabajo». Esta frase se ha convertido en el mantra de García, que defiende que «es la primera reforma laboral sanitaria en 23 años enfocada en mejorar las condiciones laborales».
«El Estatuto Marco recoge, dentro de sus competencias, todas las reivindicaciones de los profesionales, todas las reivindicaciones y malestares legítimos que puede recoger estatuto básico estatal» para poner límites y armonizar de alguna manera que un profesional en Galicia trabaje con las mismas condiciones que otro en Murcia, Madrid o Barcelona, explicó la ministra en la sede del ministerio el viernes.
Hace una semana, las CCAA se enfrentaron a la ministra, que se quedó sola con «su anteproyecto». Todas las regiones tanto del PP como del PSOE salvo Cataluña (pese a compartir en «espíritu» el contenido reivindicativo), firmaron una carta en la que se reclamaba la apertura «con urgencia de un proceso de diálogo real». Ese paso no se ha dado. Y eso ha empujado al Comité de Huelga Médica a intensificar las protestas: a partir de septiembre los paros serán indefinidos.
El texto en tramitación tampoco cuenta ya siquiera con el apoyo de los sindicatos con los que pactó el borrador de la norma en enero. Desde Satse, el colectivo que representa a más de 227.000 profesionales de enfermería del Sistema Nacional de Salud, se ha calificado de «traición institucional» y «atropello injustificado» y se ha puesto sobre la mesa la amenaza de huelga.
No hay una cifra exacta, pero supera los 400 millones de euros solo con datos completos de cuatro regiones. Los cálculos son aproximados y a la baja, porque no todas las autonomías han hecho pública la factura y no todos miden temporalmente igual la repercusión. Canarias, solo hasta mayo, apuntaba que el coste superaría los 200 millones; Andalucía, los 173 millones; Baleares, los 10 millones; Madrid, con datos hasta junio, casi 19 millones; La Rioja ha llegado a comunicar unos 10 millones; Aragón, 3 millones hasta abril; y Castilla y León cifraba en más de 56 millones solo los paros hasta mayo.
Por ello, el cargo final podría superar los 1.000 millones al cierre de la quinta semana de huelga nacional, como informa Cristina Ruiz en Diario Médico. Una cantidad que bien podría suponer el 1% de todo el gasto sanitario público anual del país (101.739 millones de euros, según Sanidad), que podría destinarse a construir de cero dos o tres hospitales públicos grandes y modernos completamente equipados o pagar el gasto total de medicamentos recetados por la sanidad pública para toda España durante un mes entero.
En la misiva acordada entre las 16 comunidades y entregada a Sanidad en el último Consejo Interterritorial de junio, se recoge que «son las CCAA las que están sufriendo las consecuencias organizativas y asistenciales en sus respectivos territorios». Ante esto, señalaban que están actuando con responsabilidad para asegurar la continuidad de la atención sanitaria a los ciudadanos.
Las listas de espera «van a crecer», sostenían los médicos en la concentración del pasado lunes a las puertas del Ministerio de Sanidad. A sabiendas del impacto que tiene la huelga, «no vamos a ceder y nos veremos abocados a seguir a la vuelta del verano», advertía José María Molero, médico de Familia y Comunitaria y secretario general de SIME (sindicato médico federado en CSIT Unión Profesional).
Desde junio de 2025, en los días de huelga se han cancelado y reprogramado más de tres millones de actos médicos, entre consultas, cirugías y pruebas médicas. Esta cifra es aproximada, dado que al cierre de esta edición muchas regiones no tenían el cómputo global actualizado. Algunas comunidades, como Navarra y País Vasco, han ido «recolocando» a los pacientes en las agendas a lo largo de los últimos meses y pueden afirmar que se «han recuperado» citas perdidas. Desde el servicio vasco de salud, Osakidetza, se han hecho las cuentas y han sumado 15 días «extra» a las listas de espera.
A esto se ha añadido desde el mes de junio la negativa de algunas CCAA ha hacer actividad asistencial extra (normalmente por las tardes). Cataluña, Madrid, La Rioja, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, Murcia y Galicia tienen servicios de hospitales que secundan este tipo de protestas.
Desde las consultas se asume la cronicidad del problema. La presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar, reclamó este jueves una «salida urgente, transparente y dialogada» de la huelga de médicos por el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario del sistema sanitario, ya que los pacientes «lo estamos sufriendo».
En los últimos seis meses, el CIS no ha preguntado directamente por el impacto de la huelga, pero mensualmente pregunta por la sanidad a los españoles y esta suele estar entre los cinco problemas que más preocupan a la población.
Por otro lado, los datos del Barómetro Sanitario reflejan una paradoja muy clara: la ciudadanía castiga la gestión del sistema (listas de espera, retrasos), pero premia con notas excelentes a sus profesionales. Esta encuesta anual revisa la percepción de la población del sistema sanitario. Mientras el deterioro del sistema cada vez es más patente, los sanitarios son, año tras año, el pilar mejor valorado de toda la encuesta.
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