El sindicato de trabajadores del municipio de Santa Cruz de la Sierra solicitó a la Justicia que se emita una orden de aprehensión en contra del alcalde Jhonny Fernández.
La dirigencia señala que existe una deuda de 22 millones de bolivianos que deben ser pagados por el municipio, esto debido a que no se cumplió con el incremento salarial del 3% decretado por el Gobierno nacional para esta gestión.
Además, solicitan que se pague el bono de refrigerio que, según su versión, ganaron en un laudo arbitral.
En un documento al que accedió la red UNITEL, firmado por Patricia Casanova, ejecutiva del sindicato, se pide al juez pueda ordenar el mandamiento de aprehensión en contra de la autoridad edil y además fije su arraigo.
Al respecto, Fernández respondió que en el decreto del incremento salarial “dice que es optativo por las entidades públicas”, y que “ellos (trabajadores) dicen queremos que nos aumenten, han ido por una instancia judicial, ahora nosotros hemos apelado y esperaremos que llegue el resultado de lo que ha sido esta apelación al Tribunal Constitucional”.
“Si el Tribunal Constitucional dice páguese lo que se está cobrando, lo vamos a pagar. Si el Tribunal Constitucional dice no, esperen, verifiquen, o que queremos mirar las contrapartes, es otro camino también que se puede dar”, señaló el alcalde en conferencia de prensa remarcando que se cumplirá lo que determine el TCP.
UNITEL
El sindicato de trabajadores del municipio de Santa Cruz de la Sierra solicitó a la Justicia que se emita una orden de aprehensión en contra del alcalde Jhonny Fernández. La dirigencia señala que existe una deuda de 22 millones de bolivianos que deben ser pagados por el municipio, esto debido a que no se cumplió con el
El sindicato de trabajadores del municipio de Santa Cruz de la Sierra solicitó a la Justicia que se emita una orden de aprehensión en contra del alcalde Jhonny Fernández.
La dirigencia señala que existe una deuda de 22 millones de bolivianos que deben ser pagados por el municipio, esto debido a que no se cumplió con el incremento salarial del 3% decretado por el Gobierno nacional para esta gestión.
Además, solicitan que se pague el bono de refrigerio que, según su versión, ganaron en un laudo arbitral.
En un documento al que accedió la red UNITEL, firmado por Patricia Casanova, ejecutiva del sindicato, se pide al juez pueda ordenar el mandamiento de aprehensión en contra de la autoridad edil y además fije su arraigo.
Al respecto, Fernández respondió que en el decreto del incremento salarial “dice que es optativo por las entidades públicas”, y que “ellos (trabajadores) dicen queremos que nos aumenten, han ido por una instancia judicial, ahora nosotros hemos apelado y esperaremos que llegue el resultado de lo que ha sido esta apelación al Tribunal Constitucional”.
“Si el Tribunal Constitucional dice páguese lo que se está cobrando, lo vamos a pagar. Si el Tribunal Constitucional dice no, esperen, verifiquen, o que queremos mirar las contrapartes, es otro camino también que se puede dar”, señaló el alcalde en conferencia de prensa remarcando que se cumplirá lo que determine el TCP.
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