En un contexto electoral marcado por la crisis económica y la carrera por captar apoyos del empresariado, la Fundación Tierra advirtió que las propuestas del sector agroindustrial, asumidas sin cuestionamiento por varios candidatos, apuntan a profundizar un modelo extractivista que promueve el uso extendido de transgénicos, la expansión de biocombustibles y el blindaje legal de la tierra.
“Hablan de fortalecer la seguridad jurídica, pero en realidad buscan frenar cualquier fiscalización sobre el uso real de la propiedad agraria”, alertó el director de la institución, Juan Pablo Chumacero, durante el foro nacional “Elecciones y agroexportación… ¿Una respuesta viable y sostenible a la crisis?, que se realizó el pasado 22 de julio.
En junio, los agropecuarios de Santa Cruz organizaron el Foro Agropecuario 2025, en el que presentaron sus demandas y propuestas que giran alrededor del uso de semillas transgénicas, libre exportación de productos, eliminación de cupos, desarrollo de biocombustibles y el fortalecimiento de la seguridad jurídica sobre la tierra.
“La mayoría de los candidatos con mayor intención de voto se alinearon sin reservas con los cinco puntos troncales que plantea el sector agroindustrial”, afirmó Chumacero, quien resaltó que lo referido al fortalecimiento de la seguridad jurídica sobre la tierra, “es una forma elegante de decir que quieren frenar cualquier fiscalización o verificación sobre el uso real de la propiedad agraria”.
Chumacero cuestionó las intervenciones de postulantes como Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa en el foro de Santa Cruz. “Lo hicieron con un nivel de adhesión tal que parecería que el programa de gobierno lo redactó directamente el empresariado agroexportador”, ironizó.
Además, subrayó que mientras los discursos prometen “duplicar la producción de soya y triplicar la de maíz sin ampliar una sola hectárea de la frontera agrícola”, empleando para ello la biotecnología, en la práctica, buen parte de la actual producción de soya y maíz en Santa Cruz emplea semillas transgénicas no permitidas que entran de contrabando y a pesar de ello, no se evidencia un salto importante en términos de rendimientos.
Según su análisis, el crecimiento proyectado por los empresarios no se basa en datos reales. “Hablan de un salto tecnológico, pero los rendimientos no han aumentado significativamente. El verdadero impacto de los transgénicos es que reducen los costos de producción y elevan las ganancias de los grandes productores, no que beneficien al país en términos de seguridad alimentaria”.
La preocupación por el contexto económico fue central en su intervención. Chumacero trazó un panorama alarmante: caída de ingresos por exportaciones de gas, escasez de dólares, inflación y dependencia casi total de combustibles importados. “El país está atrapado en un ciclo negativo de deterioro constante. La respuesta que plantean las alianzas políticas es recurrir a préstamos multimillonarios y medidas de ajuste fiscal, pero nadie habla de cómo va a impactar eso en los bolsillos de la gente”, advirtió. “Estamos al borde del colapso y las soluciones que se ofrecen tienen un altísimo costo social: pobreza, informalidad, desempleo. ¿Quién va a pagar ese precio?”.
En ese marco, el papel que se le otorga al agro como motor de reactivación económica aparece como una apuesta transversal en las propuestas. Pero, según el economista, “nadie quiere hablar del costo ambiental”. Chumacero recordó que los tres pilares productivos priorizados por los candidatos —minerales, hidrocarburos y agroindustria— son también los que más deforestación, contaminación y conflictividad ambiental han generado.
“Hay una ausencia casi total de propuestas serias sobre mitigación de impactos. Ni una sola candidatura plantea cómo enfrentar los efectos de este modelo sobre los recursos hídricos, los territorios indígenas o las áreas protegidas”, denunció.
Uno de los puntos más críticos de su intervención fue la situación de los avasallamientos de tierras. “No solo se avasallan propiedades privadas, también territorios indígenas, áreas protegidas, tierras fiscales. Lo grave es que la información que permite esos avasallamientos proviene del propio Estado. Los grupos acceden por canales subterráneos a datos sobre tierras en litigio o sin titularidad clara”, afirmó, al señalar que esta práctica se vincula con redes de tráfico de tierras, violencia armada y hasta narcotráfico. “No conocemos ni un solo caso de alguien encarcelado por avasallar tierras. Hay procesos, sí, pero no hay sanción. Hay impunidad total”.
Sobre la función económica social (FES) de la tierra —obligación legal de que las propiedades agrarias cumplan un rol productivo o de conservación—, Chumacero fue enfático: “El empresariado pide suspender su verificación por 10 años. Eso equivale a legalizar el uso especulativo de la tierra. Pero la tierra no es un bien como un auto o una casa. Es un bien común, debe cumplir una función que beneficie al país”.
En relación al impulso estatal a los biocombustibles, también criticó las contradicciones. “Se apostó por la palma africana en el norte de La Paz y fue un fracaso rotundo. A finales del 2024 no había ni 50 hectáreas sembradas. Ahora quieren destinar millones a sembrar soya en la misma zona. Pero si la soya es el principal producto de exportación que nos permitiría obtener dólares, ¿qué sentido tiene emplearla en forma de biodiésel en vez de venderla al exterior?”, se preguntó.
Finalmente, lanzó una advertencia sobre la dirección que está tomando el debate electoral: “Hay un riesgo enorme de que los derechos de las poblaciones más vulnerables —campesinos, indígenas, mujeres, niños— se subordinen por completo a la lógica económica. Si no recuperamos la institucionalidad y no exigimos propuestas serias, nos espera un escenario de mayor desigualdad y deterioro”.
“No hay salida fácil. Pero lo mínimo que la clase política debería ofrecernos es honestidad sobre los impactos reales de sus propuestas. Porque lo que está en juego no es solo la economía, es el futuro del país”, concluyó. (Fundación Tierra)
La entrada Plan agroindustrial busca tierra sin control y más transgénicos se publicó primero en El Diario – Bolivia.
En un contexto electoral marcado por la crisis económica y la carrera por captar apoyos del empresariado, la Fundación Tierra advirtió que las propuestas del sector agroindustrial, asumidas sin cuestionamiento por varios candidatos, apuntan a profundizar un modelo extractivista que promueve el uso extendido de transgénicos, la expansión de biocombustibles y el blindaje legal de
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En un contexto electoral marcado por la crisis económica y la carrera por captar apoyos del empresariado, la Fundación Tierra advirtió que las propuestas del sector agroindustrial, asumidas sin cuestionamiento por varios candidatos, apuntan a profundizar un modelo extractivista que promueve el uso extendido de transgénicos, la expansión de biocombustibles y el blindaje legal de la tierra.
“Hablan de fortalecer la seguridad jurídica, pero en realidad buscan frenar cualquier fiscalización sobre el uso real de la propiedad agraria”, alertó el director de la institución, Juan Pablo Chumacero, durante el foro nacional “Elecciones y agroexportación… ¿Una respuesta viable y sostenible a la crisis?, que se realizó el pasado 22 de julio.
En junio, los agropecuarios de Santa Cruz organizaron el Foro Agropecuario 2025, en el que presentaron sus demandas y propuestas que giran alrededor del uso de semillas transgénicas, libre exportación de productos, eliminación de cupos, desarrollo de biocombustibles y el fortalecimiento de la seguridad jurídica sobre la tierra.
“La mayoría de los candidatos con mayor intención de voto se alinearon sin reservas con los cinco puntos troncales que plantea el sector agroindustrial”, afirmó Chumacero, quien resaltó que lo referido al fortalecimiento de la seguridad jurídica sobre la tierra, “es una forma elegante de decir que quieren frenar cualquier fiscalización o verificación sobre el uso real de la propiedad agraria”.
Chumacero cuestionó las intervenciones de postulantes como Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa en el foro de Santa Cruz. “Lo hicieron con un nivel de adhesión tal que parecería que el programa de gobierno lo redactó directamente el empresariado agroexportador”, ironizó.
Además, subrayó que mientras los discursos prometen “duplicar la producción de soya y triplicar la de maíz sin ampliar una sola hectárea de la frontera agrícola”, empleando para ello la biotecnología, en la práctica, buen parte de la actual producción de soya y maíz en Santa Cruz emplea semillas transgénicas no permitidas que entran de contrabando y a pesar de ello, no se evidencia un salto importante en términos de rendimientos.
Según su análisis, el crecimiento proyectado por los empresarios no se basa en datos reales. “Hablan de un salto tecnológico, pero los rendimientos no han aumentado significativamente. El verdadero impacto de los transgénicos es que reducen los costos de producción y elevan las ganancias de los grandes productores, no que beneficien al país en términos de seguridad alimentaria”.
La preocupación por el contexto económico fue central en su intervención. Chumacero trazó un panorama alarmante: caída de ingresos por exportaciones de gas, escasez de dólares, inflación y dependencia casi total de combustibles importados. “El país está atrapado en un ciclo negativo de deterioro constante. La respuesta que plantean las alianzas políticas es recurrir a préstamos multimillonarios y medidas de ajuste fiscal, pero nadie habla de cómo va a impactar eso en los bolsillos de la gente”, advirtió. “Estamos al borde del colapso y las soluciones que se ofrecen tienen un altísimo costo social: pobreza, informalidad, desempleo. ¿Quién va a pagar ese precio?”.
En ese marco, el papel que se le otorga al agro como motor de reactivación económica aparece como una apuesta transversal en las propuestas. Pero, según el economista, “nadie quiere hablar del costo ambiental”. Chumacero recordó que los tres pilares productivos priorizados por los candidatos —minerales, hidrocarburos y agroindustria— son también los que más deforestación, contaminación y conflictividad ambiental han generado.
“Hay una ausencia casi total de propuestas serias sobre mitigación de impactos. Ni una sola candidatura plantea cómo enfrentar los efectos de este modelo sobre los recursos hídricos, los territorios indígenas o las áreas protegidas”, denunció.
Uno de los puntos más críticos de su intervención fue la situación de los avasallamientos de tierras. “No solo se avasallan propiedades privadas, también territorios indígenas, áreas protegidas, tierras fiscales. Lo grave es que la información que permite esos avasallamientos proviene del propio Estado. Los grupos acceden por canales subterráneos a datos sobre tierras en litigio o sin titularidad clara”, afirmó, al señalar que esta práctica se vincula con redes de tráfico de tierras, violencia armada y hasta narcotráfico. “No conocemos ni un solo caso de alguien encarcelado por avasallar tierras. Hay procesos, sí, pero no hay sanción. Hay impunidad total”.
Sobre la función económica social (FES) de la tierra —obligación legal de que las propiedades agrarias cumplan un rol productivo o de conservación—, Chumacero fue enfático: “El empresariado pide suspender su verificación por 10 años. Eso equivale a legalizar el uso especulativo de la tierra. Pero la tierra no es un bien como un auto o una casa. Es un bien común, debe cumplir una función que beneficie al país”.
En relación al impulso estatal a los biocombustibles, también criticó las contradicciones. “Se apostó por la palma africana en el norte de La Paz y fue un fracaso rotundo. A finales del 2024 no había ni 50 hectáreas sembradas. Ahora quieren destinar millones a sembrar soya en la misma zona. Pero si la soya es el principal producto de exportación que nos permitiría obtener dólares, ¿qué sentido tiene emplearla en forma de biodiésel en vez de venderla al exterior?”, se preguntó.
Finalmente, lanzó una advertencia sobre la dirección que está tomando el debate electoral: “Hay un riesgo enorme de que los derechos de las poblaciones más vulnerables —campesinos, indígenas, mujeres, niños— se subordinen por completo a la lógica económica. Si no recuperamos la institucionalidad y no exigimos propuestas serias, nos espera un escenario de mayor desigualdad y deterioro”.
“No hay salida fácil. Pero lo mínimo que la clase política debería ofrecernos es honestidad sobre los impactos reales de sus propuestas. Porque lo que está en juego no es solo la economía, es el futuro del país”, concluyó. (Fundación Tierra)
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