La Cámara Agropecuaria del Oriente, la Cámara Departamental de Exportadores, la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (CANIOB), la Cámara de Transporte y la Cámara de Industria, Comercio y Servicios, junto al Comité Pro Santa, rechazan el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y las intervenciones a los ingenios arroceros, realizadas el pasado fin de semana.
Las instituciones representativas de la cadena alimentaria y productiva del país (CADEX, CAO, Gremiales, Cámara de Transporte, CANIOB, CAINCO) junto al Comité Pro Santa Cruz, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al proyecto del Presupuesto General del Estado 2025 porque atenta gravemente a la estabilidad macroeconómica, la seguridad alimentaria y jurídica de todos los bolivianos, señala el comunicado.
De igual forma, nos inquietan las acciones que ha tomado arbitrariamente el Gobierno Nacional de suspender unilateralmente las exportaciones de aceite y la intervención abusiva de los ingenios arroceros. Rechazamos de manera contundente estas acciones porque van en detrimento del sector, la población y de la obtención de dólares, sostienen.
Como se recordará, el pasado fin de semana, en la ciudad de Montero, la policía y autoridades de gobierno intervinieron varios ingenios arroceros con el so pretexto de luchar contra el agio y la especulación, e iniciaron la clausura. Los trabajadores se opusieron.
En las redes sociales se observa la fuerte crítica a la actitud del gobierno pues al no tener plata para comprar productos para que venda la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), realiza decomisos de comerciantes, y ahora de empresas, que lo vende al mismo precio del mercado.
Un Llamado Urgente a la Reflexión
La represión y las restricciones económicas no garantizan el abastecimiento de alimentos. Al contrario, obstaculizan la producción, desaceleran la economía y ponen en riesgo el acceso a productos básicos, advierten las entidades productivas.
El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce), Gary Rodríguez, la semana pasada llamó a la reflexión a las autoridades de gobierno, tras el freno puesto a la venta de aceite al mercado exterior, ya que en un momento en que Bolivia requiere divisas, se toman acciones para hacer todo lo contrario.
Ejemplos recientes como la prohibición de exportaciones de aceite y la intervención de ingenios arroceros no reducen los precios de la canasta familiar, sino que generan escasez e incertidumbre a los productores y comercializadores, sostienen.
18 años de Políticas Contraproducentes
El sector productivo lamenta que desde hace casi dos décadas, las políticas restrictivas, como los límites impuestos a las exportaciones, las bandas de precios fijadas y los cupos establecidos, lejos de cumplir con su objetivo, han provocado un aumento de la dependencia de productos importados.
“Ahora, enfrentamos una escalada de precios debido a la falta de dólares y a un contexto de incertidumbre económica que afecta al pueblo boliviano, tanto a productores como a consumidores”, señalan.
La forma correcta de solucionar esos problemas es con políticas fiscales, monetarias y cambiarias, que corrijan el grave desequilibrio macroeconómico causado por las políticas erradas del Gobierno Nacional que por años han incentivado el contrabando. El país necesita soluciones inmediatas y contundentes, exigen.
Rechazo
El sector productivo exige soluciones concretas. Entre tanto, rechazan el proyecto del Presupuesto 2025 mientras no incluya medidas y soluciones para la crisis económica que vive el país y afecta a la población, comenzando por la eliminación inmediata de la cláusula transitoria séptima de la propuesta gubernamental.
Exigen garantizar la seguridad jurídica para reactivar la inversión y fortalecer las cadenas productivas, dejando de lado acciones arbitrarias, como la prohibición de las exportaciones y la confiscación de productos.
También piden una solución definitiva al desabastecimiento de diésel, elemento clave para mantener la producción en marcha; y fomentar políticas que incrementen la oferta de productos y permitan la generación de dólares, esenciales para la estabilidad del país.
Por el Futuro de Bolivia
“Nos declaramos en estado de emergencia y en reunión permanente para defender la seguridad alimentaria y los derechos de las familias bolivianas, en especial la estabilidad económica. No permitiremos que decisiones políticas mal diseñadas debiliten aún más el tejido productivo del país”, manifiestan.
Exigen al Gobierno Nacional y a la Asamblea Legislativa a priorizar las soluciones que beneficien a todos los bolivianos. “Nosotros, como instituciones representativas, reafirmamos nuestro compromiso con la generación de empleo, el fortalecimiento del aparato productivo y la construcción de un país más justo y próspero”, concluye el comunicado, presentado por los representantes de las institucione productivas.
La entrada Rechazan PGE 2025 y la intervención a ingenios arroceros se publicó primero en El Diario – Bolivia.
La Cámara Agropecuaria del Oriente, la Cámara Departamental de Exportadores, la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (CANIOB), la Cámara de Transporte y la Cámara de Industria, Comercio y Servicios, junto al Comité Pro Santa, rechazan el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y las intervenciones a los ingenios arroceros, realizadas el
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La Cámara Agropecuaria del Oriente, la Cámara Departamental de Exportadores, la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (CANIOB), la Cámara de Transporte y la Cámara de Industria, Comercio y Servicios, junto al Comité Pro Santa, rechazan el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y las intervenciones a los ingenios arroceros, realizadas el pasado fin de semana.
Las instituciones representativas de la cadena alimentaria y productiva del país (CADEX, CAO, Gremiales, Cámara de Transporte, CANIOB, CAINCO) junto al Comité Pro Santa Cruz, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al proyecto del Presupuesto General del Estado 2025 porque atenta gravemente a la estabilidad macroeconómica, la seguridad alimentaria y jurídica de todos los bolivianos, señala el comunicado.
De igual forma, nos inquietan las acciones que ha tomado arbitrariamente el Gobierno Nacional de suspender unilateralmente las exportaciones de aceite y la intervención abusiva de los ingenios arroceros. Rechazamos de manera contundente estas acciones porque van en detrimento del sector, la población y de la obtención de dólares, sostienen.
Como se recordará, el pasado fin de semana, en la ciudad de Montero, la policía y autoridades de gobierno intervinieron varios ingenios arroceros con el so pretexto de luchar contra el agio y la especulación, e iniciaron la clausura. Los trabajadores se opusieron.
En las redes sociales se observa la fuerte crítica a la actitud del gobierno pues al no tener plata para comprar productos para que venda la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), realiza decomisos de comerciantes, y ahora de empresas, que lo vende al mismo precio del mercado.
Un Llamado Urgente a la Reflexión
La represión y las restricciones económicas no garantizan el abastecimiento de alimentos. Al contrario, obstaculizan la producción, desaceleran la economía y ponen en riesgo el acceso a productos básicos, advierten las entidades productivas.
El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce), Gary Rodríguez, la semana pasada llamó a la reflexión a las autoridades de gobierno, tras el freno puesto a la venta de aceite al mercado exterior, ya que en un momento en que Bolivia requiere divisas, se toman acciones para hacer todo lo contrario.
Ejemplos recientes como la prohibición de exportaciones de aceite y la intervención de ingenios arroceros no reducen los precios de la canasta familiar, sino que generan escasez e incertidumbre a los productores y comercializadores, sostienen.
18 años de Políticas Contraproducentes
El sector productivo lamenta que desde hace casi dos décadas, las políticas restrictivas, como los límites impuestos a las exportaciones, las bandas de precios fijadas y los cupos establecidos, lejos de cumplir con su objetivo, han provocado un aumento de la dependencia de productos importados.
“Ahora, enfrentamos una escalada de precios debido a la falta de dólares y a un contexto de incertidumbre económica que afecta al pueblo boliviano, tanto a productores como a consumidores”, señalan.
La forma correcta de solucionar esos problemas es con políticas fiscales, monetarias y cambiarias, que corrijan el grave desequilibrio macroeconómico causado por las políticas erradas del Gobierno Nacional que por años han incentivado el contrabando. El país necesita soluciones inmediatas y contundentes, exigen.
Rechazo
El sector productivo exige soluciones concretas. Entre tanto, rechazan el proyecto del Presupuesto 2025 mientras no incluya medidas y soluciones para la crisis económica que vive el país y afecta a la población, comenzando por la eliminación inmediata de la cláusula transitoria séptima de la propuesta gubernamental.
Exigen garantizar la seguridad jurídica para reactivar la inversión y fortalecer las cadenas productivas, dejando de lado acciones arbitrarias, como la prohibición de las exportaciones y la confiscación de productos.
También piden una solución definitiva al desabastecimiento de diésel, elemento clave para mantener la producción en marcha; y fomentar políticas que incrementen la oferta de productos y permitan la generación de dólares, esenciales para la estabilidad del país.
Por el Futuro de Bolivia
“Nos declaramos en estado de emergencia y en reunión permanente para defender la seguridad alimentaria y los derechos de las familias bolivianas, en especial la estabilidad económica. No permitiremos que decisiones políticas mal diseñadas debiliten aún más el tejido productivo del país”, manifiestan.
Exigen al Gobierno Nacional y a la Asamblea Legislativa a priorizar las soluciones que beneficien a todos los bolivianos. “Nosotros, como instituciones representativas, reafirmamos nuestro compromiso con la generación de empleo, el fortalecimiento del aparato productivo y la construcción de un país más justo y próspero”, concluye el comunicado, presentado por los representantes de las institucione productivas.
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