Carlos Jahnsen Gutiérrez (entrevista en ECONOMÍA Y EMPRESA del Canal Youtube, EDI TV BOLIVIA)
El reemplazo del Decreto 5503 por el DS 5516 debe analizarse sin simplificaciones. Ni el 5503 constituía una solución técnicamente acabada, ni el 5516 representa una corrección estructural de los desequilibrios existentes. Lo que ocurrió fue un cambio de enfoque político orientado a restablecer gobernabilidad inmediata, no una redefinición del marco económico de fondo. Ese giro produjo beneficios de corto plazo, pero dejó intactos costos relevantes para la sostenibilidad fiscal, externa e institucional, que condicionan la trayectoria futura de la economía y limitan el margen de maniobra de la política pública en los próximos años, y aumentan la probabilidad de correcciones más costosas, socialmente regresivas y políticamente complejas en el mediano plazo para el país.
Desde una perspectiva política, el reemplazo tuvo efectos positivos inmediatos. Permitió descomprimir el conflicto social, evitar una escalada con riesgo institucional y recuperar control de la agenda gubernamental en un contexto de alta tensión. Asimismo, evitó un ajuste abrupto de precios, reduciendo el impacto inmediato sobre los hogares y conteniendo expectativas inflacionarias en un escenario de ingresos reales deteriorados. Finalmente, otorgó tiempo para recomponer la comunicación oficial y estabilizar el frente político. Ese tiempo, sin embargo, solo es valioso si se utiliza para preparar una corrección ordenada, consistente y socialmente sostenible, y no para prolongar indefinidamente un esquema económicamente frágil.
El problema es que los costos estructurales permanecen. El DS 5516 no corrige el núcleo del desequilibrio: el sistema de formación de precios de los combustibles continúa desalineado respecto del costo económico real de importación. La brecha no se cierra; el subsidio persiste de forma implícita. Además, el decreto traslada el costo fuera del presupuesto hacia empresas públicas, subsidios cruzados y pérdidas cuasifiscales. Este desplazamiento reduce transparencia y capacidad de gestión: los costos no desaparecen, se acumulan y reaparecen con menor margen de corrección y mayor complejidad política, incrementando los riesgos de ajustes futuros más abruptos.
Desde el punto de vista macroeconómico, la decisión implica mantener un drenaje persistente de divisas vía importaciones en una economía con reservas líquidas limitadas. La “estabilidad” obtenida en el corto plazo se paga con mayor fragilidad externa en el mediano. En paralelo, el reemplazo bajo presión política valida mecanismos de veto corporativo y debilita la autoridad reformista del Estado, encareciendo futuras decisiones inevitables. El diseño distributivo también es regresivo: el subsidio implícito beneficia proporcionalmente más a los mayores consumidores de combustible y distorsiona incentivos. El sistema eléctrico, por su parte, absorbe pérdidas a través de subsidios cruzados que comprometen su sostenibilidad financiera y su capacidad de inversión.
En balance, el reemplazo del Decreto 5503 no fue una derrota política inmediata, pero tampoco una solución económica. Fue una decisión de contención que evitó un ajuste hoy a costa de elevar el costo del ajuste mañana. Estabilizar políticamente no equivale a resolver una crisis estructural; solo la posterga bajo nuevas formas y traslada los costos a un momento con menor margen social y económico.
El eje central sigue siendo el tipo de cambio. No es un tecnicismo: es el precio macroeconómico que define incentivos productivos, rentabilidad exportadora y capacidad de generar divisas. Bolivia enfrenta una restricción externa crónica; cada expansión choca con la escasez de dólares. Sin un tipo de cambio real competitivo, subvaluado y sostenido, no hay salida estructural, solo alivios transitorios.
Lo mismo aplica a la política arancelaria y al rol del Estado. La apertura solo es funcional cuando reduce el costo de producir y fortalece la capacidad exportadora. Y la reforma del Estado no pasa por reducir su tamaño, sino por aumentar su capacidad: menos burocracia improductiva, más gestión, profesionalización y reglas claras. En las empresas estatales, la variable relevante no es la propiedad, sino la gobernanza, los incentivos y el desempeño.
Bolivia no enfrenta una elección geopolítica entre socios externos, por ejemplo, entre los EE. UU. y China. Enfrenta una decisión interna sobre su estrategia de desarrollo: qué producir, qué exportar y cómo generar divisas sostenibles. Las inversiones son un instrumento imprescindible, no un fin en sí mismo, y deben evaluarse por su impacto estructural y su contribución a la estabilidad de largo plazo.
Gobernar no es administrar crisis, sino prevenirlas. El Decreto 5503 abrió una discusión incómoda pero necesaria. El DS 5516 decidió postergarla. La discusión sigue pendiente. Resolverla exige coherencia de política, secuencia de decisiones y capacidad de conducción. No hacerlo implica trasladar el costo al futuro, con menor margen económico y político.
La entrada Reemplazo del Decreto 5503: estabilidad política a corto plazo, corrección estructural pendiente se publicó primero en El Diario – Bolivia.
Carlos Jahnsen Gutiérrez (entrevista en ECONOMÍA Y EMPRESA del Canal Youtube, EDI TV BOLIVIA) El reemplazo del Decreto 5503 por el DS 5516 debe analizarse sin simplificaciones. Ni el 5503 constituía una solución técnicamente acabada, ni el 5516 representa una corrección estructural de los desequilibrios existentes. Lo que ocurrió fue un cambio de enfoque político
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Carlos Jahnsen Gutiérrez (entrevista en ECONOMÍA Y EMPRESA del Canal Youtube, EDI TV BOLIVIA)
El reemplazo del Decreto 5503 por el DS 5516 debe analizarse sin simplificaciones. Ni el 5503 constituía una solución técnicamente acabada, ni el 5516 representa una corrección estructural de los desequilibrios existentes. Lo que ocurrió fue un cambio de enfoque político orientado a restablecer gobernabilidad inmediata, no una redefinición del marco económico de fondo. Ese giro produjo beneficios de corto plazo, pero dejó intactos costos relevantes para la sostenibilidad fiscal, externa e institucional, que condicionan la trayectoria futura de la economía y limitan el margen de maniobra de la política pública en los próximos años, y aumentan la probabilidad de correcciones más costosas, socialmente regresivas y políticamente complejas en el mediano plazo para el país.
Desde una perspectiva política, el reemplazo tuvo efectos positivos inmediatos. Permitió descomprimir el conflicto social, evitar una escalada con riesgo institucional y recuperar control de la agenda gubernamental en un contexto de alta tensión. Asimismo, evitó un ajuste abrupto de precios, reduciendo el impacto inmediato sobre los hogares y conteniendo expectativas inflacionarias en un escenario de ingresos reales deteriorados. Finalmente, otorgó tiempo para recomponer la comunicación oficial y estabilizar el frente político. Ese tiempo, sin embargo, solo es valioso si se utiliza para preparar una corrección ordenada, consistente y socialmente sostenible, y no para prolongar indefinidamente un esquema económicamente frágil.
El problema es que los costos estructurales permanecen. El DS 5516 no corrige el núcleo del desequilibrio: el sistema de formación de precios de los combustibles continúa desalineado respecto del costo económico real de importación. La brecha no se cierra; el subsidio persiste de forma implícita. Además, el decreto traslada el costo fuera del presupuesto hacia empresas públicas, subsidios cruzados y pérdidas cuasifiscales. Este desplazamiento reduce transparencia y capacidad de gestión: los costos no desaparecen, se acumulan y reaparecen con menor margen de corrección y mayor complejidad política, incrementando los riesgos de ajustes futuros más abruptos.
Desde el punto de vista macroeconómico, la decisión implica mantener un drenaje persistente de divisas vía importaciones en una economía con reservas líquidas limitadas. La “estabilidad” obtenida en el corto plazo se paga con mayor fragilidad externa en el mediano. En paralelo, el reemplazo bajo presión política valida mecanismos de veto corporativo y debilita la autoridad reformista del Estado, encareciendo futuras decisiones inevitables. El diseño distributivo también es regresivo: el subsidio implícito beneficia proporcionalmente más a los mayores consumidores de combustible y distorsiona incentivos. El sistema eléctrico, por su parte, absorbe pérdidas a través de subsidios cruzados que comprometen su sostenibilidad financiera y su capacidad de inversión.
En balance, el reemplazo del Decreto 5503 no fue una derrota política inmediata, pero tampoco una solución económica. Fue una decisión de contención que evitó un ajuste hoy a costa de elevar el costo del ajuste mañana. Estabilizar políticamente no equivale a resolver una crisis estructural; solo la posterga bajo nuevas formas y traslada los costos a un momento con menor margen social y económico.
El eje central sigue siendo el tipo de cambio. No es un tecnicismo: es el precio macroeconómico que define incentivos productivos, rentabilidad exportadora y capacidad de generar divisas. Bolivia enfrenta una restricción externa crónica; cada expansión choca con la escasez de dólares. Sin un tipo de cambio real competitivo, subvaluado y sostenido, no hay salida estructural, solo alivios transitorios.
Lo mismo aplica a la política arancelaria y al rol del Estado. La apertura solo es funcional cuando reduce el costo de producir y fortalece la capacidad exportadora. Y la reforma del Estado no pasa por reducir su tamaño, sino por aumentar su capacidad: menos burocracia improductiva, más gestión, profesionalización y reglas claras. En las empresas estatales, la variable relevante no es la propiedad, sino la gobernanza, los incentivos y el desempeño.
Bolivia no enfrenta una elección geopolítica entre socios externos, por ejemplo, entre los EE. UU. y China. Enfrenta una decisión interna sobre su estrategia de desarrollo: qué producir, qué exportar y cómo generar divisas sostenibles. Las inversiones son un instrumento imprescindible, no un fin en sí mismo, y deben evaluarse por su impacto estructural y su contribución a la estabilidad de largo plazo.
Gobernar no es administrar crisis, sino prevenirlas. El Decreto 5503 abrió una discusión incómoda pero necesaria. El DS 5516 decidió postergarla. La discusión sigue pendiente. Resolverla exige coherencia de política, secuencia de decisiones y capacidad de conducción. No hacerlo implica trasladar el costo al futuro, con menor margen económico y político.
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