<p>Hace apenas unos meses, Mónica García, ministra de Sanidad, argumentaba <a href=»https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2024/05/15/6644c700fdddfff73c8b457b.html» target=»_blank»>en una entrevista a EL MUNDO</a> que la desmantelación de Muface no era una prioridad dentro de sus listas de tareas. «Sabiendo que <strong>es un modelo anacrónico</strong>, un subsistema dentro de un otro y que no es el más eficiente, <strong>si creáramos el SNS desde cero obviamente prescindiríamos de esta fórmula</strong>. Pero ahora mismo no es una prioridad, tenemos otros pilares del SNS muy dañados por los recortes y la pandemia».</p>
Un informe elaborado por la cartera de Mónica García asume que el sistema público puede absorber las necesidades sanitarias del 67,3% de los funcionarios de Muface que elegían cobertura privada
Hace apenas unos meses, Mónica García, ministra de Sanidad, argumentaba en una entrevista a EL MUNDO que la desmantelación de Muface no era una prioridad dentro de sus listas de tareas. «Sabiendo que es un modelo anacrónico, un subsistema dentro de un otro y que no es el más eficiente, si creáramos el SNS desde cero obviamente prescindiríamos de esta fórmula. Pero ahora mismo no es una prioridad, tenemos otros pilares del SNS muy dañados por los recortes y la pandemia».
Sin embargo, sin ser un objetivo marcado esto debía haberse tomado como un anuncio. A día de hoy el concierto para la renovación de la asistencia sanitaria de 1,5 millones de funcionarios y sus familias a través de Muface no ha sido renovado.
Hace dos semanas terminaba el plazo para las ofertas al concierto para los años 2025 y 2026 y la licitación quedó desierta. Adeslas, Asisa y DKV, que hasta ahora prestaban el servicio, decidieron no acudir a la renovación del contrato pese a que el Gobierno ha aprobado la mayor subida de la prima de la historia.
Esto ha supuesto una pugna entre las aseguradoras y el Ejecutivo con los funcionarios en medio esperando qué decisión les tocaba acatar. Mientras unas esperaban alargar los contratos, desde Sanidad se advierte que las cuentas sí que les salen y que podrían asumir el trasvase de población asegurada en el Sistema Nacional de Salud.
«El contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable». Así lo manifiesta en el informe de transición Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud .
Esto choca con el estudio realizado por la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) e impulsado junto a la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) el pasado mes de febrero. El trabajo, titulado El mutualismo administrativo: Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas y escenarios futuros cuantificaba el gasto en un millón de euros y describía un impacto en las listas de espera y en las infraestructuras con la llegada de los mutualistas al sistema público. En el primer caso, advierte de que las listas sufrirían un del incremento en un 266% para consulta externa y del 115% para una intervención quirúrgica. En el segundo, habría que elevar un 3,8% la capacidad nacional actual del número de camas.
Por otro lado, el informe de transición de Muface desliza dicho documento que «hay una fuerte verosimilitud en favor de la hipótesis que señala que las aseguradoras privadas están incurriendo en un fenómeno de selección de riesgos que empuja a los mutualistas asegurados con dichas condiciones a trasladarse a proveedores públicos de atención sanitaria». Un acusación directa a las aseguradoras y el desvío de pacientes a la pública en caso de enfermedades graves.
El Ministerio que dirige Mónica García ha elaborado el informe de transición Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud que recoge que ante la situación, «el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, tiene ante sí dos opciones: tratar de mejorar la oferta para hacerla más atractiva para las empresas aseguradoras o prorrogar durante nueve meses el concierto actual, como permite la Ley de Contratos del Sector Público, y abordar el tránsito de los mutualistas de MUFACE a la prestación de servicios sanitarios por parte del Sistema Nacional de Salud».
Con datos de 31 de octubre de 2024, Muface tiene en torno a 1,5 millones de mutualistas, de los cuales 1.007.322 personas han escogido recibir la asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas (Asisa, Adeslas y DKV). Esto supone que un 32,7% de la población mutualista recibe asistencia sanitaria por medio de la prestación del Sistema Nacional de Salud, mientras que el 67,3% la recibe por parte de aseguradoras privadas.
En términos de distribución porcentual por franjas de edad, la población pediátrica (0-14 años) representa el 11,8%, la población joven (15-34 años) el 13,9%, el grupo de población entre los 35 y los 64 años son el 42,4%, mientras que los mayores de 65 años suponen el 31,9%.
Como recoge dicho documento, se puede observar que existen diferencias entre CCAA en lo relacionado con el impacto que tendría la incorporación de la población mutualista de Muface que en la actualidad recibe asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas. De todas las autonomías, Andalucía, Castilla y León y Extremadura se caracterizan por estar entre las que tendrían que incorporar a un mayor porcentaje, siendo, además, las que lo harían con un mayor porcentaje de mayores de 65 años.
Se pueden establecer tres grupos de CCAA en función de la composición y proporción de la población a incorporar a sus servicios autonómicos de salud. Uno con menor proporción de mutualistas: Baleares, Cataluña, Euskadi y Navarra; proporción intermedia: Aragón, Principado de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja; comunidades y ciudades autónomas con mayor proporción: Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Ceuta y Melilla.
Por diferentes motivos, son regiones cuya población mutualista de Muface con asistencia sanitaria privada supone menos de un 1,2% del total de la población existente en su sistema público de salud. En términos absolutos, esta es una cifra similar a la del incremento anual de la población que puede afrontar una Comunidad Autónoma.
Es llamativo el caso de Euskadi, que presenta un 35,65% de la población mutualista de con sanidad privada mayor de 65 años; a pesar de tan elevado porcentaje, supondría incrementar en tan solo un 1,63% los mayores de 65 años de su población cubierta dado que es la región que absorbería un menor impacto global (0,65% de la población del SNS en conjunto).
En este grupo de CCAA la incorporación de los mutualistas de MUFACE supondría incorporar entre un 1,9% (Canarias, La Rioja y Principado de Asturias) y un 2,42% (Castilla-La Mancha) de personas a los respectivos sistemas regionales de salud. En términos generales, la distribución por grupos de edad está en torno a la media nacional en los de 35-64 y mayores de 65 años.
Sin embargo, merece la pena mencionar el caso de la Comunidad de Madrid. El impacto global sería de un incremento del 2,24% de la población ya existente bajo la cobertura del Sistema Nacional de Salud. Al analizar por grupos de edad, se observa que todos los grupos de edad se encuentran por debajo de la media nacional salvo el de mayores de 65 años, que representa un 4,54% de la cantidad total existente en la actualidad bajo la cobertura del Servicio Madrileño de Salud. Es una cifra similar a Extremadura e inferior a Andalucía, Ceuta o Melilla, sin embargo, es especialmente notable al mirar el diferencial entre lo que representa ese grupo de edad en la población mutualista de MUFACE y la de la población general dado que la Comunidad de Madrid tiene una población relativamente poco envejecida (36,77% en población mutualista de MUFACE vs 18,18% en población general cubierta por la sanidad pública madrileña)
Hemos agrupado en este epígrafe las CCAA cuyo impacto en la incorporación de mutualistas al SNS tiene una desviación positiva superior a medio punto porcentual respecto de las cifras a nivel nacional. En todos los casos, el porcentaje de población mutualista mayor de 65 años respecto a la población mayor de 65 años existente en los respectivos servicios regionales de salud es superior, siendo Andalucía la Comunidad Autónoma con mayor impacto en la incorporación de este grupo de edad.
Tanto Ceuta como Melilla tienen las cifras más elevadas tanto de representación de la población mutualista de MUFACE con sanidad privada que debería ser integrada en la sanidad pública (más del doble de la media nacional) como de representación del grupo etario de mayores de 65 años.
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