Tribunal abre proceso contra Begoña Gómez por 4 delitos

El juez Juan Carlos Peinado comenzó juicio oral contra Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida y le ha impuesto como medidas cautelares la retirada del pasaporte, con la prohibición de salir del territorio nacional, y la comparecencia periódica en el juzgado cada 15 días. La defensa de la acusada recurrirá a estas medidas cautelares, según fuentes de su entorno.
Así se recoge en el auto del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, al que tuvo acceso RTVE.es, en el que Peinado también envía a juicio oral a Cristina Álvarez, exasesora de Begoña Gómez, por los mismos delitos que a ésta, y al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares. Contra su auto, estipula el juez, no cabe recurso.
Peinado había rechazado en otras ocasiones la petición de la acusación popular de retirarle a Gómez el pasaporte. Pero esta vez sí accedió argumentando que la condición de presidente del Gobierno de su esposo, por la que la acusada recibe protección policial en sus desplazamientos, es “efímera” y, si desaparece, “facilitaría, aún más, esa hipotética fuga”.

ESCOLTA POLICIAL
De hecho, en otra parte del auto, el juez rechaza así el argumento de la defensa de Gómez de que en todo momento está acompañada y custodiada por miembros de los Cuerpos y Seguridad del Estado: “Lo que no cabe duda, es que, esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.
Estas palabras provocaron un torbellino en la Policía y en el Ministerio del Interior. El ministro Fernando Grande-Marlaska elevó una queja por escrito a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, para denunciar el “grave cuestionamiento” de Peinado a la Policía y adoptar medidas. También los principales sindicatos de policía como Jupol y el SUP denunciaron que las palabras del juez son “una barbaridad” y le exigieron una rectificación.
La causa investiga las presuntas irregularidades en las adjudicaciones públicas al grupo empresarial de Barrabés, por las que se acusa a la mujer de Sánchez de tráfico de influencias y corrupción, un presunto delito de malversación en la contratación de Álvarez como asesora en la Moncloa y la presunta apropiación indebida del software de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

En apertura de juicio,
GÓMEZ APROVECHÓ
Respecto a la apertura de juicio oral, el magistrado insiste en decir que Gómez se aprovechó de su condición de mujer del presidente del Gobierno para recibir “decisiones públicas favorables” e insiste en que existen indicios de criminalidad.
Tras la investidura de Sánchez, “se produce un cambio radical en la trayectoria” de su esposa, aduciendo que “apenas dos meses después” de abandonar la empresa en la que trabajaba “fue nombrada directora del IE Africa Center”.
Peinado remarca que la iniciativa para crear la cátedra “no” se canalizó “por los cauces ordinarios internos desde un primer momento”, sino que vino precedida de, “al menos”, una reunión mantenida por el rector de la UCM, Joaquín Goyache, “en el Palacio de la Moncloa”.
En el encuentro, Peinado manifiesta que Goyache “trasladó al vicerrector la instrucción, en términos literales, que ‘tenemos que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente’”.
Así, asegura que Gómez “proyectaba simultáneamente su posición institucional, su actividad académica y sus relaciones con directivos y empresas con intereses o vínculos con el sector público”.
“De este modo, la captación de fondos para la cátedra no aparece, indiciariamente, como una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino como una manifestación más del circuito de relaciones de apoyo, colaboración y financiación que se fue tejiendo en torno al proyecto impulsado por Gómez”, dijo.
Respecto a Álvarez, señaló que “era percibida por terceros no como mera asistente protocolaria, sino como persona integrada en el equipo de trabajo”.
En cuanto a Barrabés, Peinado subraya «la intensificación de las relaciones profesionales» con Gómez, así como «la utilización de la posición académica» de ella «en favor de intereses empresariales vinculados» a él.

AUDIENCIA PRELIMINAR
El juez toma estas decisiones tras la audiencia preliminar del pasado lunes a la que fueron convocados los acusados para informarles de cara al posible juicio con jurado popular en el que, si así lo decía la Audiencia Provincial de Madrid, se sentarían en el banquillo por los delitos anteriormente mencionados.
De esta forma, Peinado admite dos de las peticiones de medidas cautelares que habían pedido para la esposa de Pedro Sánchez las acusaciones populares (que ejercen la organización ultracatólica Hazte Oír y las formaciones políticas de Iustitia Europa y Vox, bajo la coordinación de la primera).
Éstas también solicitaron medidas económicas adicionales que consistían en que la acusada no pueda disponer de una sociedad, de las marcas registradas o del dominio web del software creado para la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.
Las acusaciones populares solicitan hasta 24 años de prisión para la esposa del presidente, y 22 años de prisión para Álvarez por «presunta malversación» y por su papel de «cooperadora necesaria» en los delitos atribuidos a Gómez, mientras que reclaman seis años de cárcel para Barrabés por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

HABLAN DE
“PERSECUCIÓN”
Las reacciones no se han hecho esperar. En el Gobierno y en el PSOE salieron en tromba contra la decisión del juez peinado. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, señaló que este es “un día nefasto” para quienes creen en la Justicia.
Fuentes de Moncloa hablan de una “persecución” y de la “obsesión” del juez contra Gómez y le reprochan la “desproporción” de la medida, así como que insinúe que la propia Policía pueda ayudar a la fuga de Gómez.
Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, escribió en X que Sánchez “ha convertido la Moncloa en una guarida de delincuentes y el Ejecutivo en una organización criminal”. “España se merece un gobierno que no robe. Entréguense y colaboren con la Justicia”, incidió Tellado, que ha pedido “elecciones ya”. (RTVE)