Organizaciones sociales, cívicas, académicas y profesionales de Cochabamba exigieron la paralización inmediata de las actividades mineras ilegales en la cuenca de la represa Misicuni y el Parque Nacional Tunari, ante los riesgos de contaminación del agua que abastece a la región metropolitana.
La determinación fue asumida ayer mediante la Resolución 001/2026, suscrita por representantes de distintas instituciones que acordaron conformar el Comité Departamental de Defensa del Agua y la Represa Misicuni, instancia que sesionará de manera permanente hasta garantizar que la zona quede libre de explotación minera ilegal.
El documento señala que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) confirmó públicamente la existencia de actividades extractivas ilegales en la cuenca que alimenta la represa, situación que pone en riesgo la calidad del agua y la salud de la población.
Las organizaciones cuestionaron la falta de medidas efectivas para frenar estas operaciones, pese a que, según declaraciones públicas citadas en la resolución, la Gobernación conocía las denuncias desde septiembre de 2026 y un exdirector de la AJAM afirmó haberlas reportado a finales de 2023.
Asimismo, piden iniciar acciones judiciales contra los responsables de la explotación ilegal y contra quienes, por acción, inacción u omisión, hubieran incumplido sus obligaciones de vigilancia y control, además de publicar las concesiones, licencias ambientales, informes de inspección y denuncias relacionadas con estas actividades.
La resolución demanda que la AJAM y la Gobernación ejerzan las atribuciones establecidas en las leyes 535 de Minería y Metalurgia y 1333 de Medio Ambiente, e informen públicamente sobre las medidas adoptadas.
También plantea reforzar el monitoreo de la calidad del agua de la represa y de la red de distribución mediante análisis quincenales realizados por laboratorios certificados e independientes, con participación de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y el Colegio Médico.
Ante la instalación de trancas que, según el documento, impiden el ingreso de las autoridades de control, las instituciones solicitaron al Gobierno nacional, la Policía y las Fuerzas Armadas garantizar el libre tránsito y la presencia estatal en la zona.
Finalmente, las organizaciones se declararon en vigilancia permanente para acompañar las inspecciones, verificar el cumplimiento de las medidas y realizar seguimiento a las acciones legales destinadas a frenar la minería ilegal en Misicuni. (Cochabamba, agencias)
La entrada Exigen frenar minería ilegal en cuenca de represa Misicuni se publicó primero en El Diario – Bolivia.
Organizaciones sociales, cívicas, académicas y profesionales de Cochabamba exigieron la paralización inmediata de las actividades mineras ilegales en la cuenca de la represa Misicuni y el Parque Nacional Tunari, ante los riesgos de contaminación del agua que abastece a la región metropolitana. La determinación fue asumida ayer mediante la Resolución 001/2026, suscrita por representantes de
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Organizaciones sociales, cívicas, académicas y profesionales de Cochabamba exigieron la paralización inmediata de las actividades mineras ilegales en la cuenca de la represa Misicuni y el Parque Nacional Tunari, ante los riesgos de contaminación del agua que abastece a la región metropolitana.
La determinación fue asumida ayer mediante la Resolución 001/2026, suscrita por representantes de distintas instituciones que acordaron conformar el Comité Departamental de Defensa del Agua y la Represa Misicuni, instancia que sesionará de manera permanente hasta garantizar que la zona quede libre de explotación minera ilegal.
El documento señala que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) confirmó públicamente la existencia de actividades extractivas ilegales en la cuenca que alimenta la represa, situación que pone en riesgo la calidad del agua y la salud de la población.
Las organizaciones cuestionaron la falta de medidas efectivas para frenar estas operaciones, pese a que, según declaraciones públicas citadas en la resolución, la Gobernación conocía las denuncias desde septiembre de 2026 y un exdirector de la AJAM afirmó haberlas reportado a finales de 2023.
Asimismo, piden iniciar acciones judiciales contra los responsables de la explotación ilegal y contra quienes, por acción, inacción u omisión, hubieran incumplido sus obligaciones de vigilancia y control, además de publicar las concesiones, licencias ambientales, informes de inspección y denuncias relacionadas con estas actividades.
La resolución demanda que la AJAM y la Gobernación ejerzan las atribuciones establecidas en las leyes 535 de Minería y Metalurgia y 1333 de Medio Ambiente, e informen públicamente sobre las medidas adoptadas.
También plantea reforzar el monitoreo de la calidad del agua de la represa y de la red de distribución mediante análisis quincenales realizados por laboratorios certificados e independientes, con participación de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y el Colegio Médico.
Ante la instalación de trancas que, según el documento, impiden el ingreso de las autoridades de control, las instituciones solicitaron al Gobierno nacional, la Policía y las Fuerzas Armadas garantizar el libre tránsito y la presencia estatal en la zona.
Finalmente, las organizaciones se declararon en vigilancia permanente para acompañar las inspecciones, verificar el cumplimiento de las medidas y realizar seguimiento a las acciones legales destinadas a frenar la minería ilegal en Misicuni. (Cochabamba, agencias)
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