La Corte Nacional de Justicia de Ecuador dio inicio ayer a la etapa de juicio por el presunto delito de cohecho en el denominado caso Sinohydro. Entre los 25 procesados destaca el expresidente, Lenín Moreno, a quien la Fiscalía General del Estado acusa de haber formado parte de una red de corrupción que habría recibido aproximadamente 76 millones de dólares en sobornos relacionados con la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
Al salir de la audiencia, Moreno ofreció declaraciones donde sostuvo que la acusación carece de sustento técnico y probatorio. El exmandatario afirmó con contundencia que no existe una sola prueba de que haya recibido dinero indebido por parte del Estado. Según su versión, los elementos presentados por la Fiscalía son una repetición de denuncias previas realizadas por el exasambleísta Ronny Aleaga, las cuales, según Moreno, ya fueron desvirtuadas mediante pruebas físicas y periciales durante la fase de instrucción.
DEFENSA DEL PATRIMONIO
Uno de los puntos centrales del descargo de Moreno fue la aclaración sobre su patrimonio personal, específicamente sobre un departamento en el sector de Las Cumbres. El expresidente explicó que reside en dicho edificio desde hace más de 26 años y que la adquisición del inmueble se realizó mediante una cuota inicial y una hipoteca con el Banco del Pacífico, deuda que, según aseguró, todavía se encuentra pagando. Invitó a las autoridades a verificar los mecanismos bancarios para comprobar la licitud de la transacción.
Asimismo, Lenín Moreno desestimó las acusaciones sobre la supuesta propiedad de un inmueble en Alicante, España. Describió como «absurdo» que pudiera haber alquilado o adquirido dicha propiedad, alegando que las dimensiones del lugar ni siquiera permiten el acceso de su silla de ruedas. Agregó que solicitó certificaciones oficiales en diversos municipios españoles para demostrar que ni él ni su familia poseen bienes inmuebles en territorio europeo, calificando la narrativa de la Fiscalía como una invención.
CUESTIONAMIENTOS
En relación con la vinculación de su esposa, Rocío González, y su hija, Lenín Moreno calificó la situación como una «acusación infame». Moreno abordó el tema de una vajilla que fue mencionada como parte de los beneficios recibidos. Explicó que dicho objeto fue un regalo de bodas para su hija por parte de una familia amiga, los Patiño, quienes realizaron una cuota para la compra del obsequio tres días antes del matrimonio, descartando cualquier vínculo con fondos de la empresa Sinohydro.
Respecto a las actividades comerciales de su cónyuge, Moreno defendió la legitimidad de una empresa dedicada a la venta de agendas, la cual tiene más de 30 años de trayectoria. Negó que los contratos de esta empresa con otras entidades representen una irregularidad, sosteniendo que se trata de una actividad económica establecida mucho antes de su periodo presidencial. Para el procesado, estos puntos demuestran que la Fiscalía estructuró un caso basado en interpretaciones erróneas de actos privados legítimos.
CONTEXTO
El caso Sinohydro investiga una presunta estructura de corrupción que operó entre 2009 y 2018. Según la tesis fiscal, la empresa china Sinohydro habría pagado dádivas para asegurar la concesión y ejecución de la represa Coca Codo Sinclair, la obra de ingeniería más grande del país. La Fiscalía sostiene que el dinero se canalizó a través de empresas offshore hacia familiares y allegados de los procesados, lo que configura el delito de cohecho.
A pesar de los descargos de Lenín Moreno, el tribunal deberá analizar la validez de los testimonios y documentos presentados por la fiscal Diana Salazar. El proceso se desarrolla en un clima de alta tensión política, dado que involucra a altas autoridades de la administración de Rafael Correa y el posterior gobierno de Moreno. La defensa, liderada por el abogado Felipe Mesa, sostiene que el caso es una persecución política sin fundamentos jurídicos sólidos, mientras que la Corte Nacional determinará la responsabilidad penal en las próximas semanas.(El Diario Ecuador)
La entrada Expresidente rechaza pruebas de Fiscalía por caso Sinohydro se publicó primero en El Diario – Bolivia.
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador dio inicio ayer a la etapa de juicio por el presunto delito de cohecho en el denominado caso Sinohydro. Entre los 25 procesados destaca el expresidente, Lenín Moreno, a quien la Fiscalía General del Estado acusa de haber formado parte de una red de corrupción que habría recibido
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La Corte Nacional de Justicia de Ecuador dio inicio ayer a la etapa de juicio por el presunto delito de cohecho en el denominado caso Sinohydro. Entre los 25 procesados destaca el expresidente, Lenín Moreno, a quien la Fiscalía General del Estado acusa de haber formado parte de una red de corrupción que habría recibido aproximadamente 76 millones de dólares en sobornos relacionados con la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
Al salir de la audiencia, Moreno ofreció declaraciones donde sostuvo que la acusación carece de sustento técnico y probatorio. El exmandatario afirmó con contundencia que no existe una sola prueba de que haya recibido dinero indebido por parte del Estado. Según su versión, los elementos presentados por la Fiscalía son una repetición de denuncias previas realizadas por el exasambleísta Ronny Aleaga, las cuales, según Moreno, ya fueron desvirtuadas mediante pruebas físicas y periciales durante la fase de instrucción.
DEFENSA DEL PATRIMONIO
Uno de los puntos centrales del descargo de Moreno fue la aclaración sobre su patrimonio personal, específicamente sobre un departamento en el sector de Las Cumbres. El expresidente explicó que reside en dicho edificio desde hace más de 26 años y que la adquisición del inmueble se realizó mediante una cuota inicial y una hipoteca con el Banco del Pacífico, deuda que, según aseguró, todavía se encuentra pagando. Invitó a las autoridades a verificar los mecanismos bancarios para comprobar la licitud de la transacción.
Asimismo, Lenín Moreno desestimó las acusaciones sobre la supuesta propiedad de un inmueble en Alicante, España. Describió como «absurdo» que pudiera haber alquilado o adquirido dicha propiedad, alegando que las dimensiones del lugar ni siquiera permiten el acceso de su silla de ruedas. Agregó que solicitó certificaciones oficiales en diversos municipios españoles para demostrar que ni él ni su familia poseen bienes inmuebles en territorio europeo, calificando la narrativa de la Fiscalía como una invención.
CUESTIONAMIENTOS
En relación con la vinculación de su esposa, Rocío González, y su hija, Lenín Moreno calificó la situación como una «acusación infame». Moreno abordó el tema de una vajilla que fue mencionada como parte de los beneficios recibidos. Explicó que dicho objeto fue un regalo de bodas para su hija por parte de una familia amiga, los Patiño, quienes realizaron una cuota para la compra del obsequio tres días antes del matrimonio, descartando cualquier vínculo con fondos de la empresa Sinohydro.
Respecto a las actividades comerciales de su cónyuge, Moreno defendió la legitimidad de una empresa dedicada a la venta de agendas, la cual tiene más de 30 años de trayectoria. Negó que los contratos de esta empresa con otras entidades representen una irregularidad, sosteniendo que se trata de una actividad económica establecida mucho antes de su periodo presidencial. Para el procesado, estos puntos demuestran que la Fiscalía estructuró un caso basado en interpretaciones erróneas de actos privados legítimos.
CONTEXTO
El caso Sinohydro investiga una presunta estructura de corrupción que operó entre 2009 y 2018. Según la tesis fiscal, la empresa china Sinohydro habría pagado dádivas para asegurar la concesión y ejecución de la represa Coca Codo Sinclair, la obra de ingeniería más grande del país. La Fiscalía sostiene que el dinero se canalizó a través de empresas offshore hacia familiares y allegados de los procesados, lo que configura el delito de cohecho.
A pesar de los descargos de Lenín Moreno, el tribunal deberá analizar la validez de los testimonios y documentos presentados por la fiscal Diana Salazar. El proceso se desarrolla en un clima de alta tensión política, dado que involucra a altas autoridades de la administración de Rafael Correa y el posterior gobierno de Moreno. La defensa, liderada por el abogado Felipe Mesa, sostiene que el caso es una persecución política sin fundamentos jurídicos sólidos, mientras que la Corte Nacional determinará la responsabilidad penal en las próximas semanas.(El Diario Ecuador)
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