Un informe de seguimiento a centros de acogida dependientes de la Gobernación de La Paz, presentado por la Defensoría del Pueblo, da cuenta que persiste la disminución generalizada de la cantidad y calidad de alimentos provistos por el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges).
“Hay una vulneración sistemática en el tema de alimentación, porque el Estado ha fallado en garantizar una provisión suficiente, continua y delegando las responsabilidades a donaciones externas y al aporte solidario, incluso, del propio personal de estos institutos”, sostuvo el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
Los datos corresponden al informe de seguimiento al reporte especial del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en relación a la población en situación de vulnerabilidad en centros de acogimiento del departamento de La Paz. La intervención se realizó en tres centros de acogida dependientes de la Gobernación de La Paz.
De la misma manera, la autoridad indicó que en estos lugares “hay un riesgo vital en el tema de salud”, porque se advirtió una carencia alarmante de médicos 24/7, es decir, no hay atención médica en el turno noche, menos especialistas. Sumado a ello, se detectó la falta de insumos vitales y presencia de equipos médicos defectuosos, hechos que ponen en riesgo a la vida de los internos con patologías crónicas.
Asimismo, se halló irregularidad administrativa, pues la gobernanza interna de estos institutos se ve seriamente afectada “por ejemplo con denuncias del uso indebido de bonos de discapacidad sin el consentimiento previo, que es también objeto de una investigación en particular por parte de la Defensoría del Pueblo”, apuntó Callisaya.
Así como la institucionalización inadecuada de personas que no cumplen con requisitos para ser hospitalizados en ciertos centros de acogida.
Ante ese panorama, el defensor reiteró que “subsisten las recomendaciones vinculadas a la necesidad de una alimentación adecuada, restituir la calidad y cantidad y dietas según necesidades médicas, y garantizar la atención integral médica con una cobertura 24/7”.
Además, dijo que “de ponerse en riesgo la vivencia de estas personas, con el tema de alimentación y salud, vamos a ejercitar las acciones legales correspondiente para evitar la continuidad de este riesgo de las personas institucionalizadas en estos centros”.
INFORME
La autoridad defensorial explicó que, en septiembre de 2025 el MNP, que es una de las facetas que tiene la Defensoría del Pueblo, tomó conocimiento de denuncias públicas realizadas a través de redes sociales, medios de comunicación y asambleístas sobre el desabastecimiento de alimentos en centros de acogida que dependen de la Gobernación de La Paz y por eso realizó, entre el 6 y 8 de octubre de 2025, una intervención en ocho centros de acogida dependientes del Servicio Departamental de Gestión Social.
Para eso, “se utilizaron varios criterios técnicos que permitieron hacer varios hallazgos y emitir recomendaciones” al respecto, sostuvo Callisaya.
En enero de 2026, la Gobernación, a través del Sedeges, se comprometió a adoptar varias acciones con la finalidad de generar una mejora en las deficiencias que en ese entonces se habían detectado.
Por eso, y como seguimiento, entre el 11 y 13 de marzo de este año, se volvió a inspeccionar en tres de los ocho centros que se visitaron en un principio. Estos fueron: el Instituto Erick Boulter, el Instituto de Adaptación Infantil (IDAI) y el Centro Niño Jesús.
“Estas tres instituciones han sido objeto de la intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (…) se ha aplicado la metodología con diferentes hallazgos”, apuntó la autoridad.
RESULTADOS
Precisamente, entre los hallazgos se detectó que hay una disminución generalizada de la cantidad y calidad de alimentos provistos por el Sedeges, con ausencia de insumos básicos como carnes y legumbres, para cumplir con las dietas básicas especializadas, ya que en esos lugares están institucionalizadas personas con diferentes discapacidades “que ameritan una atención alimentaria también particularizada”.
También se evidenció que hay una dependencia casi exclusiva de donaciones de instituciones y organizaciones como el Sedem, ONG, juzgados y otros. Incluso, lo que preocupa, “un dato crítico, es que son los propios servidores públicos de estas instituciones quienes, en algún momento, de sus propios bolsillos, están invirtiendo para la compra de algunos alimentos que permitan el sustento de los internos”.
Es decir, “el Estado está delegando su responsabilidad ineludible de provisión continua a la caridad interna y externa, y ese es un dato completamente lamentable”, indicó el defensor.
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Un informe de seguimiento a centros de acogida dependientes de la Gobernación de La Paz, presentado por la Defensoría del Pueblo, da cuenta que persiste la disminución generalizada de la cantidad y calidad de alimentos provistos por el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges). “Hay una vulneración sistemática en el tema de alimentación, porque el
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Un informe de seguimiento a centros de acogida dependientes de la Gobernación de La Paz, presentado por la Defensoría del Pueblo, da cuenta que persiste la disminución generalizada de la cantidad y calidad de alimentos provistos por el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges).
“Hay una vulneración sistemática en el tema de alimentación, porque el Estado ha fallado en garantizar una provisión suficiente, continua y delegando las responsabilidades a donaciones externas y al aporte solidario, incluso, del propio personal de estos institutos”, sostuvo el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
Los datos corresponden al informe de seguimiento al reporte especial del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en relación a la población en situación de vulnerabilidad en centros de acogimiento del departamento de La Paz. La intervención se realizó en tres centros de acogida dependientes de la Gobernación de La Paz.
De la misma manera, la autoridad indicó que en estos lugares “hay un riesgo vital en el tema de salud”, porque se advirtió una carencia alarmante de médicos 24/7, es decir, no hay atención médica en el turno noche, menos especialistas. Sumado a ello, se detectó la falta de insumos vitales y presencia de equipos médicos defectuosos, hechos que ponen en riesgo a la vida de los internos con patologías crónicas.
Asimismo, se halló irregularidad administrativa, pues la gobernanza interna de estos institutos se ve seriamente afectada “por ejemplo con denuncias del uso indebido de bonos de discapacidad sin el consentimiento previo, que es también objeto de una investigación en particular por parte de la Defensoría del Pueblo”, apuntó Callisaya.
Así como la institucionalización inadecuada de personas que no cumplen con requisitos para ser hospitalizados en ciertos centros de acogida.
Ante ese panorama, el defensor reiteró que “subsisten las recomendaciones vinculadas a la necesidad de una alimentación adecuada, restituir la calidad y cantidad y dietas según necesidades médicas, y garantizar la atención integral médica con una cobertura 24/7”.
Además, dijo que “de ponerse en riesgo la vivencia de estas personas, con el tema de alimentación y salud, vamos a ejercitar las acciones legales correspondiente para evitar la continuidad de este riesgo de las personas institucionalizadas en estos centros”.
INFORME
La autoridad defensorial explicó que, en septiembre de 2025 el MNP, que es una de las facetas que tiene la Defensoría del Pueblo, tomó conocimiento de denuncias públicas realizadas a través de redes sociales, medios de comunicación y asambleístas sobre el desabastecimiento de alimentos en centros de acogida que dependen de la Gobernación de La Paz y por eso realizó, entre el 6 y 8 de octubre de 2025, una intervención en ocho centros de acogida dependientes del Servicio Departamental de Gestión Social.
Para eso, “se utilizaron varios criterios técnicos que permitieron hacer varios hallazgos y emitir recomendaciones” al respecto, sostuvo Callisaya.
En enero de 2026, la Gobernación, a través del Sedeges, se comprometió a adoptar varias acciones con la finalidad de generar una mejora en las deficiencias que en ese entonces se habían detectado.
Por eso, y como seguimiento, entre el 11 y 13 de marzo de este año, se volvió a inspeccionar en tres de los ocho centros que se visitaron en un principio. Estos fueron: el Instituto Erick Boulter, el Instituto de Adaptación Infantil (IDAI) y el Centro Niño Jesús.
“Estas tres instituciones han sido objeto de la intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (…) se ha aplicado la metodología con diferentes hallazgos”, apuntó la autoridad.
RESULTADOS
Precisamente, entre los hallazgos se detectó que hay una disminución generalizada de la cantidad y calidad de alimentos provistos por el Sedeges, con ausencia de insumos básicos como carnes y legumbres, para cumplir con las dietas básicas especializadas, ya que en esos lugares están institucionalizadas personas con diferentes discapacidades “que ameritan una atención alimentaria también particularizada”.
También se evidenció que hay una dependencia casi exclusiva de donaciones de instituciones y organizaciones como el Sedem, ONG, juzgados y otros. Incluso, lo que preocupa, “un dato crítico, es que son los propios servidores públicos de estas instituciones quienes, en algún momento, de sus propios bolsillos, están invirtiendo para la compra de algunos alimentos que permitan el sustento de los internos”.
Es decir, “el Estado está delegando su responsabilidad ineludible de provisión continua a la caridad interna y externa, y ese es un dato completamente lamentable”, indicó el defensor.
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