La gestión del agua potable y el saneamiento básico en la región metropolitana de La Paz enfrenta una etapa crítica que requiere una reestructuración institucional profunda, según el investigador y consultor en Agua y Medio Ambiente, José María Herbas Postigo, quien plantea la creación de la Empresa Metropolitana de Agua y Saneamiento de La Paz (EMAS-LP).
El experto, en entrevista exclusiva con EL DIARIO, sostuvo que el actual modelo de administración del servicio llegó a un punto de agotamiento debido a la prolongada intervención de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), las limitaciones jurídicas de su estructura como sociedad anónima y la necesidad de planificar inversiones para los próximos 30 a 50 años.
De acuerdo con Herbas, la gestión del agua en el eje conurbano de La Paz y El Alto pasó por tres etapas: la concesión privada, la transición hacia un modelo público-social y el actual periodo de intervención estatal, que se mantiene desde hace más de una década.
El antecedente más relevante se remonta a 1997, cuando el servicio fue concesionado por 30 años a Aguas del Illimani S.A. (AISA), filial del grupo francés Suez. Según el análisis, ese modelo aplicó criterios técnico-financieros internos, pero también generó exclusión territorial y económica en zonas periféricas de La Paz y El Alto.
El documento señala que el contrato delimitó áreas de concesión favorables para el operador y dejó fuera a sectores de expansión urbana. Además, estableció una rentabilidad del 13% anual sobre el patrimonio neto y tarifas indexadas a la inflación del dólar.
En ese período, el costo de conexión oscilaba entre 191 y 445 dólares, en un contexto en el que el salario mínimo nacional era inferior a 60 dólares.
Esa situación provocó que miles de familias quedaran al margen del sistema formal y dependieran de camiones cisterna o fuentes precarias de abastecimiento. Las movilizaciones sociales de enero de 2005, encabezadas por la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, derivaron en la salida de la operadora privada y abrieron paso a un nuevo esquema de administración.
En 2007 nació Epsas, bajo un enfoque público-social que desvinculó el acceso al agua de la lógica estrictamente mercantil. Herbas destaca que ese periodo permitió ampliar la cobertura, reducir los costos de conexión y aplicar una tarifa social de Bs 1,78 por metro cúbico para consumos mínimos de hasta 15 metros cúbicos.
Según el documento, la tarifa social benefició a más de 358 mil conexiones y a aproximadamente 1,8 millones de personas. Además, los costos de conexión bajaron a rangos de entre 850 y 1.300 bolivianos, con plazos de pago de hasta 36 meses.
El análisis también compara los avances en cobertura. Mientras Aguas del Illimani implementó 100 mil nuevas conexiones de agua potable, Epsas alcanzó 285 mil nuevas conexiones, hasta llegar a un universo actual de 483 mil conexiones en el eje metropolitano.
En materia de inversión, el documento señala que, mediante presupuestos concurrentes del Estado y créditos multilaterales, se destinaron más de 200 millones de dólares en el último periodo. Estos recursos permitieron ampliar la capacidad de almacenamiento regional mediante una red interconectada de 10 macrorepresas, con más de 62 millones de metros cúbicos de reserva activa.
La cobertura también se extendió a siete municipios conurbados: La Paz, El Alto, Viacha, Mecapaca, Achocalla, Palca y Laja. Sin embargo, el experto advierte que los avances no resolvieron el problema estructural de fondo.
Desde 2013, Epsas se encuentra intervenida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS). Lo que debía ser una medida temporal se prolongó por más de una década, situación que debilitó la planificación técnica de largo plazo y expuso al operador a una mayor vulnerabilidad institucional.
El documento advierte que la condición jurídica de Epsas como Sociedad Anónima, bajo el Código de Comercio, resulta incompatible con el carácter público-social del servicio y limita el acceso directo a créditos externos. Asimismo, identifica problemas de estancamiento administrativo, falta de nuevas macroobras de almacenamiento y retrasos en proyectos de saneamiento avanzado.
Entre los puntos pendientes figura la consolidación de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el diseño y construcción de cuatro nuevas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales urbanas. Estas obras son consideradas prioritarias para reducir la contaminación de cuencas que desembocan hacia el lago Titicaca.
Frente a ese diagnóstico, Herbas propone la creación de EMAS-LP como una empresa pública metropolitana intermunicipal. El nuevo operador reemplazaría el actual esquema de intervención y permitiría una administración compartida entre el nivel central del Estado, la Gobernación de La Paz y los municipios metropolitanos.
La propuesta contempla la liquidación jurídica de Epsas S.A., el cierre formal del régimen transitorio de intervención de la AAPS y la transferencia definitiva de los activos de Samapa al nuevo operador. También sugiere que el nivel central del Estado asuma los pasivos financieros, tributarios, legales y laborales acumulados por Epsas y Samapa, con el fin de evitar que esas cargas sean trasladadas a las tarifas de los usuarios.
El modelo de gobernanza de EMAS-LP estaría integrado por el nivel central del Estado, la Gobernación de La Paz y un bloque de ocho municipios metropolitanos: La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla, Mecapaca, Palca, Laja y Pucarani. La participación municipal buscaría garantizar que las decisiones sobre expansión, inversión y operación respondan a la planificación de cada mancha urbana.
En materia tarifaria, el planteamiento propone un sistema de subsidios cruzados. Bajo ese criterio, los usuarios de mayor consumo, además de los sectores comerciales e industriales, pagarían tarifas más altas para cofinanciar la tarifa solidaria y el consumo mínimo vital de familias periurbanas vulnerables.
La propuesta plantea integrar a comités vecinales de agua, empresas municipales y sistemas asociativos de municipios menores mediante convenios de cogestión técnica. El objetivo es fortalecer la potabilización y la asistencia operativa sin desplazar las estructuras comunitarias existentes.
Otro eje central es la actualización del Plan Maestro Metropolitano de Agua y Saneamiento, con una proyección de 30 a 50 años. El documento propone priorizar nuevas fuentes de almacenamiento en la Cordillera Real, obras de trasvase hidráulico de alta montaña y medidas para enfrentar el retroceso glaciar, el cambio climático y fenómenos como El Niño.
Además, plantea un plan de choque para reducir las pérdidas físicas de agua en red, estimadas en 30%, mediante renovación de tuberías antiguas, macromedición automatizada y digitalización de los sistemas de control, principalmente en el casco viejo paceño y el centro alteño.
En saneamiento, el documento recomienda destrabar la ejecución de nuevas plantas de tratamiento, ampliar la capacidad de depuración y avanzar en el saneamiento de la cuenca sur hacia Mecapaca y Palca. También plantea concluir obras en Puchukollo para evitar la contaminación de ríos que desembocan en el Lago Titicaca.
Herbas sostiene que la transición hacia una empresa metropolitana no solo responde a una necesidad administrativa, sino a la obligación de garantizar el acceso universal al agua como derecho humano. En ese marco, EMAS-LP es presentada como una alternativa para superar el modelo transitorio de Epsas y construir una gestión regional con estabilidad jurídica, financiamiento y planificación de largo plazo.
El debate cobra relevancia en el contexto del aniversario de La Paz y en medio de la necesidad de asegurar un servicio continuo, equitativo y sostenible para la población de la región metropolitana.
La entrada Plantean crear EMAS-LP para la gestión del agua se publicó primero en El Diario – Bolivia.
La gestión del agua potable y el saneamiento básico en la región metropolitana de La Paz enfrenta una etapa crítica que requiere una reestructuración institucional profunda, según el investigador y consultor en Agua y Medio Ambiente, José María Herbas Postigo, quien plantea la creación de la Empresa Metropolitana de Agua y Saneamiento de La Paz
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La gestión del agua potable y el saneamiento básico en la región metropolitana de La Paz enfrenta una etapa crítica que requiere una reestructuración institucional profunda, según el investigador y consultor en Agua y Medio Ambiente, José María Herbas Postigo, quien plantea la creación de la Empresa Metropolitana de Agua y Saneamiento de La Paz (EMAS-LP).
El experto, en entrevista exclusiva con EL DIARIO, sostuvo que el actual modelo de administración del servicio llegó a un punto de agotamiento debido a la prolongada intervención de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), las limitaciones jurídicas de su estructura como sociedad anónima y la necesidad de planificar inversiones para los próximos 30 a 50 años.
De acuerdo con Herbas, la gestión del agua en el eje conurbano de La Paz y El Alto pasó por tres etapas: la concesión privada, la transición hacia un modelo público-social y el actual periodo de intervención estatal, que se mantiene desde hace más de una década.
El antecedente más relevante se remonta a 1997, cuando el servicio fue concesionado por 30 años a Aguas del Illimani S.A. (AISA), filial del grupo francés Suez. Según el análisis, ese modelo aplicó criterios técnico-financieros internos, pero también generó exclusión territorial y económica en zonas periféricas de La Paz y El Alto.
El documento señala que el contrato delimitó áreas de concesión favorables para el operador y dejó fuera a sectores de expansión urbana. Además, estableció una rentabilidad del 13% anual sobre el patrimonio neto y tarifas indexadas a la inflación del dólar.
En ese período, el costo de conexión oscilaba entre 191 y 445 dólares, en un contexto en el que el salario mínimo nacional era inferior a 60 dólares.
Esa situación provocó que miles de familias quedaran al margen del sistema formal y dependieran de camiones cisterna o fuentes precarias de abastecimiento. Las movilizaciones sociales de enero de 2005, encabezadas por la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, derivaron en la salida de la operadora privada y abrieron paso a un nuevo esquema de administración.
En 2007 nació Epsas, bajo un enfoque público-social que desvinculó el acceso al agua de la lógica estrictamente mercantil. Herbas destaca que ese periodo permitió ampliar la cobertura, reducir los costos de conexión y aplicar una tarifa social de Bs 1,78 por metro cúbico para consumos mínimos de hasta 15 metros cúbicos.
Según el documento, la tarifa social benefició a más de 358 mil conexiones y a aproximadamente 1,8 millones de personas. Además, los costos de conexión bajaron a rangos de entre 850 y 1.300 bolivianos, con plazos de pago de hasta 36 meses.
El análisis también compara los avances en cobertura. Mientras Aguas del Illimani implementó 100 mil nuevas conexiones de agua potable, Epsas alcanzó 285 mil nuevas conexiones, hasta llegar a un universo actual de 483 mil conexiones en el eje metropolitano.
En materia de inversión, el documento señala que, mediante presupuestos concurrentes del Estado y créditos multilaterales, se destinaron más de 200 millones de dólares en el último periodo. Estos recursos permitieron ampliar la capacidad de almacenamiento regional mediante una red interconectada de 10 macrorepresas, con más de 62 millones de metros cúbicos de reserva activa.
La cobertura también se extendió a siete municipios conurbados: La Paz, El Alto, Viacha, Mecapaca, Achocalla, Palca y Laja. Sin embargo, el experto advierte que los avances no resolvieron el problema estructural de fondo.
Desde 2013, Epsas se encuentra intervenida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS). Lo que debía ser una medida temporal se prolongó por más de una década, situación que debilitó la planificación técnica de largo plazo y expuso al operador a una mayor vulnerabilidad institucional.
El documento advierte que la condición jurídica de Epsas como Sociedad Anónima, bajo el Código de Comercio, resulta incompatible con el carácter público-social del servicio y limita el acceso directo a créditos externos. Asimismo, identifica problemas de estancamiento administrativo, falta de nuevas macroobras de almacenamiento y retrasos en proyectos de saneamiento avanzado.
Entre los puntos pendientes figura la consolidación de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el diseño y construcción de cuatro nuevas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales urbanas. Estas obras son consideradas prioritarias para reducir la contaminación de cuencas que desembocan hacia el lago Titicaca.
Frente a ese diagnóstico, Herbas propone la creación de EMAS-LP como una empresa pública metropolitana intermunicipal. El nuevo operador reemplazaría el actual esquema de intervención y permitiría una administración compartida entre el nivel central del Estado, la Gobernación de La Paz y los municipios metropolitanos.
La propuesta contempla la liquidación jurídica de Epsas S.A., el cierre formal del régimen transitorio de intervención de la AAPS y la transferencia definitiva de los activos de Samapa al nuevo operador. También sugiere que el nivel central del Estado asuma los pasivos financieros, tributarios, legales y laborales acumulados por Epsas y Samapa, con el fin de evitar que esas cargas sean trasladadas a las tarifas de los usuarios.
El modelo de gobernanza de EMAS-LP estaría integrado por el nivel central del Estado, la Gobernación de La Paz y un bloque de ocho municipios metropolitanos: La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla, Mecapaca, Palca, Laja y Pucarani. La participación municipal buscaría garantizar que las decisiones sobre expansión, inversión y operación respondan a la planificación de cada mancha urbana.
En materia tarifaria, el planteamiento propone un sistema de subsidios cruzados. Bajo ese criterio, los usuarios de mayor consumo, además de los sectores comerciales e industriales, pagarían tarifas más altas para cofinanciar la tarifa solidaria y el consumo mínimo vital de familias periurbanas vulnerables.
La propuesta plantea integrar a comités vecinales de agua, empresas municipales y sistemas asociativos de municipios menores mediante convenios de cogestión técnica. El objetivo es fortalecer la potabilización y la asistencia operativa sin desplazar las estructuras comunitarias existentes.
Otro eje central es la actualización del Plan Maestro Metropolitano de Agua y Saneamiento, con una proyección de 30 a 50 años. El documento propone priorizar nuevas fuentes de almacenamiento en la Cordillera Real, obras de trasvase hidráulico de alta montaña y medidas para enfrentar el retroceso glaciar, el cambio climático y fenómenos como El Niño.
Además, plantea un plan de choque para reducir las pérdidas físicas de agua en red, estimadas en 30%, mediante renovación de tuberías antiguas, macromedición automatizada y digitalización de los sistemas de control, principalmente en el casco viejo paceño y el centro alteño.
En saneamiento, el documento recomienda destrabar la ejecución de nuevas plantas de tratamiento, ampliar la capacidad de depuración y avanzar en el saneamiento de la cuenca sur hacia Mecapaca y Palca. También plantea concluir obras en Puchukollo para evitar la contaminación de ríos que desembocan en el Lago Titicaca.
Herbas sostiene que la transición hacia una empresa metropolitana no solo responde a una necesidad administrativa, sino a la obligación de garantizar el acceso universal al agua como derecho humano. En ese marco, EMAS-LP es presentada como una alternativa para superar el modelo transitorio de Epsas y construir una gestión regional con estabilidad jurídica, financiamiento y planificación de largo plazo.
El debate cobra relevancia en el contexto del aniversario de La Paz y en medio de la necesidad de asegurar un servicio continuo, equitativo y sostenible para la población de la región metropolitana.
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