Tras el diálogo entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Gamlp) con las empresas recolectoras de basura y representantes de los trabajadores de aseo urbano, el municipio se comprometió a asumir un pago adicional de aproximadamente Bs 3 millones hasta fin de año por el reajuste excepcional de precios de los contratos, establecido en el Decreto Supremo (DS) 5660, sin incrementar la Tasa de Aseo Urbano ni generar un mayor costo para los paceños.
“Se ha logrado a través de este proceso, una negociación transparente, pero también en favor de la ciudad, es que aproximadamente tres millones de bolivianos sí los puede asumir el Gobierno Municipal de La Paz. Por tanto, no va a haber necesidad de tocar la Tasa de Aseo Urbano ni de cobrarle más a los contribuyentes en nuestra ciudad”, aseguró el alcalde de La Paz, César Dockweiler, a tiempo de acotar que el reajuste será aplicado en el marco del DS 5660.
Según la autoridad edil, “hay una gran diferencia” entre este monto de reajuste y la cantidad monetaria que la anterior gestión municipal, de Iván Arias, señaló que se debía hacer pues pretendían un ajuste de aproximadamente Bs 139 millones. De la misma manera, los informes del Siremu recomendaban que se debía pagar 64 millones a ambas empresas.
Tras revisar las fórmulas y metodologías establecidas en los contratos y la normativa, se determinó que dicha pretensión de incremento no correspondía, por lo que disminuyó a Bs 2,8 millones.
En ese marco, se prevé suscribir este 28 de agosto el Contrato Modificatorio de ajuste de precios, en cumplimiento del compromiso asumido el pasado martes.
“Mañana (hoy) estamos convocando a las empresas para firmar el contrato modificatorio que va a obligar al Gobierno Municipal a pagar 2.8 millones de bolivianos adicionales, nada más”, enfatizó la autoridad edil.
Como parte del acuerdo, también se aceptó la propuesta de las empresas para desarrollar un proceso de optimización del servicio de aseo urbano, que permitirá evaluar mecanismos destinados a mejorar la eficiencia y calidad de las operaciones.
Asimismo, se estableció el compromiso de que las empresas y los trabajadores retomen de manera plena el servicio de recolección de residuos.
CONTRATO
MODIFICATORIO DEBE
PASAR POR CONCEJO
El concejal paceño, Fernando Ruiz Saldias, advirtió que el nuevo contrato modificatorio que la Alcaldía de La Paz suscriba con las empresas concesionarias (LPL y Trebol) deberá ser remitido al Concejo Municipal para su correspondiente tratamiento, y anunció que el Legislativo edil fiscalizará las condiciones económicas y legales del acuerdo alcanzado para restablecer el servicio de recojo de basura.
El legislador sostuvo que, por el monto y las características de la modificación, corresponde que el documento sea conocido por el Concejo Municipal.
“El alcalde tiene la obligación de remitir el nuevo contrato al Concejo Municipal para su tratamiento y fiscalización. No puede quedar únicamente entre el Ejecutivo y la empresa”, indicó y agregó que el alcalde no puede continuar desconociendo al Órgano Legislativo Municipal.
Además, el Concejo no debe limitarse a conocer el acuerdo después de firmado, sino revisar toda la documentación técnica, financiera y legal que sustente la modificación contractual y determinar si corresponde su refrendo conforme a la normativa municipal.
Ruiz también pidió establecer cuánto le costó al municipio el operativo de emergencia desplegado durante la crisis, incluyendo combustible, maquinaria, volquetas y personal.
NORMA
Dockweiler informó que se presentó el proyecto de “Ley de Continuidad, Protección y Garantía del Servicio Esencial de Gestión Integral de Residuos Sólidos”, al presidente y vicepresidente del Estado, presidentes de las cámaras de senadores y de diputados, así como a la Brigada Parlamentaria, y otros asambleístas nacionales.
“La presentamos, porque creemos que se debe completar el marco normativo para evitar que nuevamente la basura sea utilizada como medida de presión”, sostuvo el alcalde.
Enfatizó que, pese a que la Constitución Política del Estado (CPE) determina que el servicio no debería interrumpirse y que el propio contrato entre el municipio y las concesionarias establece que “no se tiene que dejar la basura en las calles”, existen vacíos legales que dificultan una respuesta rápida ante este tipo de contingencias.
Por eso, la norma presentada señala “que si algún actor deja de hacer su trabajo o impide el trabajo de otros para que tengamos una ciudad limpia (…) pues acá están las acciones correspondientes. Esta ley no está en contra al derecho a la protesta, ni el derecho a la huelga, lo que dice es que no puedes vulnerar otros derechos (…) no puedes considerar la basura como un instrumento de la protesta”.
La entrada Alcaldía asumirá casi Bs 3 millones por ajuste en recojo de residuos se publicó primero en El Diario – Bolivia.
Tras el diálogo entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Gamlp) con las empresas recolectoras de basura y representantes de los trabajadores de aseo urbano, el municipio se comprometió a asumir un pago adicional de aproximadamente Bs 3 millones hasta fin de año por el reajuste excepcional de precios de los contratos, establecido en
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Tras el diálogo entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Gamlp) con las empresas recolectoras de basura y representantes de los trabajadores de aseo urbano, el municipio se comprometió a asumir un pago adicional de aproximadamente Bs 3 millones hasta fin de año por el reajuste excepcional de precios de los contratos, establecido en el Decreto Supremo (DS) 5660, sin incrementar la Tasa de Aseo Urbano ni generar un mayor costo para los paceños.
“Se ha logrado a través de este proceso, una negociación transparente, pero también en favor de la ciudad, es que aproximadamente tres millones de bolivianos sí los puede asumir el Gobierno Municipal de La Paz. Por tanto, no va a haber necesidad de tocar la Tasa de Aseo Urbano ni de cobrarle más a los contribuyentes en nuestra ciudad”, aseguró el alcalde de La Paz, César Dockweiler, a tiempo de acotar que el reajuste será aplicado en el marco del DS 5660.
Según la autoridad edil, “hay una gran diferencia” entre este monto de reajuste y la cantidad monetaria que la anterior gestión municipal, de Iván Arias, señaló que se debía hacer pues pretendían un ajuste de aproximadamente Bs 139 millones. De la misma manera, los informes del Siremu recomendaban que se debía pagar 64 millones a ambas empresas.
Tras revisar las fórmulas y metodologías establecidas en los contratos y la normativa, se determinó que dicha pretensión de incremento no correspondía, por lo que disminuyó a Bs 2,8 millones.
En ese marco, se prevé suscribir este 28 de agosto el Contrato Modificatorio de ajuste de precios, en cumplimiento del compromiso asumido el pasado martes.
“Mañana (hoy) estamos convocando a las empresas para firmar el contrato modificatorio que va a obligar al Gobierno Municipal a pagar 2.8 millones de bolivianos adicionales, nada más”, enfatizó la autoridad edil.
Como parte del acuerdo, también se aceptó la propuesta de las empresas para desarrollar un proceso de optimización del servicio de aseo urbano, que permitirá evaluar mecanismos destinados a mejorar la eficiencia y calidad de las operaciones.
Asimismo, se estableció el compromiso de que las empresas y los trabajadores retomen de manera plena el servicio de recolección de residuos.
CONTRATO
MODIFICATORIO DEBE
PASAR POR CONCEJO
El concejal paceño, Fernando Ruiz Saldias, advirtió que el nuevo contrato modificatorio que la Alcaldía de La Paz suscriba con las empresas concesionarias (LPL y Trebol) deberá ser remitido al Concejo Municipal para su correspondiente tratamiento, y anunció que el Legislativo edil fiscalizará las condiciones económicas y legales del acuerdo alcanzado para restablecer el servicio de recojo de basura.
El legislador sostuvo que, por el monto y las características de la modificación, corresponde que el documento sea conocido por el Concejo Municipal.
“El alcalde tiene la obligación de remitir el nuevo contrato al Concejo Municipal para su tratamiento y fiscalización. No puede quedar únicamente entre el Ejecutivo y la empresa”, indicó y agregó que el alcalde no puede continuar desconociendo al Órgano Legislativo Municipal.
Además, el Concejo no debe limitarse a conocer el acuerdo después de firmado, sino revisar toda la documentación técnica, financiera y legal que sustente la modificación contractual y determinar si corresponde su refrendo conforme a la normativa municipal.
Ruiz también pidió establecer cuánto le costó al municipio el operativo de emergencia desplegado durante la crisis, incluyendo combustible, maquinaria, volquetas y personal.
NORMA
Dockweiler informó que se presentó el proyecto de “Ley de Continuidad, Protección y Garantía del Servicio Esencial de Gestión Integral de Residuos Sólidos”, al presidente y vicepresidente del Estado, presidentes de las cámaras de senadores y de diputados, así como a la Brigada Parlamentaria, y otros asambleístas nacionales.
“La presentamos, porque creemos que se debe completar el marco normativo para evitar que nuevamente la basura sea utilizada como medida de presión”, sostuvo el alcalde.
Enfatizó que, pese a que la Constitución Política del Estado (CPE) determina que el servicio no debería interrumpirse y que el propio contrato entre el municipio y las concesionarias establece que “no se tiene que dejar la basura en las calles”, existen vacíos legales que dificultan una respuesta rápida ante este tipo de contingencias.
Por eso, la norma presentada señala “que si algún actor deja de hacer su trabajo o impide el trabajo de otros para que tengamos una ciudad limpia (…) pues acá están las acciones correspondientes. Esta ley no está en contra al derecho a la protesta, ni el derecho a la huelga, lo que dice es que no puedes vulnerar otros derechos (…) no puedes considerar la basura como un instrumento de la protesta”.
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